Licencias truchas: 3 años de prisión para 3 de los imputados
La condena es de ejecución condicional y también se los inhabilitó para el ejercicio de cualquier cargo público. Se trata de quienes habían acordado el juicio abreviado en lugar del debate oral y público.
En el marco de la investigación que llevó adelante el Ministerio Público Fiscal en la causa por las licencias truchas – en la que fueron imputadas 25 personas por 159 hechos relacionados con el negocio de comercialización de licencias de conducir en el Distrito Descentralizado El Gaucho- los tres acusados que habían acordado el juicio abreviado fueron condenados a tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación para el ejercicio de cargo público. Se trata de Brenda Burgos Calle, Jorge Rubilar y Esther Machín.
En concreto, la resolución fue tomada por el juez Pablo Viñas, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº 1, quien a fines de la semana pasada decidió condenar a tres de los imputados en la causa al hacer lugar al juicio abreviado solicitado por las partes.
En una extensa sentencia en la que valoró la investigación del Ministerio Público Fiscal, el magistrado dio por probados los hechos que se le imputaron a Brenda Burgos Calle, Jorge Rubilar y Esther Machín -funcionarios del área de tránsito de la Municipalidad de General Pueyrredon- y decidió condenarlos a las penas de tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación para el ejercicio de cargo público. Sobre esto último, en el caso de Machín la inhabilitación es por seis años -además le impusieron una multa de $1000- y para los otros dos imputados, de por vida.
Jorge Rubilar está acusado de asociación ilícita, falsificación ideológica de instrumento público, cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionario público; Brenda Burgos Calle por asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público y defraudación contra la administración pública; y Esther Machín por asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público, defraudación contra la administración público y tenencia ilegal de arma de uso civil.
En cuanto a los dos primeros acusados, Rubilar y Burgos Calle fueron quienes, en sus declaraciones ante la Justicia, apuntaron contra el exintendente Gustavo Pulti y los exfuncionarios Adrián Alveolite y Guillermo Iglesias al asegurar que todos “sabían lo que pasaba” en el lugar. Incluso en su declaración, Rubilar calificó lo que sucedía en la dependencia como “un descontrol”.
En lo que hace al resto de la investigación, los imputados que no acordaron juicio abreviado o suspensión de juicio a prueba se encuentran a la espera del debate oral que se llevará a cabo ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº 2, aunque todavía no fue definida la fecha. En lo relativo a las penas previstas para quienes formaron parte del negocio las mismas varían entre los tres y diez años de prisión, de acuerdo al nivel de implicancia.
En relación a los argumentos del magistrado en su resolución, para Viñas durante la investigación se logró corroborar “el nivel de organización de tinte criminal que existía en la dependencia comunal de expedición de licencias de conducir, donde un grupo indeterminado de personas -comenzando por el Jefe de la división de licencias de conducir, punteros externos, empleados municipales y hasta personas con título habilitante de médicos- conformaron una verdadera empresa delictiva, perdurable y sostenida en el tiempo, tendiente a enriquecerse ilícitamente”.
