Estafas en el Procrear: declaró Aquino y ampliaron su acusación
Luego de que se pospusiera la primera fecha, el constructor imputado por 46 hechos habló ante la Fiscalía de Delitos Económicos y ejerció su defensa. Se sumaron siete hechos más y aguardan una pericia informática.
En el marco de la investigación que lleva adelante la Fiscalía de Delitos Económicos, a fines del mes pasado finalmente se concretó la declaración el constructor Pablo Aquino, quien junto a su mujer está imputado por 46 estafas en concurso real, que afectaron a alrededor de 100 damnificados -beneficiarios del Procrear- y que fueron cometidas entre junio y diciembre de 2014. Ahora, el Ministerio Público Fiscal aguarda una pericia informática y luego resta solicitar la elevación a juicio de la causa o el sobreseimiento.
Según explicaron fuentes judiciales, tras la suspensión de la primera declaración, a fines del mes pasado Aquino se presentó a dar su testimonio y dio su versión de los hechos. En ese contexto, el acusado ejerció su defensa, dio su explicación de lo sucedido y quedó a disposición de la Justicia, ya que en las últimas semanas se resolvió ampliar la acusación y sumar unos siete hechos más, por los que también tendrá que responder Aquino.
En ese contexto, y en cuanto a la continuidad de la investigación, desde la Fiscalía de Delitos Económicos adelantaron que solo resta una última pericia informática, pero que por inconvenientes del Poder Judicial fue fijada para abril del año próximo. Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal analizará los pasos a seguir para intentar reducir el tiempo de espera.
“La causa está prácticamente terminada en lo que tiene que ver con la recolección de pruebas; seguramente vamos a pedirle a Aquino que amplíe sus dichos respecto a los nuevos hechos agregados y en unos quince días podríamos estar en condiciones de solicitar o la elevación a juicio de la causa o el sobreseimiento”, explicaron las fuentes consultadas.
En cuanto a la situación procesal tanto de Aquino como su mujer -Natalia Vaccaro- ambos están sujetos a derecho y siempre pudieron ser localizados, por lo que no existió nunca riesgo de fuga o entorpecimiento de la causa. Sí les fue impuesta una prohibición de salida del país a modo de medida de coerción personal y además rige una eximición de prisión dictada por la Justicia de Garantías. De acuerdo al Código Penal, las penas previstas para este tipo de hechos van de 1 mes a 6 años, aunque cada caso es particular dado que las condenas “no implican una suma aritmética”.
LA SITUACIÓN DE LOS DAMNIFICADOS
Por otro lado, y en cuanto a la situación que atraviesan quienes son beneficiarios del Procrear y fueron estafados, desde la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) confirmaron que si bien se trató de una cuestión “entre privados”, desde el organismo se dispusieron ampliaciones en las prórrogas y anticipos en los desembolsos sin tener en cuenta los avances de las obras, con el objetivo de que las familias afectadas pudieran continuar con sus respectivas construcciones.
