Estafas en el Procrear: pidieron siete años de prisión para Aquino
Se trata del constructor que está acusado por alrededor de 50 hechos de los que resultaron víctimas más de cien personas. Para su pareja, por su parte, la fiscalía pidió una pena de tres años.
Siete años de prisión es la pena que solicitó la Fiscalía de Delitos Económicos en el juicio que se le sigue al constructor Pablo Aquino, que llegó al proceso acusado por el delito de estafas en 52 hechos de los que resultaron víctimas más de cien personas que construían sus viviendas entre marzo del 2014 y enero de 2015 luego de haber sido beneficiarias del Programa de Crédito Argentino (Procrear).
Pablo Aquino y su pareja, Natalia Vaccaro, llegaron imputados al juicio -que se inició el pasado 20 de marzo- como autor y partícipe necesario -respectivamente- por las estafas cometidas a beneficiarios del Procrear. Por el Juzgado en lo Correccional Nº 5, a cargo del juez Leonardo Celsi, pasaron a declarar alrededor de 80 testigos, y entre fines de la semana pasada y principios de esta se realizaron los alegatos.
En ese marco, el fiscal Javier Pizzo solicitó que a Aquino se lo condene a la pena de siete años de prisión por el delito de estafas, mientras que para Natalia Vaccaro pidió que se le imponga una pena de tres años de prisión.
Luego de escuchar la postura y pedidos de las partes, el juez Celsi fijó el próximo viernes como fecha para dar a conocer el veredicto y la sentencia.
EL CASO
De acuerdo a la hipótesis que sostiene el Ministerio Público Fiscal, entre marzo del 2014 y enero de 2015, Aquino -mediante el ardid consistente en aparentar una empresa y simular la existencia de una organización destinada a la construcción de viviendas denominada “Modularq Empresa Constructora”- concretó 52 estafas a quienes, de buena fe, contrataron sus servicios.
En cuanto al modus operandi, el constructor publicitaba su falsa empresa a través de Internet y la hacía responsable “civil, laboral y penalmente por las contingencias que pudieren surgir de los contratos” para cuya pantalla además instaló oficinas que mudó en diversas oportunidades.
En ese marco también, y según consta en la el expediente, Aquino aseguró en muchas oportunidades “poseer influencias para contratar cooperativas municipales con el fin de abaratar costos de construcción en razón de su condición de empleado municipal -ya que, además, en ese momento trabajaba para el Ente de Obras y Servicios Urbanos–, a sabiendas que no poseía solvencia ni infraestructura suficiente y por ello no cumpliría lo que pactaba en el contrato que suscribía”.
Sobre esto último, para los fiscales Javier Pizzo y David Bruna, Aquino hizo incurrir en error a distintas personas, todas ellas beneficiarias del Procrear, “quienes firmaron con la inexistente empresa un contrato y abonaron grandes sumas de dinero, habiendo sido perjudicados, según el caso, desde el pilar de luz hasta el 30% de la obra”
