Saqueos: piden dos años y medio de prisión para los 12 acusados
La solicitud de la pena, de ejecución condicional, fue realizada por la fiscalía a partir de considerar la calificación de “tentativa” con respecto a la original de robo agravado por la situación de conmoción pública. La Defensoría Oficial pidió la nulidad.
Con el foco puesto en la falta de pruebas suficientes para atribuirles puntualmente los hechos imputados a los doce acusados que forman parte del juicio por el saqueo cometido en diciembre de 2013 durante el acuartelamiento policial en una feria comunitaria, este jueves terminaron las audiencias con los alegatos de las partes en los cuales la fiscalía pidió que se condene a todos los acusados a la pena de dos años y medio de prisión de ejecución condicional, ya que introdujo la calificación de “tentativa” a la original de robo agravado por la situación de conmoción pública y también sumó la participación de menores de edad.
Por su parte, las defensas ratificaron el pedido de absolución adelantado en la primera audiencia y lanzaron duras críticas hacia los planteos de la fiscalía y al desarrollo del debate. En tanto, desde la Defensoría oficial, que representa a algunos de los acusados, se pidió la nulidad del planteo al acusar una “ilegítima variación del objeto procesal”. El juez Aldo Carnevale fijó la fecha para dar a conocer el veredicto el próximo viernes 7 al mediodía.
Los alegatos de ambas partes giraron en torno a la falta de prueba suficiente y de testigos que puedan indicar con exactitud los bienes sustraídos y a las víctimas. El fiscal Gastón De Marco señaló que pese a que en el procedimiento policial de aprehensión no se convocó a testigos ni se secuestró mercadería -tal como está establecido- el mismo tiene validez teniendo en cuenta “el contexto” en el que ocurrió. Por su parte, los cuatro defensores cuestionaron esa postura al afirmar que los testimonios escuchados durante el juicio permitieron comprobar que no hubo tumultos ni piedrazos una vez que los efectivos tenían reducidas a las personas.
En concreto, el fiscal dio por acreditado el hecho, aseguró que los imputados se “apoderaron de mercadería de manera violenta” al intimidar a los comerciantes e introdujo la figura de “plan común” entre los aprehendidos, planteo que motivó críticas de los defensores ya que la misma no había sido abordada a lo largo del proceso.
Por otra parte, y en cuanto a la calificación en grado de tentativa del robo agravado, el fiscal señaló que se dio a partir de que los elementos se recuperaron “porque fueron abandonados durante la aprehensión”.
En cuanto a la autoría del hecho. el fiscal refirió que “todas las personas que fueron aprehendidas estaban saliendo de la feria y todas tenían elementos en su poder”. Luego, los defensores cuestionaron el hecho de que no existan registros del total de los aprehendidos, de que sólo hayan llegado a juicio 14 personas cuando los testigos hablan de otros 20, además de los menores, e hicieron foco en dichos de los comerciantes que declararon en el juicio y quienes aseguraron que los efectivos no sólo no los convocaron como testigos de las aprehensiones sino que les pidieron “que no los miraran”.
Por su parte, y en referencia a la imposibilidad de establecer la cantidad de elementos que sustrajo cada imputado, De Marco argumentó que eso se explica “por las características del lugar”. “Esto no es una cadena de electrodomésticos en la que se pudiera identificar rápidamente el damnificado, hay 20 víctimas distintas”, señaló.
A la hora de plantear la pena solicitada -de dos años y medio de prisión de ejecución condicional- el fiscal entendió como agravantes la nocturnidad, la pluralidad de autores, la pluralidad de víctimas y la extensión del daño causado. En tanto, como atenuantes encontró la ausencia de antecedentes y condenas acusatorias de todos los acusados.
ABSOLUCIÓN, NULIDAD Y CRÍTICAS A LA POLICÍA
Los tres abogados -quienes pidieron la absolución- y la defensora oficial -que planteó la nulidad del planteo- no ahorraron en críticas y cuestionamientos tanto hacia el accionar de la policía como al rumbo investigativo impulsado por la fiscalía. Además, apuntaron contra la falta de pruebas concretas en relación a los acusados.
En ese marco, Wenceslao Méndez acusó a De Marco de realizar planteos que “nada tienen que ver con la Constitución” y criticó a los policías por “violar el proceso penal y no respetar la ley”. Así, reparó en que el estado de conmoción atribuido por la fiscalía fue “generado por la misma policía” y apuntó: “Todas esas personas siguen en la fuerza ¿Que les pasó? Nada. Y ellos provocaron todo esto”.
Por otro lado, y en referencia a la ausencia de testigos de las aprehensiones en aquel momento el abogado dijo que “los funcionarios policiales mintieron”. Y, además, cargó contra la calificación del hecho: “Esto no era un robo agravado era un hecho social excepcional”.
A su turno, Osvaldo Verdi reparó en que hay “una cadena de responsabilidades y aquellas personas que participaron en un saqueo son el último eslabón” y aseguró que el juicio se transformó en un “espacio terapéutico para las víctimas”. Asimismo, sobre la falta de pruebas, planteó: “Había que evitar que el mensaje social fuera la absolución, que es lo que debe tomarse porque ni se ha probado nada, esto es imposible de reconstruir”.
Por su parte, la defensora oficial Carla Auad justificó el pedido de nulidad del planteo de la fiscalía al entender que hubo una “ilegítima variación del objeto procesal” lo que creó “indefensión de las partes”. “Nunca se mencionó que hubieran actuado con un plan común, nos enteramos recién ahora en toda la causa. Y están cambiando el medio comisivo que antes era la fuerza de las cosas, haber violentado un portón, y hoy hablan de robo porque intimidaron a las personas del comercio”, detalló. En este marco, y como pedido subsidiario, consideró que en caso de haber una condena debería ser por “tentativa de hurto calamitoso” para lo cual solicitó la mínima.
Todos estos planteos y cuestionamientos ahora deberán ser resueltos por le juez Carnevale, que fijó como fecha para dar a conocer su veredicto y sentencia el próximo viernes 7 de octubre al mediodía.
