Ataque contra Cristina: Alberto Fernández lo calificó como “el más grave” de la democracia
En cadena nacional, el presidente exigió el esclarecimiento de los hechos y declaró el viernes como feriado nacional para que “el pueblo argentino pueda expresarse”.
Después de que un hombre fuera detenido por intentar asesinar con un arma de fuego a Cristina Fernández de Kirchner en las inmediaciones de su casa, el presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández habló desde la Quinta de Olivos en la que expresó su repudio al atentado contra la vicepresidenta y además declaró este viernes como feriado nacional para que “el pueblo argentino pueda expresarse en defensa de la vida, la democracia y en solidaridad con nuestra vicepresidenta”.
A medida que fueron transcurriendo los minutos, desde todo el arco político nacional -e incluso presidentes latinoamericanos- comenzaron a expresar su repudio a los hechos conocidos en principio a través de filmaciones de la TV Pública y a la medianoche, el primer mandatario lo hizo mediante cadena nacional.
“Este hecho es de una enorme gravedad, el más grave que ha sucedido desde que hemos recuperado nuestra democracia”, calificó el primer mandatario al inicio de su discurso grabado y emitido en la medianoche del viernes. Además, aseguró que la vicepresidenta “permanece con vida porque por una razón todavía no confirmada técnicamente el arma que contaba con cinco balas no se disparó pese a haber sido gatillada“.
Por otro lado, Alberto Fernández reiteró que el atentado contra Cristina Fernández “conmueve a todo el pueblo argentino” y “merece el más enérgico repudio de toda la sociedad argentina”.
En cuanto al análisis del atentado, afirmó que “afecta nuestra democracia” y lo vinculó a “discursos de odio” que no “quebraron la convivencia democrática”. Esos discursos, además, afirmó que fueron esparcidos “desde diferentes espacios políticos, judiciales y mediáticos de la sociedad argentina”, enumeró y afirmó: “Argentina no puede perder ni un minuto más. Ya no hay tiempo, es necesario desterrar violencia y el odio del discurso político y mediático y de nuestra vida en sociedad.
Por último, el presidente adelantó que le solicitó a la jueza a cargo de lo ocurrido que “esclarezca rápidamente las responsabilidades y los hechos” y también que “asegure la vida del acusado que hoy se encuentra detenido”.
Quien también se expresó al respecto fue el gobernador de la Provincia, Axel Kicillof, a través de Twitter, y manifestó: “Acabamos de vivir uno de los peores episodios de nuestra historia con el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner”, y concluyó: “No se puede seguir fomentando el odio y la violencia“.
Por su parte, desde el Congreso Nacional convocaron a una “comisión bicameral investigadora” en torno al atentado contra la vicepresidenta. De la misma manera, adelantaron que realizarán una “sesión de repudio” en las cámaras nacionales y manifestaron la necesidad de que se replique en el resto de los poderes legislativos del país.
Los hechos se dieron en el marco de la vigilia que realizan militantes y simpatizantes en las inmediaciones de su casa en el barrio porteño de Recoleta a partir de las denuncias de “persecución judicial y mediática”, por lo cual incluso se organizaron movilizaciones en Mar del Plata.
Además, esas manifestaciones en apoyo frente a su casa derivaron en un duro enfrentamiento con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a partir de la orden del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, de vallar toda la zona durante el fin de semana para evitar la concentración de personas, algo que terminó con incidentes y represión policial.
Las denuncias de “persecución” se derivan del juicio que se lleva adelante en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 -encabezado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso- y de los alegatos del titular de la Fiscalía General N°1 de la Capital Federal, Diego Luciani, y el fiscal coadyuvante Sergio Mola en una causa contra el empresario Lázaro Báez y once exfuncionarios.
Los representantes del Ministerio Público pidieron una condena de doce años de prisión e inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos para la vicepresidenta bajo la acusación de desvío de fondos e irregularidades en la asignación de obra pública de la provincia de Santa Cruz.
