Licencias truchas: qué acordaron los acusados que no irán a juicio
Sólo 12 de los 25 imputados llegarán al debate que fue pautado para mayo de 2018. El resto acordó penas con máximo de tres años de prisión en suspenso y realización de tareas comunitarias como ser chofer de entidades benéficas o proveerles viandas.
Casi dos años después de la elevación a juicio dispuesta por la Justicia de Garantías, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 fijó semanas atrás para el 2 de mayo de 2018 la fecha de inicio del juicio oral en la causa de las “licencias truchas”. En el proceso serán juzgadas 12 personas, entre ellas el jefe de la división, Juan Carlos Belmonte, mientras que el resto de los 25 imputados acordaron a lo largo de este tiempo su pena en un juicio abreviado o la suspensión del juicio a prueba, que supone la realización de tareas comunitarias que, según los casos, van desde desempeñarse como chofer para entidades benéficas hasta proveerles viandas alimenticias.
En concreto, según pudo saber QUÉ en base a fuentes judiciales, por fuera de los doce imputados que irán a juicio, el resto ya resolvió o está por resolver su situación en torno a la causa.
Los tres primeros casos que se conocieron en septiembre del año pasado fueron los de Brenda Burgos Calle, Jorge Rubilar y Esther Machín, quienes en un juicio abreviado acordaron la pena de tres años de prisión de ejecución condicional y seis años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público. Rubilar fue condenado por asociación ilícita, falsificación ideológica de instrumento público, cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionario público; Burgos Calle por asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público y defraudación contra la administración pública; y Machín por asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público, defraudación contra la administración pública y tenencia ilegal de arma de uso civil.
Un tiempo después siguió el mismo camino Luis Marcelo Martínez, quien en su carácter de coautor de la asociación ilícita, del delito de falsificación de documento público e incumplimiento de los deberes de funcionario público y de cohecho pasivo acordó también una pena de tres años de prisión de ejecución condicional y seis de inhabilitación para el ejercicio de cargo público.
Por su parte, otros siete imputados accedieron a la suspensión de juicio a prueba por un período que va entre los dos y los tres años, con distintas tareas comunitarias a realizar, según sus posibilidades:
Eduardo Gabriel Cacciavillani, quien era funcionario y fue imputado por ser coautor de la asociación ilícita, deberá realizar trabajos de pintura.
Guillermo Alberto Castellanos, quien era “puntero” en el negocio de las licencias truchas e integrante de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y fue imputado como coautor de la asociación ilícita y partícipe necesario de cohecho pasivo, deberá desempeñarse como chofer de una entidad benéfica además de pagarle al Municipio $48 mil.
Daniel Fortunato Mostafa, quien también era uno de los “punteros” y fue imputado como coautor de la asociación ilícita, deberá entregar doce viandas semanales a una entidad benéfica por el plazo de un año.
Carlos Alberto Cobos, puntero e integrante de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y quien fue imputado como coautor de la asociación ilícita y partícipe necesario de cohecho pasivo, también deberá desempeñarse como chofer de una entidad benéfica por el plazo de un año.
Roberto Carlos Bosch, otro que se desempañaba como “puntero” y fue imputado como coautor de la asociación ilícita y partícipe necesario de cohecho pasivo, deberá desempeñarse como chofer realizando un viaje cada 15 días.
Daniel Eduardo Celano, otro “puntero” e imputado como coautor de la asociación ilícita y partícipe necesario de cohecho pasivo, deberá realizar tareas comunitarias en una sociedad de fomento por el plazo de un año durante seis horas semanales.
Pablo Maximiliano Ledesma, quien fue imputado por haber sacado una licencia trucha bajo el delito de cohecho activo, deberá realizar un curso de manejo defensivo y, naturalmente, tramitar una nueva licencia.
Por su parte, cabe destacar que si bien aún no lo concretó, se espera que Marcelo Lionel Véliz, quien está imputado como coautor de la asociación ilícita, coautor del delito de falsificación de documento público e incumplimiento de los deberes de funcionario público también acuerde con la Justicia y evite el juicio oral.
QUIÉNES VAN A JUICIO ORAL:
Juan Carlos Belmonte: el jefe de la División de Licencias de Conducir de la Municipalidad es el sospechoso de ser jefe de la asociación ilícita, coautor del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, coautor de cohecho pasivo y autor del delito de tenencia ilegal de arma de uso civil.
Luis Alberto Belmonte (funcionario): imputado por ser coautor de la asociación ilícita, de falsificación de documento público e incumplimiento de los deberes de funcionario público y de cohecho pasivo”.
Alberto Carlos Zelaschi (funcionario): llega a juicio acusado de ser coautor de la asociación ilícita, de los delitos de falsificación de documento público e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Sabrina Ayelén Soria (empleada): imputada por ser considerada coautora de la asociación ilícita y del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Además de autora de los delitos de defraudación contra la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Leda Raquel Araya (empleada): acusada de ser coautora de la asociación ilícita y del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público; autora de los delitos de defraudación contra la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público y coautora de cohecho pasivo.
Laura Valeria Gordon (empleada): en su carácter de coautora de la asociación ilícita y del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y autora de los delitos de defraudación contra la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Laura Analía Monópoli (funcionaria): en su carácter de coautora de la asociación ilícita y del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Verónica Noemí Benedetti (funcionaria): en su carácter de “coautora de asociación ilícita, de los delitos de falsificación de documento público e incumplimiento de los deberes de funcionario público y de cohecho pasivo”.
Raúl Ernesto Hernández (funcionario): en su carácter de coautor de asociación ilícita, de los delitos de falsificación de documento público e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Fernando Eduardo Peña (funcionario): imputado como coautor de la asociación ilícita, falsificación de documento público, incumplimiento de los deberes de funcionario público y coautor de cohecho pasivo.
Beatriz Paredes (funcionaria): acusada de ser coautora de la asociación ilícita, falsificación de documento público, incumplimiento de los deberes de funcionario público y coautora de cohecho pasivo.
Ester Carolina Bonfini (gestora, no era empleada municipal): en su carácter de coautora de la asociación ilícita.
