Estafas contra Anses: uno de los procesados habla desde la cárcel
Se trata del médico Fernando Daniel Fernández, quien afirma ser “juzgado injustamente” y “desatendido médicamente”. A la espera de las resoluciones judiciales, pide que le den prisión domiciliaria.
A fines de mayo la Justicia Federal procesó a ocho personas en el marco de la investigación por las millonarias estafas cometidas contra la Anses por las que están acusados abogados y médicos. Uno de estos últimos, Fernando Daniel Fernández -quien se desempeñó en la Comisión Médica N°12 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) y como perito oficial- escribió una carta desde la cárcel de Marcos Paz en la que además de reclamar que le otorguen la prisión domiciliaria afirma que es “juzgado injustamente” y “desatendido médicamente”.
Fernández es acusado por los investigadores y por el juez Santiago Inchausti por los delitos de asociación ilícita y defraudación contra la administración pública, al igual que los otros siete procesados, entre los que se encuentran los abogados Rubén Darío Cagni, Luis Miguel Iroz y Luciano Conrado Diez Suárez además de su socio Roberto Luis Balbuena. A ellos se suma la contadora Daniela Aldrea Livi y los médicos José Ricardo Caliyuri y Miguel Roberto Coelho.
Fernández pidió la excarcelación, pero la misma fue rechazada por el juez Inchausti y por la Cámara Federal de Apelaciones. Y ahora está a la espera de que los jueces resuelvan un pedido de prisión domiciliaria, además de la apelación al procesamiento dictado por el juez de primera instancia.
El médico -que fue echado años atrás de la Comisión Médica Nº 12 por haber falsificado un dictamen médico en un trámite previsional- escribió una carta desde la cárcel, en la cual asegura vivir una “tremenda situación” y acusa un ” daño irreparable a mi persona y mi familia”.
En su extensa carta, Fernández -que es representado por el abogado Osvaldo Verdi- hace referencia a que en 2010 fue despedido de la Comisión Médica y remarca que “en febrero del 2018 en el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata se acordó una suspensión de juicio a prueba” por lo que intenta afirmar estar “siendo juzgado dos veces”.
En el escrito, el médico hace hincapié en su estado de salud y en no contar con la atención necesaria en la cárcel, con el objetivo de sustentar su pedido de prisión domiciliaria. “Hice reiterados pedidos de audiencia con un médico que tardó alrededor de 10 días en atenderme. No me revisó, yo le expliqué mis varias patologías: gota, hipertensión arterial, arteriopatía periférica, infarto de miocardio con tres stent, todo ocurrido en los 2 años anteriores. Sólo me hizo una receta para que mi familia me compre los remedios, con la medicación que debo tomar de por vida”, relata y se queja de que “fue una peripecia lograr que el servicio penitenciario aceptara la medicación”.
“Antes de preso soy un ser humano que se ve juzgado injustamente, desatendido médicamente, con serios riesgos de muerte, viviendo en condiciones infrahumanas (como todos los internos del penal)”, escribió el médico.
Y, en ese sentido, sumó: “Soy un ciudadano argentino que me desempeñó como médico desde 1980 y vivo en la ciudad de Mar del Plata desde el mismo año, viviendo desde hace 35 años en el mismo domicilio, que con esfuerzo mío y de mi esposa fuimos remodelando con ahorros y préstamos a lo largo de los años. Tengo cuatro hijos adultos y dos nietos que también viven en la ciudad y son todas personas de bien. Mi temor es que ante esta Justicia actual todos estamos en peligro y no quiero eso ni para mis hijos, ni mis nietos”.
LA CAUSA
Los cuatro responsables del estudio jurídico en el que se centra la investigación de las millonarias estafas contra la Anses se encargaban de conseguir personas para tramitarles fraudulentamente jubilaciones por invalidez. Para ello, falseaban las relaciones laborales con empresas en declaraciones juradas ante la AFIP y el grado de incapacidad de las personas. Para lo primero, contaban con datos de empresas fuera de actividad y con una contadora para hacer las declaraciones juradas; mientras que, para lo segundo, contaban con médicos de la Comisión Médica o de peritos oficiales. Esa es la base central de la causa judicial en la que tres abogados más un socio, una contadora y tres médicos -entre ellos Fernández- se encuentran procesados por la Justicia por asociación ilícita y defraudación contra la administración pública..
Como parte de la operatoria de adulterar el grado de incapacidad de las personas los investigadores apuntan que los abogados contaban con el apoyo de médicos de la Comisión Médica -Fernández y Caliyuri– o de peritos oficiales -Cohelo o el mismo Fernández-.
“La organización delictiva se valió de diversas irregularidades y maniobras ilícitas”, plantea la resolución judicial y, entre otras, señala algunas como “la instalación en el estudio jurídico de un consultorio médico que no estaría habilitado para tal fin” y “ofrecimientos de dinero a médicos de la Comisión Médica Nº 12 para el caso de que tuvieran que intervenir sobre algún expediente de su estudio”.
