Arroyo contra las protestas: aval de la Corte y críticas a la Justicia local
Luego de que el máximo tribunal anulara dos fallos que desestimaron un amparo de 2017, el intendente dijo que la justicia local “no estuvo a la altura” y hasta calificó el “retumbar de tambores” como un “verdadero martirio”.
Bajo una particular convocatoria oficial de una conferencia de prensa para dar a conocer un fallo de la Suprema Corte de Justicia favorable al Municipio “para que se respeten los derechos constitucionales de la población“, el intendente Carlos Arroyo difundió este viernes una especie de “respaldo” emitido por el máximo tribunal provincial para que la Justicia marplatense actúe cuando se produzcan protestas y cortes de calles o rutas en el marco de reclamos sociales. En este marco, dijo que la justicia local “no estuvo a la altura” y que “no respetó” su “derecho a gobernar en paz” y hasta calificó el “retumbar de tambores” como un “verdadero martirio”.
A lo largo de la gestión municipal no han sido uno, ni dos, ni tres sino numerosos los actores judiciales, ya sean fiscales, jueces de garantías, integrantes de tribunales orales y de la Cámara de Apelación los que han rechazado presentaciones del gobierno en las que se pedía que ordenaran a la Policía actuar para liberar calles o rutas ante protestas sociales. Con una negociación política ineficiente, el camino elegido por el gobierno municipal siempre fue acudir a la fuerza de seguridad y a la Justicia.
Todos esos rechazos -argumentados en que los problemas sociales debe resolverlos el Poder Ejecutivo y no el Judicial o en que la intervención se basa en el artículo 194 del Código Penal que hace referencia al “entorpecimiento en el tránsito” y al existir caminos alternativos a unos pocos metros el delito no llega a configurarse- generaron mucho malestar en el gobierno que así lo expuso este viernes al presentar como un triunfo una resolución de la Suprema Corte de Justicia provincial, con dictamen favorable del procurador general, en la cual se dispuso anular dos fallos -primero del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 y después de la Cámara de Apelación y Garantías- que habían desestimado un amparo presentado en marzo de 2017 por el gobierno.
En una conferencia de prensa convocada para este viernes Arroyo dijo querer anunciar un “resultado afortunado” de una acción de amparo que en su momento inició la Municipalidad contra una protesta social “como consecuencia de la violación sistemática y permanente de los derechos constitucionales de muchos habitantes de este sector de estos barrios con relación a la libertad de tránsito y con relación a la libertad de respirar un aire puro, es decir el cuidado del medio ambiente”, según entendió el jefe comunal.
“He tenido que durante dos años soportar permanentes manifestaciones, cortes de tránsito, cortes de las avenidas, la quema de neumáticos que es una combinación letal. Ante todas esas situaciones yo solicité una y otra vez a las fuerzas policiales que se garantizaran los derechos constituciones de protestar pero que también se garanticen los derechos de los que querían transitar libremente”, siguió Arroyo sin reparar en ninguna autocrítica sobre la falta de negociación para poder evitar las protestas sociales.
Así, Arroyo remarcó que en diversas situaciones “la policía pedía la orden de los fiscales y la fiscal interviniente no le daba la orden a la policía”, en referencia a la fiscal de la unidad temática de Usurpaciones, Lorena Hirogoyen, quien en reiteradas oportunidades explicó la limitación que suponía para que se constituyera un delito que los cortes sólo afectaran una calle o avenida con la existencia de varios caminos alternativos a pocos metros.
Arroyo dijo que ese accionar tuvo “consecuencias lamentables” entre lo que enumeró “escrituras de paredes, quema de lugares de acrílico cuyo humo provocó que todo un sector interno de la Municipalidad quedara negro y hubo que hacer una limpieza tremenda y el asfalto todavía está todo arruinado por los fuegos que se han hecho”.
A esas “consecuencias lamentables”, el jefe comunal sumó que “trabajar en estas oficinas para el personal fue un verdadero martirio porque es muy difícil concentrase cuando tienen un retumbar de tambores que durante diez o doce horas, es una locura”.
De esta manera, Arroyo apuntó sus críticas al Poder Judicial local con una particular definición de no haber respetado su derecho a “gobernar en paz”: “La Justicia marplatense no estuvo a la altura de la circunstancias, no protegió a los ciudadanos, no respetó mi derecho a gobernar en paz y en tranquilidad a la ciudad que me eligió como intendente”.
Ante la consulta entonces sobre los “límites” considerados a la hora de protestar teniendo en cuenta los dichos respecto al “retumbar de tambores”, el secretario de Gobierno, Alejandro Vicente, fue el encargado de responder y dijo que hay que “intentar compatibilizar esos derechos” y que “no pasa por si se puede o no estar o tocar un bombo”.
Asimismo, enumeró reclamos de vecinos de la Municipalidad, comerciantes y autoridades de la Facultad de Derecho respecto a los “graves inconvenientes que generan las tomas de calles y el acampar en la vía pública”. Y así dijo que hay una “afectación masiva de distintos intereses y derechos y garantías constitucionales”.
