En el marco de la causa que derivó semanas atrás en el despliegue del denominado “Operativo Lavado Total”, y durante el desarrollo de dos audiencias a instancias de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, el fiscal general Daniel Adler le solicitó a los jueces Alejandro Tazza, Eduardo Jiménez y Bernardo Bibel que requieran a la Corte Suprema de Justicia de la Nación un destino social para los 284 vehículos secuestrados y afectados a la causa.
A su vez, el funcionario pidió que se rechacen los pedidos de excarcelaciones y eximición de prisión que presentaron los abogados de los imputados -César Sivo y Martín Ferrá– aunque contempló el pedido de arresto domiciliario para el caso de una mujer mayor con delicado estado de salud.
Respecto a los autos secuestrados, al fundamentar su pedido, el fiscal entendió que los mismos “deben ser preservados en su valor y en su utilidad a los efectos de poder destinarlos a la lucha contra el tráfico ilegal de estupefacientes, su prevención y la rehabilitación de los afectados por el consumo, tal como disponen los artículos 30 y 39 de la ley 23.737”.
Y citó, a su vez, la Acordada N°1/2013 de la Corte, a través de la cual se dispuso crear la “Base General de Datos de Bienes Secuestrados y/o Comisados en Causas Penales de competencia de la Justicia Nacional y Federal”, siendo éste el único organismo autorizado a recibir esa información, sugiriendo el depósito provisorio en favor de las agencias estatales.
En este sentido, Adler reparó en que los vehículos se encuentran desde el 9 de septiembre estacionados a la intemperie en un balneario del complejo de Punta Mogotes. Y en la misma línea, presentó luego un oficio ante la Cámara: “Resulta imprescindible adoptar las medidas necesarias para evitar que el transcurso del tiempo los deteriore y los convierta en chatarra, y en tal sentido la aplicación de la figura del depósito provisorio en agencias estatales a la vez que los resguarda de siniestros preserva su valor”.
EXCARCELACIONES Y ARRESTO DOMICILIARIO
En cuanto a la situación procesal de los imputados -hace algunas semanas el juez federal Santiago Inchausti dispuso el procesamiento de 28 acusados, 14 de los cuales se encuentran detenidos y a quienes les dictó la prisión preventiva– para el representante del Ministerio Público Fiscal la Cámara no debería hacer lugar a los pedidos de excarcelación y eximición de prisión, aunque sí debería considerarse el arresto domiciliario para el caso de una mujer mayor con delicado estado de salud.