La Justicia detectó anomalías en la licencia del padre de Alveolite
Según fuentes de la causa, no hay registro de que el hombre haya rendido el examen teórico. Su declaración jurada de salud está incompleta. No fueron encontrados los trámites que involucrarían a la familia del intendente.
Aseguran que la investigación respecto a la posible responsabilidad, por acción u omisión, de funcionarios municipales en el marco del negocio de venta ilegal de licencias de conducir avanza, pero lo hace a pasos lentos. También aclaran que, en esta etapa, la tarea está centrada en “corroborar o no ciertas hipótesis respecto al funcionamiento del sistema” dentro del Distrito Descentralizado El Gaucho.
Lo cierto es que, más allá de los tintes políticos y del bombardeo mediático entre oficialismo y oposición, actualmente desde la Fiscalía General lleva adelante dos investigaciones: en una, por la que ya fueron imputadas 25 personas e incluso están involucrados funcionarios policiales, se aguardan los pasos procesales para la llegada del juicio oral.
En la otra, por medio de la cual se busca saber si existió o no responsabilidad de funcionarios por encima del jefe del área de Licencias de Conducir, Juan Carlos Belmonte -entre los que se menciona a Gustavo Pulti, Adrián Alveolite, Guillermo Iglesias y Ariel Ciano-, los avances son más lentos ya que se trata de una etapa de cotejo de información. Según indicaron fuentes de la causa, al no haber detenidos ni plazos, se trabaja con la documentación que permita tener un panorama general para ver si la causa tiene entidad para seguirla.
De acuerdo a la información a la que tuvo acceso QUÉ, hasta ahora, quienes desarrollan la labor investigativa han podido detectar algunas cuestiones de más o menos significación. Entre ellas, la existencia de irregularidades en licencia de conducir obtenida por el padre de Alveolite, aunque no así en los supuestos trámites realizados por la familia de Pulti.
En lo que hace a la licencia de Rolando Felipe Alveolite, en los expedientes se constató que el hombre, mayor de 70 años, a la hora de realizar la renovación de su licencia “no volvió a rendir el examen teórico”, tal y como lo indica la ley. Además, y más allá de que la gestión no fue realizada en El Gaucho sino en el ACA, “no solo no lo hizo sino que la declaración jurada de salud no está completa”.
“Una cosa sería que le hicieran el trámite sin sacar turno, eso puede pasar, pero según la ley al padre de Alveolite le correspondía hacer de nuevo el examen teórico y en el último trámite no lo hizo”, sostuvieron fuentes de la causa, que explicaron que en el registro documental está el comprobante de pago de la tasa y existe la constancia del examen médico, pero no rindió el teórico, porque, además, si lo hubiera hecho tendría que haber pasado por El Gaucho.
En ese sentido, y en cuanto a los supuestos trámites de las sobrinas del intendente, desde la Justicia informaron que no se pudo encontrar esa documentación y que hasta ahora solo se han detectado casos como el del padre de Alveolite o algunas otras irregularidades respecto a funcionarios como Marcelo Artime. “Fuimos detectando cosas que hablan de lo que pasaba. Por ejemplo, en ese trámite, en la foto que le tomaron se ve que el fondo no es el de los boxes, sino una pared con dos colores que, según dicen en la denuncia, es la entrada de la oficina de Juan Carlos Belmonte donde se hacían esos trámites de manera irregular”, explicaron.
En cuanto al curso de la investigación, más allá de lo puntual, las fuentes consultadas remarcaron que por el momento no han podido encontrar algunos papeles de relevancia para cotejar con el Sistema Nacional de Licencias de Conducir y eso dificulta un poco la labor. Según informaron los investigadores, lo que se ha detectado son desprolijidades que van desde la falta de documentación e imágenes en el sistema hasta cuestiones más complejas. Por eso, entendieron, todo apuntaría a que la situación se viene registrando “desde hace más de siete años, que no es reciente y tampoco es nueva”.
En lo que hace a la responsabilidad de los funcionarios superiores a Belmonte, “falta bastante para poder llegar a alguna conclusión”. “En las conversaciones telefónicas se hablaba mucho de lo quemado que estaba el sistema; nosotros pensamos que había un montón de herramientas administrativas previas a lo penal, como cambiar empleados, rotarlos, designar un jefe como corresponde o llevar un control real y cierto”, destacron.
Por otro lado, y teniendo en cuenta que en numerosas ocasiones, el Municipio ha remarcado el carácter iniciador de la investigación de su parte, desde la Fiscalía aseguraron que “una cosa es denunciar como corresponde o intervenir activamente y otra iniciar un procedimiento”. “Acá la realidad es que la Municipalidad empezó a colaborar a partir de que nosotros empezamos a ir periódicamente a las oficinas y a los Juzgados de Faltas a pedir documentación y material; es cierto que ellos colaboraron, pero en un momento de la investigación”, apuntaron.
A su vez, y en lo que hace a la responsabilidad específica del intendente, lo que remarcaron desde el ámbito judicial es que, más allá de su rol como jefe comunal, “esto lo tocaría directamente si se encuentran los trámites de sus sobrinas o su familia; se dijo que hay un video pero a nosotros eso no nos consta”.
EL ORIGEN DE LA INVESTIGACIÓN
En marzo de 2011 se produjo la detención de un ciudadano marplatense, de nombre Martín Alejandro Casas, a quien durante el trámite por la renovación de su licencia de conducir en las oficinas de Roca e Independencia le encontraron en su poder planillas originales con firmas aparentemente apócrifas de los médicos.
Ese fue, según consta en los expedientes, el primer paso de toda la investigación que luego derivaría en el proceso actual. De acuerdo a lo informado, a partir de la detención se presentó el titular del área de Movilidad Urbana, Guillermo Iglesias, quien nueve meses después prestó declaración en el marco de la causa penal. Incluso Iglesias fue quien, al momento de la aprehensión, se comunicó con la Dirección Departamental de Investigaciones para denunciar la irregularidad.
Luego, en 2013, se avanzó en un sumario administrativo en relación a varios trabajadores del sector, que son los que hoy están imputados. Sin embargo, el procedimiento se archivó, “por lo que administrativamente se cerró la investigación”. “Ahora, con el nuevo sumario que se abrió a partir de la causa, les volvieron a imputar los hechos por los que administrativamente ya estaban sobreseídos; entonces, como en la Justicia hay algo que dice que nadie puede ser juzgado por el mismo hecho dos veces, es posible que eso se utilice en sede administrativa y que, además, tenga alguna repercusión sobre la investigación penal”, consignaron las fuentes consultadas.
¿Y EL TRÁMITE DE BARAGIOLA?
Hace algunas semanas, y luego del segundo allanamiento en el Distrito Descentralizado El Gaucho, desde Acción Marplatense apuntaron contra la licencia de conducir de Vilma Baragiola, algo que ya había sido cuestionado inicialmente en el marco de la causa.En ese sentido, desde la Fiscalia aseguraron haber visto el trámite y también advirtieron que, durante el proceso, hubo algunos funcionarios que “intentaron meterlo entre los documentos a analizar”. De cualquier manera, y puntualmente en lo que hace al registro, lo que precisaron es que sí se detectó una incoherencia en relación a que el trámite era una renovación pero estaba todo hecho como si fuera un original. “La renovación solo implicaba la revisación del médico. Por eso nos llamó la atención que apareciera un examen teórico y uno práctico, pero al buscarlo en el sistema no lo pudimos corroborar”, explicaron.
