Licencias truchas: cronología de un escándalo
En la previa de la sentencia, un repaso por la investigación, desde los allanamientos y detenciones de 2014, la apertura de nuevas causas paralelas y hasta las últimas instancias del juicio.
Pasaron cuatro años y tres meses desde que el escándalo de la tramitación ilegal de las licencias de conducir -luego popularizada como la causa de las “licencias truchas”– salió a la luz luego de los allanamientos y las 25 detenciones de los acusados de llevar a cabo el negocio ilegal en el Distrito Descentralizado El Gaucho. Tras un extenso recorrido, este jueves a las 10 se conocerá la sentencia del juicio que tiene a once acusados, entre ellos al extitular de la división, Juan Carlos Belmonte, quien está imputado de ser el jefe de la asociación ilícita y para quien la fiscalía pidió 15 años de prisión.
El 8 de abril de 2014 hubo allanamientos en El Gaucho -donde se encuentra la sede de la división Licencias de Conducir- y en distintos domicilios particulares de 25 acusados, en el marco de una investigación que empezó en la Fiscalía de Delitos Económicos y luego siguió a cargo de la propia Fiscalía General.
Desde allí, salieron a la luz miles y miles -al menos 7 mil- de licencias tramitadas de manera irregular, se sucedieron cruces y acusaciones políticas para todos los gustos, fueron abiertas diversas causas judiciales de manera paralela a la inicial que no presentaron avances considerables hasta la actualidad, y tuvo su cara más cruda con siniestros viales fatales provocados por personas que tramitaron su licencia trucha y que, en algún caso, ni siquiera estaban en condiciones físicas de manejar.
El accionar de la banda era muy simple: a cambio de dinero o por “favores” personales hacían que las personas que iban a tramitar o a renovar su licencia de conducir no tuvieran que pasar por todas las pruebas o estudios correspondientes, ya sea el teórico, el práctico o el psicofísico, y de esa manera “agilizaban” la entrega del carnet, que en su formato físico era legal pero en su naturaleza era trucho porque no se habían hecho los exámenes excluyentes. La extensa investigación cuenta con una gran cantidad de prueba documental, entre la que aparecen escuchas telefónicas de los acusados con “clientes” a quienes les otorgaban la licencia, en algunos casos, pese a no estar condiciones de conducir.
Un repaso cronológico de un escándalo que está muy lejos de terminarse:
| 8 de abril de 2014
En el marco de una investigación abierta un tiempo antes, la Justicia lleva adelante diversos allanamientos, en el Distrito Descentralizado El Gaucho y en distintos domicilios particulares, en los cuales resultan detenidos 22 acusados, que horas más tarde serían 25.
Rápidamente, intendente Gustavo Pulti prepara una conferencia de prensa para tomar la iniciativa en la información. Junto al secretario de Gobierno, Pablo García, y al de Seguridad, Adrián Alveolite, anuncia la realización de allanamientos y la detención de 25 personas. “Se trata de la primera vez en la historia del Municipio que un gobierno promueve una acción de este alcance y dimensiones”, se atribuye. Asimismo, informa que se dispuso la intervención de la dependencia, que quedará a cargo del director de Movilidad Urbana, Guillermo Iglesias. “Llevamos un año y medio de aporte de datos a la investigación penal”, señala Pulti.
| 10 de abril de 2014
Empiezan a declarar ante los fiscales algunos de los 25 detenidos y se conoce que hay involucrados funcionarios, entre ellos el titular de la división de Licencias de Conducir, Juan Carlos Belmonte, además de empleados municipales y personas externas a la planta municipal.
| Marzo de 2015
Dos de los acusados, Brenda Burgos y Jorge Rubilar se presentan ante la Fiscalía General y prestan declaración. Los dos son exempleados de El Gaucho. Ante la posibilidad de acceder a un juicio abreviado, ambos quieren ampliar sus testimonios y dan su versión de cómo funcionaba el negocio de las licencias truchas. Aseguran que ciertos funcionarios “sabían lo que pasaba” en el lugar y apuntan directamente contra Adrián Alveolite, Guillermo Iglesias e incluso contra Gustavo Pulti.
| 9 de marzo de 2015
La Fiscalía General requiriere a la Justicia de Garantías la elevación a juicio de la causa contra Belmonte, además de 16 empleados municipales y ocho personas más denominadas “punteros”. Los acusan de 159 hechos delictivos.
| 11 de marzo de 2015
El fiscal general adjunto Marcos Pagella -quien tiene a cargo la investigación- y personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) allanan nuevamente el Distrito Descentralizado El Gaucho en el marco de una investigación paralela a la causa central. Al día siguiente, la Fiscalía General da a conocer detalles de la causa: uno de los puntos principales informados es que “surgieron evidencias que obligaron a iniciar una nueva pesquisa para investigar la posible participación de funcionarios de un rango superior al del entonces jefe de la División Licencias, Juan Carlos Belmonte”.
| 16 de marzo de 2015
QUÉ Digital revela que la causa paralela que derivó en el segundo allanamiento en El Gaucho apunta específicamente al intendente Gustavo Pulti; al secretario de Seguridad, Adrián Alveolite; al director de Movilidad Urbana, Guillermo Iglesias; y al concejal de Acción Marplatense Ariel Ciano. Fue el propio fiscal Pagella quien solicitó la formación de la Investigación Penal Preparatoria. El pedido se basa no solo en las declaraciones de los imputados Burgos y Rubilar -quienes declararon dos días antes de vencerse el plazo legal de investigación en cuanto a la primera causa- sino también en la recopilación de documentación e informes tendientes a la posible comisión de delitos de acción pública. Pasados los años, no se conocen avances significativos en la causa.
| 17 de marzo de 2015
El exjefe de la Policía Departamental Darío Ibáñez y otros seis policías son imputados por “encubrimiento agravado” en el marco de otra investigación paralela, a cargo de la Fiscalía Nº 7, en torno a la comercialización de licencias truchas.
| 18 de marzo de 2015
Pulti responde. Considera que “hay una cuestión más de orden mediático que procesal” y se defiende: “Acá no hay una situación política; esta segunda investigación, que nos parece bien también, nace por la declaración de una persona penalmente procesada que no jura decir la verdad. Creo que han interpretado que ensuciando podían tener la posibilidad de mejorar su situación y hay cosas que tienen fuerza de por sí solas”.
| 25 de agosto de 2015
Los investigadores forman una causa contra el director general de Movilidad Urbana, Guillermo Iglesias, y al subsecretario de Control, Adrián Alveolite, por la posible comisión de delitos de acción pública, concretamente incumplimiento de los deberes de funcionario público. La presentación es efectuada ante la Fiscalía de Delitos Económicos, en el marco del informe elevado en relación a la ilegalidad del trámite de conducir de Lucas Carnero, el joven que atropelló y mató al subteniente de policía Fabián Mendiola cuando quiso esquivar un control de alcoholemia.
| 11 de septiembre de 2015
El juez de Garantías Saún Errandonea hace lugar al pedido de la fiscalía y resuelve elevar a juicio la causa original, en la que están imputados Belmonte y otras 24 personas por 159 hechos.
| 8 de octubre de 2015
Por fuera de la causa central y en el marco de una investigación que tiene al actor Federico Bal acusado de haber tramitado su licencia de manera irregular, Juan Carlos Belmonte declara por primera vez ante la Justicia y carga contra Pulti. Ante el fiscal Fernando Berlingeri dice que Bal fue llevado al lugar por Guillermo Iglesias. “Así como llevaron a Bal, llevaron a jueces, fiscales, cónsules, comisarios, concejales, primos del intendente, la mujer del primo del intendente, hijos de este matrimonio, empresarios, hasta cartoneros; se hacía política”, sostiene, siempre bajo su derecho como todo imputado de no declarar la verdad.
| 23 de marzo de 2016
La Cámara de Apelación y Garantías confirma la resolución del juez Saúl Errandonea en torno a la elevación a juicio de la causa original y, de esta manera, solo resta que se defina el tribunal y la fecha para el inicio del debate.
| Septiembre de 2016
Tres de los 25 acusados que acordaron su pena en un juicio abreviado son condenados a tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación para el ejercicio de cargo público. Se trata de Brenda Burgos Calle, Jorge Rubilar y Esther Machín. La resolución fue tomada por el juez Pablo Viñas, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº 1
| 3 de abril de 2017
Belmonte es excarcelado. El Tribunal Oral en lo Criminal Nº2 -que será el encargado del juicio- considera que no existe riesgo procesal a raíz de los casi tres años que llevaba detenido y de que estaba terminada la etapa investigativa. Estuvo detenido casi tres años y en el último tiempo con arresto domiciliario.
| Julio de 2017
QUÉ Digital recopila los acuerdos de varios imputados con la Justicia, ya que accedieron con el paso de los meses a la suspensión de juicio a prueba por un período que va entre los dos y los tres años, con distintas tareas comunitarias a realizar, según sus posibilidades, y que, de acuerdo a los casos, van desde desempeñarse como chofer para entidades benéficas hasta proveerles viandas alimenticias. De esta manera, sólo 10 de los originales 25 detenidos quedaron en condiciones de llegar al juicio oral y público.
| 2 de mayo de 2018
Empieza el juicio en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº2. Los acusados son Juan Carlos Belmonte, Luis Alberto Belmonte (funcionario), Alberto Carlos Zelaschi (funcionario – médico), Sabrina Ayelén Soria (empleada), Leda Raquel Araya (empleada), Verónica Noemí Benedetti (funcionaria), Raúl Ernesto Hernández (funcionario), Fernando Eduardo Peña, Viviana Beatriz Pared (funcionaria) y Ester Carolina Bonfini (gestora, no era empleada municipal. En el proceso también está el actor Federico Bal ya que su causa paralela por haber tramitado la licencia trucha fue unificada en este juicio.
“Vamos a decir de quién era este negocio”, anuncia Belmonte en la previa ante la prensa.
| 18 de mayo de 2018
Una de las mujeres que se encuentra imputada en el marco de la investigación y el juicio en curso es detenida luego de que la Justicia le revocara la encarcelación al comprobarse que continuaba realizando maniobras de falsificación de documentación vinculada con la obtención de licencias y trámites automotores en otras jurisdicciones. Se trata de Ester Bonfini, de 64 años, quien está imputada como coautora de la asociación ilícita y falsificación de documento público.
| 23 de mayo de 2018
Declara Belmonte en el juicio. “Fue por orden del señor Gustavo Pulti”, apuntó respecto a su accionar y también señaló a otros funcionarios del gobierno anterior. Concretamente, intentó acreditar que él recibía órdenes de sus superiores y también reconoció haberse llevado dinero recaudado a partir de los trámite ilegales. Pasado su monólogo de varias horas no quiso enfrentar las preguntas que le iba a realizar el fiscal Pagella, por lo que los jueces dieron por finalizada su declaración. Belmonte dijo no querer responderle a partir de una supuesta prueba que no había presentado hasta ahora en la que una empleada municipal aseguraría que un familiar de Pagella fue enviado en su momento para tramitar el carnet de manera irregular.
| 8 de junio de 2018
El fiscal Pagella solicita en su alegato que Belmonte sea condenado a la pena de 15 años de prisión por ser el jefe de la asociación ilícita, en tanto requirió que los otros nueve acusados de conformarla sean condenados a entre 12 y 5 años de prisión. Por su parte, para el actor Federico Bal pidió 3 años de prisión en suspenso. Previamente el fiscal se había defendido del a acusación de Belmonte -que incluso transformó en una denuncia penal-: “Al no haber defensa posible se han dedicado a atacar al fiscal”, cuestionó Pagella y reparó en que en la denuncia formalizada por Belmonte y su defensa se consigna que años atrás habría enviado a su padre o a alguno de sus hijos a tramitar la licencia de manera irregular. “Mi padre se murió hace 21 años y ninguno de mis hijos, tengo 5, tiene licencia de conducir”, afirmó.
