Procesan al fiscal Fernández Garello por delitos de lesa humanidad
La medida, sin prisión preventiva, fue dispuesta por la jueza Alicia Vence en el marco de las denuncias impulsadas por la Comisión Provincial por la Memoria. Se lo acusa de privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos.
Luego de que en diciembre pasado la Cámara de Apelaciones de San Martín revocara la falta de mérito, el fiscal general de Mar del Plata Fabián Fernández Garello fue procesado por el Juzgado Federal N° 2 de San Martín en el marco de la causa por delitos de lesa humanidad que impulsó con su denuncia la Comisión Provincial por la Memoria. La acusación se centra en los delitos de privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos respecto a los hechos ocurridos entre el 23 y el 24 de julio de 1981 cuando fueron secuestrados y torturados tres militantes comunistas.
La resolución en la que se dictó el procesamiento del fiscal general de Mar del Plata fue firmada este lunes por la jueza Alicia Vence y, concretamente, estipuló procesarlo sin prisión preventiva “por encontrarlo, en principio, partícipe necesario penalmente responsable de la comisión de los delitos de privación ilegal de la libertad cometida por un funcionario público e imposición de tormentos inflingidos por un funcionario público, agravado dado que se trataba de perseguidos políticos”. En este marco, la magistrada impuso trabar un embargo de $300 mil.
El procesamiento de la jueza Vence también alcanza al resto de los acusados en la causa: Hugo Carlos Ramón Tresguerras, Daniel Eduardo Ríos, Daniel Cammarota, Guillermo Horacio Ornstein y Ricardo Alberto Coronel y amplió el procesamiento ya decretado sobre Jorge Norberto Apa.
Al momento de definir procesar pero sin prisión preventiva a Fernández Garello, la magistrada valoró que “al tomar conocimiento de la presente investigación por medios periodísticos se puso espontáneamente a derecho a fin de explicar su intervención en los hechos denunciados” y que, al igual que los otros acusados, “asistió a las audiencias, efectuó su descargo y se acercó al tribunal en cada una de las oportunidades posteriores en las que fue notificado”.
La causa contra Fernández Garello se inició en 2016 cuando la Comisión Provincial por la Memoria presentó ante la Justicia documentos del archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dippba) que lo involucrarían en el secuestro y tortura de tres militantes comunistas: Jorge Bulacios, Ernesto Ramón Duarte y José Rolando Seitor.
Por fuera de este caso, semanas atrás desde la CPM presentaron nuevas pruebas sobre otros hechos a partir de material encontrado en el archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dippba).
En septiembre del año pasado, y luego de la declaración indagatoria tomada a principios de agosto, la jueza Vence había decidido dictar la falta de mérito en relación al fiscal general de Mar del Plata a partir de que “restaba encontrar sustentos evidentes que permitan brindar seguridad acerca de la responsabilidad de los imputados”.
El fiscal general cuando se presentó a la primera declaración indagatoria (Foto: Comisión Ana María Martínez)
Sin embargo, y ante la apelación de la Comisión Provincial por la Memoria y del Ministerio Público Fiscal, en diciembre la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín revocó esa falta de mérito por lo que la magistrada quedó en condiciones de resolver la situación procesal del funcionario judicial, es decir si lo procesaba por los delitos acusados o lo sobreseía de la causa.
Cabe recordar que en noviembre de 2017 un pedido de jury contra Fernández Garello fue archivado lo cual derivó en que el fiscal no enfrentara un juicio político, aunque la causa judicial siguió su curso.
El fiscal general negó en reiteradas declaraciones su participación en los hechos, dijo que “las circunstancias referidas por la Comisión Provincial por la Memoria evidencian serios y preocupantes vestigios de falsedad” y aseguró estar “a entera disposición de la Justicia para aclarar cada uno de los puntos mencionados en la documentación presentada en la denuncia”.
