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01/02/2020

A cinco años de la ordenanza, buscan saber qué pasó con el RePUPA

Se trata de un registro de pequeños elaboradores de alimentos que fue aprobado en 2015, con la resistencia de entidades empresarias.

A cinco años de la ordenanza, buscan saber qué pasó con el RePUPA
(Foto: archivo / Qué digital)

En 2013 un proyecto de ordenanza empezó a intentar ordenar la situación de las unidades de la economía social y emprendimientos que se dedican a la producción de alimentos a pequeña escala a través de la creación de un registro que regulara la actividad y estableciera un control de los alimentos. En el medio, hubo sectores empresarios y comerciales que expusieron diversas objeciones y, que hicieron demorar el tratamiento, aunque finalmente en abril de 2015 la iniciativa fue aprobada. Ahora, pasados cinco años, un proyecto de comunicación ingresado al Concejo Deliberante busca conocer qué pasó con aquel Registro de Pequeñas Unidades Productivas Alimenticias (RePUPA) y si en todo este tiempo fue reglamentada la norma.

El expediente fue ingresado en los últimos días por el concejal del Frente de Todos, Roberto Gandolfi, y concretamente busca que el gobierno municipal informe sobre la reglamentación, implementación y funcionamiento del “Proyecto de Asistencia y Capacitación de Pequeños Elaboradores de Alimentos” y del “Registro de Pequeñas Unidades Productivas Alimenticias (RePUPA)”, establecidos por la ordenanza 22.212.

La ordenanza aprobada en 2015, que contó con el impulso del por entonces gobierno en manos de Acción Marplatense y del Frente para la Victoria y con el aval del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y de diversos organismos y entidades, apuntaba, en concreto, a regular la actividad de los pequeños productores de alimentos de bajo riesgo epidemiológico, según los parámetros del Código Alimentario Argentino.

En el pedido de informes presentado por Gandolfi se recuerda que la ordenanza aprobada hace cinco años establecía que la inscripción en el RePUPA sería de carácter personal e intransferible y tendría una vigencia de un año, al cabo del cual debería tramitarse la renovación con el fin de actualizar la información. Inicialmente, los impulsores de la norma trabajaban en un borrador de entre 150 y 200 pequeños elaboradores de alimentos para inscribirse.

La norma, además, estableció que los productos elaborados deberían ser analizados al iniciar el trámite en los lugares que establezca la reglamentación y que solo podrían comercializarse dentro de la jurisdicción del Partido a través de establecimientos de elaboración, ferias de la economía social autorizadas por el Municipio y por instituciones competentes y otras formas de comercialización que serán definidas en la reglamentación.

Justamente, conocer si esa reglamentación alguna vez fue finalizada es uno de los objetivos que presenta el proyecto ahora presentado y repara en que la norma establecía como autoridad de aplicación a la Secretaría de Desarrollo Productivo, el Departamento de Bromatología de la Secretaria de Salud y la Dirección de Inspección General.

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