Estafas en el Procrear: confirman la elevación a juicio de la causa
La Cámara de Apelaciones rechazó el pedido de sobreseimiento de los imputados. De esta manera, Pablo Aquino y Natalia Vaccaro deberán enfrentar el juicio oral. Se espera que en breve se fije la fecha de debate.
Nueve meses después de que la Justicia de Garantías elevara a juicio la causa por estafas en el Procrear en la que están imputados Pablo Aquino y su mujer, Natalia Vaccaro, la Cámara de Apelaciones rechazó el pedido de sobreseimiento formulado por la defensa y de esta manera confirmó que los dos acusados deberán enfrentar el juicio oral.
En concreto, la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal no dio lugar a la oposición formulada por la defensa al rechazar la solicitud de sobreseimiento de los coimputados y aceptó los fundamentos previstos por la Fiscalía de Delitos Económicos. De esta manera, quedó confirmada la elevación a juicio de Aquino y de Vaccaro, imputados como autor y partícipe necesario, respectivamente, por los delitos de estafa en 52 hechos en concurso real de los que resultaron víctimas más de cien personas.
Por su parte, el fiscal Javier Pizzo realizó el ofrecimiento de prueba correspondiente al Juzgado Correccional N°5 por lo que se espera que a la brevedad se fije la fecha de debate oral.
LA CAUSA
De acuerdo a la hipótesis que sostiene el Ministerio Público Fiscal, durante los meses de marzo del 2014 y enero de 2015, Aquino -mediante el ardid consistente en aparentar una empresa y simular la existencia de una organización destinada a la construcción de viviendas denominada “Modularq Empresa Constructora”– concretó 52 estafas a quienes, de buena fe, contrataron sus servicios.
En cuanto al modus operandi, el constructor suspendido publicitaba su falsa empresa a través de Internet y la hacía responsable “civil, laboral y penalmente por las contingencias que pudieren surgir de los contratos” para cuya pantalla además instaló oficinas que mudó en diversas oportunidades.
En ese marco también, y según consta en la el expediente que fue elevado a juicio, Aquino aseguró en muchas oportunidades “poseer influencias para contratar cooperativas municipales con el fin de abaratar costos de construcción en razón de su condición de empleado municipal, a sabiendas que no poseía solvencia ni infraestructura suficiente y por ello no cumpliría lo que pactaba en el contrato que suscribía”.
Sobre esto último, para los fiscales Javier Pizzo y David Bruna Aquino –conociendo su situación- el profesional hizo incurrir en error a distintas personas, todas ellas beneficiarias del Procrear, “quienes firmaron con la inexistente empresa un contrato y abonaron grandes sumas de dinero, habiendo sido perjudicados, según el caso, desde el pilar de luz hasta el 30% de la obra”.
