Quinta La Coca: avanza otra causa contra su dueño por trata laboral
La Cámara de Apelaciones confirmó el procesamiento que se había dictado sobre el responsable del establecimiento a fines del año pasado. Siete víctimas eran explotadas en el campo de Sierra de los Padres.
La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata confirmó el procesamiento del dueño de la quinta La Coca, ubicada en Sierra de los Padres, en el marco de una causa en la que se lo acusa de explotar laboralmente a siete personas. El hombre ya había sido condenado en 2013 por el mismo delito de trata de personas y el nuevo procesamiento, ahora confirmado, había sido dictado en diciembre pasado.
Según informó el Ministerio Público Fiscal, el procesamiento dictado en diciembre por el juez Santiago Inchausti fue confirmado por los jueces de la Cámara Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez quienes hicieron referencia en su resolución a que la explotación de las siete personas -que vivían en la quinta- llegadas desde Bolivia “no se trata de un hecho aislado sino una práctica reiterada en la actividad comercial del imputado”.
Durante una audiencia oral en la que se presentaron las posturas, el fiscal general Daniel Adler había sostenido la acusación al hacer eje en la falta de registración, la manipulación de los testimonios y en la situación de un nene de 12 años -cuyo DNI estaba en poder de la mujer del acusado- que cumplía tareas en la quinta antes de ir a la escuela y no tenía amigos ni jugaba.
Por su parte, la defensa del imputado entendió que no existían elementos típicos del delito y que la prueba había sido valorada de manera parcial por el juez Inchausti.
Los jueces, al dictar resolución, entendieron que la falta de registración, las extensas jornadas de trabajo, la remuneración exigua, la ausencia de materiales de seguridad para trabajar en el campo y las precarias condiciones de habitabilidad “no puede ser considerado como meras infracciones laborales o administrativas que rigen la actividad, sino como una verdadera sumisión a las condiciones impuestas por el ‘patrón’”.
El acusado, de 46 años y de quien no se dio a conocer la identidad, cumplía libertad condicional desde marzo de 2017 en el marco de una condena que se le había impuesto en 2013 de seis años de prisión por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral. Esta nueva investigación se inició por una denuncia presentada por el Servicio Zonal de Protección y Promoción de los Derechos del Niño, que dio cuenta de la situación de los trabajadores en el predio “La Coca”, ubicado en el kilómetro 15,5 de la Ruta 226, y lindero al campo donde explotaba a sus víctimas anteriores, en Sierra de los Padres.
Concretamente, en esta nueva causa en la que ahora se confirmó su procesamiento se lo acusa de haber participado en el acogimiento para su sometimiento a servidumbre con fines de explotación laboral a siete personas.
Según informaron desde la fiscalía, la resolución de los jueces de la Cámara repara en las declaraciones de las víctimas, y distingue aquellas prestadas al momento del allanamiento, de las recibidas luego en sede judicial. En la última instancia, dijeron que trabajaban solo de lunes a viernes, ocho horas por día y recibían uno 700 pesos por jornada. Antes, habían dado cuenta de jornadas de siete horas, pero con pagos de 600 pesos semanales o 200 diarios. Al igual que el juez de primera instancia, Santiago Inchausti, los camaristas pusieron en valor las primeras versiones, como “un relato espontáneo y sin injerencia externa”.
Los jueces analizaron en que si bien no había elementos para suponer que se afectaba la libertad de locomoción de las víctimas, estaba en evidencia “un menoscabo a la libertad en su faz interna, es decía al aspecto volitivo de la persona, a la capacidad de autodeterminarse, al punto de no reconocer la explotación que padecían lo cual se refleja en frases tales como ‘nos trataba bien’”. Asimismo, hicieron referencia a un “proceso de sumisión, de anulación de la personalidad y de deterioro de la autoestima, que se retroalimenta profundizando el estado de vulnerabilidad y afectando gravemente la libertad de decisión”.
