ARA San Juan: el Senado sancionó un ley de indemnización para los familiares
Equivale a cien veces la remuneración mensual de los agentes de Nivel A e implica una renuncia al inicio de acciones judiciales por “daños y perjuicios”.
El Senado de la Nación convirtió en ley este miércoles un proyecto que crea una reparación económica a modo de indemnización para las y los familiares de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, víctimas del hundimiento ocurrido en noviembre de 2017. El “beneficio extraordinario” estipulado equivale a cien veces la remuneración mensual de los agentes de Nivel A e implica una renuncia al inicio de acciones judiciales por “daños y perjuicios”.
La aprobación se produjo por unanimidad en el Senado más allá de los cruces que se registraron en torno al hecho en sí, tal como había ocurrido el pasado 11 de febrero en la Cámara de Diputados.
Según informó la agencia oficial Télam, la iniciativa establece que los familiares del personal militar tripulante del submarino ARA San Juan “tienen derecho a recibir una indemnización por grupo familiar”, que será percibida por hijos o hijas en partes iguales y la o el cónyuge, siempre y cuando no hubiesen estado separados de hecho al día de la desaparición del submarino.
El “beneficio extraordinario económico” es equivalente a la remuneración mensual de los agentes de Nivel A, Grado 0, del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), multiplicado por 100. De acuerdo con los cálculos de los legisladores, el beneficio superaría los siete millones de pesos para cada grupo familiar.
El proyecto señala que el cobro del beneficio “importa la renuncia a todo derecho por indemnización de daños y perjuicios y será excluyente de todo otro beneficio o indemnización por el mismo concepto”. Y establece que el otorgamiento del resarcimiento “es incompatible con cualquier acción judicial en trámite, de reclamo de daños y perjuicios por parte de los y las beneficiarios y/o beneficiarias”.
El proyecto, por otro lado, fija que los familiares de los marinos fallecidos tienen un año para reclamar la indemnización establecida.
Aunque el proyecto de ley fue aprobado por unanimidad, la discusión escaló entre el oficialismo y la oposición, que se acusaron mutuamente por la responsabilidad del hundimiento del submarino.
#ARASanJuan| Por unanimidad el Senado convirtió en ley el proyecto enviado por el Presidente @alferdez que otorga una indemnización a las familias de la y los tripulantes del submarino ARA San Juan.
El pedido por verdad y justicia estará siempre vigente. #44Presentes
— Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) February 25, 2021
El 15 de noviembre de 2017 el submarino ARA San Juan tuvo el último contacto con la base de la Armada antes de desaparecer con sus 44 tripulantes a bordo en aguas del Atlántico Sur. Un año después y a dos días de cumplirse un año de su desaparición, el submarino fue hallado a la altura del Golfo San Jorge, a 597 kilómetros de Comodoro Rivadavia.
Actualmente, la investigación sobre lo sucedido se encuentra en trámite en el Juzgado Federal de Caleta Olivia, a cargo de Marta Yáñez. En enero del año pasado, Yáñez procesó a seis altos mandos de la Armada pero no así a Mauricio Macri, a su exministro de Defensa Oscar Aguad ni al vicealmirante Marcelo Srur, tal como habían pedido las familias. Sin embargo, en noviembre pasado la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia resolvió que el Juzgado Federal de Caleta Olivia deberá investigar la responsabilidad del expresidente y su por entonces ministro de Defensa.
La Cámara también confirmó cuatro de los seis procesamientos: el del excomandante de la fuerza de submarinos, Claudio Villamilde; el excomandante de adiestramiento y alistamiento naval, Luis Enrique López Mazzeo; el exjefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos, Héctor Alonso; y el ex jefe de departamento de operaciones, Hugo Miguel Correa.
A esta causa, además, se le sumó aquella en la que las familias se presentaron como querellantes por el espionaje ilegal que sufrieron por parte de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), iniciada por la denuncia de la actual interventora del organismo, Cristina Caamaño.
