Jueves 28 de marzo | Mar del Plata
26/12/2017

Arroyo busca adherir al Régimen de Responsabilidad Fiscal de Vidal

Se trata de la ley aprobada en noviembre pasado que limita a los municipios respecto a contrataciones, gasto y endeudamiento. El Concejo deberá empezar a tratarlo. Qué implican los cambios realizados en la norma provincial.

Arroyo busca adherir al Régimen de Responsabilidad Fiscal de Vidal
(Foto: ilustrativa / QUÉ Digital)

El gobierno de Carlos Arroyo buscará en los próximos días avanzar en el Concejo Deliberante con la adhesión a la ley provincial que estableció el nuevo Régimen de Responsabilidad Fiscal para los municipios. Entre otros puntos, la norma impulsada por la gobernadora María Eugenia Vidal limita a los gobierno locales en cuanto a contrataciones, gasto y endeudamiento bajo el objetivo de lograr un “manejo prudente de las finanzas municipales”.

En los últimos días el gobierno elevó al Concejo Deliberante para que empiece a ser tratado en las comisiones internas un proyecto de ordenanza que busca que la Municipalidad de General Pueyrredon se adhiera al “Régimen de Responsabilidad Fiscal Municipal” instituido por la Ley Provincial 14.984, que fue sancionada en noviembre pasado. “La presente adhesión implica para la Municipalidad el pleno ejercicio de la normativa establecida por la citada Ley”, sostiene en su segundo y último artículo el proyecto elevado por Arroyo.

En su mensaje a los concejales, el gobierno reseña que recientemente la legislatura de la Provincia de Buenos Aires sancionó la Ley 14984 mediante la cual se establece el Régimen Responsabilidad Fiscal Municipal y que tiene como finalidad “instrumentar reglas claras y una mayor transparencia sobre el gasto y los ingresos públicos de las 135 comunas que integran nuestra provincia”.

En este marco, la iniciativa señala que la norma a la que se busca adherir el Municipio “establece pautas y parámetros que tienden a un manejo prudente de las finanzas municipales para dar mayor eficiencia a los recursos públicos”.

LOS LÍMITES IMPUESTOS

En detalle, a través de la ley, se limita el endeudamiento de los municipios al 10% de sus recursos corrientes, con excepción de que sea para refinanciar deuda previa en mejores condiciones, e impide “el aumento de sus gastos corrientes por encima de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC)”.

Asimismo, establece que los intendentes en los seis meses previos a dejar el cargo “no deben tomar medidas que incrementen el gasto corriente con carácter permanente o dispongan de los bienes municipales”. Además, “invita” a los municipios a bajar las tasas que recaen sobre los sectores productivos, como las que se cobran por Seguridad e Higiene y Alumbrado, Barrido y Limpieza (actual TSU).

Además, puntualiza que las municipales “deberán realizar una actualización cada tres meses de la ejecución presupuestaria” y exige practicar un informe trimestral con la cantidad de empleados en cada municipio y sus niveles salariales. En esta línea, el Régimen busca un compromiso para que los municipios no aumenten su planta de personal por encima del aumento de la población.

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26/12/2017