Explotación laboral: piden que vaya a juicio la familia Constantino

Dos hermanos y el padre son investigados desde 2013 por trata de personas en dos campos de Batán. Tras varias instancias de apelación, el fiscal pidió que se eleven a juicio dos causas, en las que también hay un cuarto imputado.

15/07/2018
Explotación laboral: piden que vaya a juicio la familia Constantino
(Foto: ilustrativa / QUÉ Digital)

Dos causas judiciales en torno a Juan Martín Costantino giran desde 2013 por su accionar en campos ubicados en la Ruta 88 y apuntan al delito de trata de personas con fines de explotación laboral. A él se suman su padre, Francisco Costantino, y su hermana, Mariela Soledad Costantino. Y también –aunque bajo el rol de partícipe secundario-, Rubén Sartor. En los últimos días y luego de sortear las instancias de apelación, el fiscal federal Nicolás Czizik requirió la elevación a juicio de las dos investigaciones, luego de que hace un año la Cámara de Casación Penal reimpulsara las causas.

El pedido de elevación a juicio por parte del titular de la Fiscalía Federal N°2 sostiene que las víctimas ascienden a 80 –entre las que se cuentan cuatro menores de edad- y eran traídas desde Bolivia y el norte argentino para ser alojadas en precarias viviendas, sin servicios básicos, a cambio de un sueldo magro o inexistente. Y se produjo luego de que el año pasado la Cámara de Casación revirtiera una resolución de la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata, que había determinado que existían en el caso incumplimientos de la normativa laboral, pero no el delito de trata de personas.

Según informó fiscales.gob.ar, el fiscal Czizik tuvo en cuenta que en los casos no sólo se repiten los acusados sino también “las modalidades de captación y explotación, las precarias condiciones de habitabilidad, la ausencia de servicios básicos, los salarios magros o inexistentes, sin control ni posibilidad de disenso por parte de los trabajadores y trabajadoras y sin contratos que dieran sustento a la relación laboral”.

De esta manera, el representante del Ministerio Público Fiscal entendió que “los imputados minimizaban el costo para la producción a expensas de la dignidad de los trabajadores, que por necesidad y una comprobada situación de vulnerabilidad, no podían rechazar y aumentaban sus ganancias. Basta para ello, ver la situación económica en la que se encuentran los imputados y aquella en la que se encuentran las víctimas”.

Además, se tuvo acreditado que los trabajadores vivían en los mismos predios donde desarrollaban su labor “en condiciones inhumanas o indignas de vivienda”, en casillas precarias y de espacio reducido de madera, con techo de chapa, sin calefacción ni baño privado –que en alguno de los casos se encontraba fuera de las casas- el cual era compartido entre quince personas y carecía de agua caliente. Tampoco tenían acceso a agua potable, gas ni estaban garantizadas las condiciones mínimas de higiene.

Para el fiscal quedó probado que los responsables de los campos atraían a trabajadores extranjeros -con el objetivo de contratar mano de obra barata- quienes aceptaban las condiciones de trabajo y de vivienda alejadas de las exigidas en la legislación argentina. En este sentido, hizo referencia a la situación de vulnerabilidad de las víctimas, quienes tenían en común la situación de pobreza previa, la condición de migrantes, la lejanía de su grupo familiar y la escasa formación académica.

 LAS CAUSAS 

El primer expediente se inició en diciembre de 2013 cuando un bombero de Batán reconoció a una nena en la sala de primeros auxilios como la misma que aparecía en una foto publicada en el portal de internet del Registro de Personas Menores Extraviadas de la Nación, y quien le dijo estar viviendo en una quinta ubicada por la Ruta 88. La información llegó a Río Negro, de donde ella era oriunda, y el Secretario de Derechos Humanos de esa provincia realizó la presentación judicial.

A partir de allí, se inició la investigación por parte de la Fiscalía Federal N°2 y en noviembre de 2014 se realizó un allanamiento sobre la quinta Costamari, ubicada en el kilómetro 5,5 de la Ruta 88, cuya producción era comercializada por la firma Huertas del Sudeste S.A. Allí  se encontraron 85 personas entre trabajadores y familiares, y las víctimas resultaron ser 42, 25 de ellas que habían llegado desde Bolivia. Había cinco personas en situación migratoria irregular y se identificó a dos menores de 17 años. Meses después,  el juez Santiago Inchausti procesó a Juan Martín Costantino y a su padre Francisco.

Mientras esa investigación seguía su curso, en febrero de 2016 Juan Martín Costantino y su padre volvieron a ser procesados en otra causa ahora junto a la hermana de Juan Martín, Mariela Soledad, y un hombre que cumplía el rol de encargado del campo situado en el kilómetro 9 de la Ruta 88, Rubén Sartor. Esta causa, se inició a partir de una denuncia de la Fundación Alameda, a la que fue agregada otra presentación sobre el mismo lugar, realizado por el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea). Esta quinta, de acuerdo a la información oficial, estaba compuesta por dos predios rurales divididos por una calle de tierra, conocida como “La Loma” o “Aníbal”.

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