Violación en el camping: cómo sigue la causa, a la espera del ADN
En el marco de la prórroga para el pedido de la prisión preventiva, la semana que viene se llevará adelante un reconocimiento fotográfico de los acusados por parte de la víctima.
Mientras los cinco jóvenes de entre 21 y 23 años siguen detenidos en la Unidad Penal N°44 de Batán, la investigación por el abuso sexual contra una menor de 14 años en el camping El Durazno de Miramar avanza con distintas medidas de prueba. En los últimos días las muestras de material genético hallado en las prendas analizadas por los investigadores fueron remitidas a la Asesoría Pericial de La Plata, aunque se desconoce cuándo se realizará la pericia de comparación de ADN. Mientras tanto, la semana que viene se llevará a cabo un reconocimiento fotográfico de los cinco acusados por parte de la víctima.
A 19 días del hecho y de la detención de los cinco jóvenes, dos de los pasos centrales que tiene por delante la investigación de la fiscal Florencia Salas tiene que ver con un reconocimiento fotográfico de los acusados y aguardar los resultados de la comparación de ADN. Con esas dos medidas los investigadores buscan determinar el grado de participación de los cinco detenidos en el hecho. Además, también se esperan resultados de otras pruebas, como los toxicológicos y el análisis de los celulares incautados.
Una de las novedades que surgió durante los últimos días en la causa es que la familia de la joven decidió presentar un abogado en el rol de particular damnificado para que los represente, y, en ese sentido, este viernes Maximiliano Orsini ya se presentó y tuvo acceso a la causa.
Una de las primeras medidas a la que tendrá acceso el abogado de la familia de la joven será una prueba de reconocimiento de los acusados que realizará la víctima la semana que viene. Para ello desde la fiscalía debieron contar con el aval de la Asesoría de Menores que trabaja en conjunto con una psicóloga en la contención de la víctima con el objetivo de conocer que la medida dispuesta no implique ningún tipo de riesgo psíquico para la menor.
Tal como ya le habían adelantado a la fiscal desde la Asesoría de Menores esa prueba se podrá realizar mediante fotografías, pero no con la presencia de los acusados. “Se pidió un reconocimiento fotográfico, no un reconocimiento en rueda para no afectar a la víctima”, explicaron fuentes del caso.
Por otro lado, y mientras la fiscalía tomó algunas otras declaraciones testimoniales, como al padre de la menor -a pedido de las defensas-, en la causa se sigue a la espera de las pruebas toxicológicas para conocer si los acusados habían consumidos estupefacientes, luego de que las de alcoholemia arrojaran resultados negativos.
Una de las medidas fundamentales para el futuro de la investigación y de la causa tiene que ver con la pericia de ADN que tiene que llevar adelante la Asesoría Pericial de La Plata. De acuerdo a lo informado por fuentes judiciales, a partir del autorización de la Justicia de Garantías, el martes pasado la fiscal Salas dispuso el envío de las muestras hacia allí pero todavía no se conoce en qué fecha se realizarán las pruebas necesarias.
Esa comparación de ADN se podrá realizar luego de que se confirmara que los rastros levantados en el lugar del hecho y los obtenidos de los hisopados a la víctima y en prendas de los imputados contenían la presencia de material genético apto para realizar la pericia de ADN.
Cabe recordar que en la causa fue incorporada semanas atrás la declaración que la víctima pudo hacer del hecho en cámara gesell.
Mientras estas medidas de prueba pendientes siguen su desarrollo a cargo de la fiscal Salas, los acusados Lucas Pitman, Mariano Díaz, Tomás Jaime, Roberto Costa y Juan Cruz Villalba, permanecen detenidos en la Unidad Penal N°44 de Batán bajo la calificación de “abuso sexual con acceso carnal agravado”. Su situación de deberá resolverse en las próximas dos semanas: ese es el plazo legal que tiene la fiscal Salas para pedir o no ante la Justicia de Garantías la prisión preventiva para cada uno de los acusados y allí la funcionaria del Ministerio Público Fiscal, y luego el juez de Garantías Saul Errandonea con un plazo de cinco días hábiles, considerarán con las pruebas reunidas hasta el momento si todos los acusados deben seguir detenidos o sólo algunos de ellos.
