Piden juzgar a la banda que transfería ilegalmente inmuebles
Tras más de un año de investigación, la Fiscalía de Delitos Económico pidió la elevación a juicio de la causa que incluye a 34 imputados. Se estima que el valor de los inmuebles transferidos alcanzaría la suma de $100 millones.
En el marco de una megacausa llevada adelante hace más de un año por la Fiscalía de Delitos Económicos, los fiscales Javier Pizzo y David Bruna solicitaron a la Justicia de Garantías la elevación a juicio de los integrantes de una banda que se dedicaba a realizar la transferencia ilegal de inmuebles. El pedido alcanza a 34 imputados, entre ellos abogados, escribanos y empresarios, quienes se estima transfirieron ilegalmente inmuebles por la suma de $100 millones.
En detalle, el pedido de elevación a juicio realizado por los fiscales a la jueza Rosa Frente se centró en 34 imputados, entre los que se encuentran seis abogados, dos escribanos, un funcionario del Registro de la Propiedad Inmueble; un agrimensor, un imprentero, comerciantes y empresarios acusados de formar parte de una asociación ilícita dedicada a la transferencia ilegal de inmuebles, de quienes hasta el momento no trascendieron mayoritariamente sus identidades.
En el marco de la causa, el juzgado decretó ya la prohibición de salida del país de los imputados y su inhibición general de bienes. Además, sobre los inmuebles transferidos de forma ilegítima pesan medidas cautelares que evitan su transferencia.
La investigación se inició en septiembre de 2016 por la denuncia de un hombre que constató que en el certificado de domino de una propiedad de su familia surgía como titular un tercero desconocido. Posteriormente a esa denuncia se agregaron otras dos, formuladas por los jueces civiles del departamento judicial Mar del Plata, Rodrigo Cataldo y Hernán Krzyszycha, quienes anoticiaban la presunta utilización de folios y sellos de su pertenencia en trámites que les resultaban ajenos.
La pesquisa desplegada por la Fiscalía, que contó con la colaboración de instructores judiciales de la Unidad de Investigación de Delitos Económicos de la Procuración y del Gabinete de delitos económicos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI), le permitió a los fiscales detectar que durante el período comprendido entre el 2014 y el 2016 fueron transferidas -mediante el uso de folios de seguridad y sentencias judiciales falsos que se presentaban ante el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires- las titularidades de unos 50 inmuebles ubicados en las ciudades de Mar del Plata y Miramar.
Luego, concluyeron que la organización intervino en aproximadamente el 20% del total de esas transferencias efectuadas. En este marco, y considerando las causas vinculadas, se estima que el valor de los inmuebles transferidos o cuya titularidad pretendían obtener alcanzaría la suma aproximada de $100 millones.
CÓMO ACTUABAN
Para los Fiscales, la organización criminal tenía su base en el Estudio Jurídico del abogado Adrian Bovati ubicado en Miramar, y se dedicaba a la captación de interesados en la compra de inmuebles, y a su vez aportaba información para individualizar bienes que reunieran las características particulares convenientes para las mecánicas ideadas con el fin de tomar posesión de los mismos.
Esas características que reunían eran, principalmente, inmuebles cuyo titular fallecido no registrara herederos o bien pertenecientes a sociedades cuyos accionistas habían fallecido o se encontraban desintegradas o en camino legal a ello, o cuyos titulares registrales evidenciaban en organismos públicos desinterés en el inmueble mediante el incumplimiento del pago de impuestos o servicios, o aquellos en los cuales los titulares o adquirentes procuraban no informar la operación comercial ante los organismos fiscales, o bien poseían impedimentos como trabas de embargos o inhibiciones personales que obstaculizaban la transferencia.
En tanto, para instrumentar las maniobras diseñadas, se elaboraban generalmente instrumentos públicos falsos consistentes en folios de seguridad utilizados por organismos jurisdiccionales, testimonios y oficios judiciales y actuaciones notariales. La investigación estableció la falsedad de firmas atribuidas a numerosos jueces civiles y secretarios del Departamento Judicial y de otros organismos, y de los sellos pertenecientes a los juzgados a su cargo que se encontraban insertos en los documentos presentados al registro en cada caso. Los soportes magnéticos empleados en la falsificación fueron secuestrados en el marco de los allanamientos efectuados durante el transcurso de la pesquisa.
Estos documentos simulaban haber sido expedidos en el marco de expedientes judiciales que en verdad no existían, o bien si existían, las resoluciones que contenían no habían sido dictadas en los obrados. En ellos, se insertaban falsas leyendas, testimonios de resoluciones y sentencias inexistentes, se incluían firmas y sellos apócrifos de organismos públicos y de magistrados y funcionarios judiciales y escribanos, y todo lo necesario para brindarles apariencia de ser verdaderos.
