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22/09/2016

Lavado Total: la Cámara debe resolver las excarcelaciones

Es a partir de un pedido realizado por el abogado de cinco de los detenidos, Martín Ferrá. Además, solicitó que se delimiten los delitos imputados. “No hay ninguna relación con la gente vinculada al narcotráfico”, sostiene.

Lavado Total: la Cámara debe resolver las excarcelaciones
(Fotos: archivo / QUÉ Digital)

Mientras la causa judicial en torno al llamado “Operativo Lavado Total” avanza, y todavía tiene a sospechosos prófugos, la defensa de cinco de los detenidos -integrantes de la comunidad gitana- acudió a la Cámara de Apelaciones luego de que el juez Santiago Inchausti negara el pedido de excarcelación planteado a los pocos días de concretadas las detenciones. En este sentido, esperan que se convoque a una audiencia oral para exponer mayormente los argumentos. Asimismo, apuntan contra un “abuso” de las autoridades judiciales y reclaman que se delimiten los delitos imputados.

El abogado Martín Ferrá tiene a cargo la representación de cinco imputados en la causa “Lavado Total” que investiga narcotráfico y lavado de activos proveniente de ese delito, y asegura que ninguno de ellos tiene relación “con la gente vinculada al narcotráfico”, señala que eso “no fue probado” y cuestiona la falta de delimitación de los delitos que se les imputan ya que varios de ellos, según sostiene, fueron detenidos por tenencia ilegal de arma de uso civil, un delito claramente menor.

En este sentido, el pedido de excarcelación de sus defendidos fue rechazado por el juez interviniente en la causa, Santiago Inchausti, y por eso acudió a la Cámara de Apelaciones para que resuelva la situación. En ese marco, espera el llamado a una audiencia oral -que podría concretarse la próxima semana- para exponer los argumentos ante los jueces que deberán resolver el planteo.

Según explicó el abogado en diálogo con QUÉ, los allanamientos realizados, principalmente, sobre la avenida Jara en viviendas de integrantes de la comunidad gitana se realizaron a partir de una relación establecida por los investigadores con un prófugo de la justicia e integrante de la comunidad, “Coco” Esteban, que presenta vínculos en la compra y venta de automotores con organizaciones narcos. Es que, de acuerdo a los señalado por el abogado, en la causa se encuentran informes que dan cuenta que Esteban fue visto en los domicilios de los acusados.

“Ninguno de mis defendidos tiene relación con esta persona”, planteó Ferrá y graficó: “En la comunidad gitana es muy común conocerse, es como si los periodistas no conocieran a los otros de la ciudad”. En cuanto al rol de Esteban, se presume que mantenía vinculaciones con las distintas organizaciones dedicadas al narcotráfico de la cuales derivó la investigación ya que, por ejemplo, habría sido el proveedor del camión que pretendía trasladar las tres toneladas de marihuana desde Misiones a Mar del Plata y que luego derivó en la conocida operación “Marea Verde”.

Cabe recordar que la investigación de la ruta del dinero comenzó a seguirse por los investigadores tras la detención de Juan Manuel Mariscal -luego juzgado y condenado-, quien en 2013 fue aprehendido en la Ruta 2 cuando trasladaba 150 kilos de cocaína, y también tuvo puntos de contacto con la investigación “Marea Verde”.

MEGAOPERATIVO LAVADO NARCOTRAFICO 04

ALLANAMIENTOS, DELITOS E IMPUTACIONES

El abogado Ferrá consideró que hubo “un exceso en la actuación del juez Inchausti” y apuntó que “se estiran las figuras legales para tratar de abarcar a la mayor cantidad de personas”. En este sentido, planteó que los allanamientos se realizaron “muy genéricos sin acusaciones puntuales”, y señaló que “se terminó deteniendo a quienes tenían armas cuando es un delito provincial y ya debieran estar excarcelados”. Así, sostuvo que algunos de sus representados tenían en sus casa escopetas ya que es una “tradición ancestral”.

Por otro lado, y en cuanto a la compra y venta de autos por parte de la comunidad gitana, el abogado sostuvo: “En la mayoría de los casos la venta de automotores es irregular, se hace en forma particular, en sus domicilios. No hay habilitación municipal y falta de tributación impositiva. Eso podría llegar a constituir una evasión de impuestos, pero hay mucha diferencia con el lavado de dinero”. Asimismo, justificó: “No tienen por qué saber que en la compra de autos ingresa dinero del narcotráfico”.

En este marco, uno de los planteos realizados tiene que ver con que se se delimite el procesamiento y los delitos que se les imputan a los detenidos.

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