Basural: explicaciones oficiales y fondos de la tasa Girsu mal direccionados
A un mes del inicio, un repaso por el estado actual del conflicto, por las ordenanzas que están lejos de cumplirse y por la postura de las autoridades municipales.
La pandemia de coronavirus sirvió para dejar expuestas muchas realidades, a diario invisibilizadas. Una de ellas, en Mar del Plata, es la de las y los recuperadores del basural. Es que, el hecho de no poder ingresar al predio durante dos meses en el marco de la cuarentena destapó una profunda realidad, con necesidades urgentes: cientos de personas que acuden a diario -y más en época de crisis- a buscar un sustento de lo que logran recuperar tras revolver la basura.
El lunes 4 de mayo las y los recuperadores informales comenzaron a reclamar en el basural alguna ayuda oficial para subsistir o que los dejaran volver a ingresar al predio ante la desesperante situación que atravesaban. Avanzado el conflicto, reforzaron el pedido inicial de recibir una asistencia extraordinaria y comenzaron a peguntarse por qué ellos no podían acceder a un subsidio como ocurre con tantos otros sectores de la sociedad y por qué no podía destinarse para ellos una parte de lo recaudado mediante la tasa Girsu.
Es que las y los recuperadores saben que un 7% de lo que recauda esa tasa -que se cobra con las boletas de Obras Sanitarias (OSSE)- debiera apuntar a “generar políticas de corto, mediano y largo plazo destinadas a la mejora de las condiciones de vida, inserción laboral e integración social de los recuperadores informales de residuos sólidos urbanos”, tal como lo fijó en septiembre de 2015 la ordenanza 22.395 que creó el Programa Social del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos.
¿Dónde se destinan esos fondos? fue entonces la pregunta que se repitió en el último mes en torno al conflicto. Y este viernes en una conferencia de prensa el titular del Ente de Servicios Urbanos, Sebastián D’Andrea, respondió que los mismos son destinados “a financiar los gastos que genera el playón social (espacio donde se vuelca la basura para que revuelvan los recuperadores), hay movimientos de residuos, hay seguridad, un montón de servicios que se pagan para el playón social”, algo que pareciera estar bastante alejado de la modificación realizada en 2019 a la ordenanza que estableció que ese 7% debe destinarse, en realidad, “a efectos exclusivos de la contención social de las familias afectadas por las actividades en el predio de disposición final”.
Además, dijo el funcionario, otra parte va hacia el mantenimiento de la planta de reciclado de la cooperativa CURA que hoy funciona sólo con 27 asociados y con una realidad que deriva en permanentes reclamos por la necesidad de mantenimiento y mejoramiento de la maquinaria, entre otros.
***
A un mes de iniciado, el conflicto sigue abierto aunque ya no con protestas, cortes y bloqueos pero sí con la unidad de recuperadores informales, recicladores, carreros y cartoneros de Mar del Plata para pedirle al gobierno soluciones de fondo. Después de años de abandono y de promesas que llegaron a transformarse en ordenanzas, buscan que esta vez algo cambie y que esas ordenanzas se cumplan.
“Venimos trabajando desde el primer día donde se planteó el conflicto, nos hemos reunido todas las veces que han sido necesarias y hemos trabajado proactivamente en un protocolo”, expuso D’Andrea al ser consultado este viernes, en primera instancia, sobre el conflicto, y reparó en que el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) “tiene normadas determinadas pautas para trabajar en pandemia“. “Nosotros tomamos esas normas, generamos un protocolo en el Emsur colaborando con la actividad, recibimos una propuesta de ellos, y la verdad es que ahí hay una cuestión que tenemos que ser claros: para que puedan trabajar se debe cumplir el protocolo bajo las normas de OPDS”, sumó.
Este viernes, horas después de la conferencia en la que se refirió al tema, D’Andrea encabezó una nueva reunión con las y los recuperadores, pero además también con carreros y cartoneros y con los recicladores de la cooperativa CURA, quienes se unieron en el inicio del conflicto.
“Hemos generado los ámbitos de discusión y de diálogo para poder avanzar en las distintas propuestas. Una vez generadas, a los pocos días volvíamos otra vez al conflicto sobre cosas que ya habíamos discutido, y la verdad es que si hay algo que hicimos fue dejar todo registrado, para que no haya dudas”, defendió el funcionario.
Y sostuvo que las y los recuperadores “son gente que está contenida o que tiene algún apoyo tanto sea por Desarrollo de Nación a través de algún subsidio, de Desarrollo de Provincia y Municipio asistiéndonos con alimentos, la Mesa de la Pastoral también. Estamos en contacto con ellos, están contenidos por parte del Estado“. Contrario a eso, la recepción de bolsas con unos pocos e insuficientes alimentos había sido uno de los reclamos que llevó al primer corte y protesta, el pasado 4 de mayo.
En la reunión de este viernes las y los recuperadores les presentaron a las autoridades municipales y del Ceamse -que tiene a cargo la operatoria del predio- un petitorio con sus reivindicaciones, que apunta a la regularización y reconocimiento estatal de la actividad y a mejoras estructurales en el basural. La mesa de diálogo volverá a reunirse el 16 de junio.
¿Por qué el conflicto sigue latente, aunque sin cortes ni protestas? Porque más allá de las circunstancias que van surgiendo en el marco de la pandemia y las limitaciones que eso impone, el reclamo de fondo de las y los recuperadores que hace muchos años están en esa condición es mucho más profundo, porque dicen haberse cansado de ser “pisoteados” mientras ven cómo el basural y la basura genera millones y millones de pesos.
Las y los recuperadores saben que el negocio de la basura es millonario, que actualmente la empresa que se encarga de la recolección en Mar del Plata -la 9 de Julio- recibe como canon mensual $162 millones y el Ceamse, por su operatoria en el predio, $22 millones. Y por eso buscan que algo de los tantos millones que se recauda en concepto de la tasa Girsu pueda destinarse a mejorar su situación.
La tasa Girsu (Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos) fue creada en 2013 en Mar del Plata con el objetivo de que las y los vecinos abonen una contribución “por el funcionamiento de la planta de separación final de residuos, comunicación y educación ambiental, y sustentabilidad del ambiente natural y urbano en general”. Y desde diciembre de 2013 comenzó a ser cobrada en conjunto con la boleta OSSE, desde donde luego se transfieren los fondos al Ente de Servicios Urbanos (Emsur).
En ese marco, en septiembre de 2015 se creó mediante la ordenanza 22.395 el Programa Social del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos con el objetivo de “generar políticas de corto, mediano y largo plazo destinadas a la mejora de las condiciones de vida, inserción laboral e integración social de los recuperadores informales de residuos sólidos urbanos en el Partido de General Pueyrredon”.
Las funciones estipuladas para ese programa fueron: implementar un proyecto de erradicación del trabajo infantil, conocer e identificar el universo de personas que recuperan materiales, conformar una base de datos actualizada y georreferenciada, elaborar un diagnóstico de situación de la actividad, garantizar la adecuada atención sociosanitaria de los recuperadores informales y sus familias, desarrollar un plan de inclusión laboral para recuperadores informales y conformar la Mesa de Reciclaje local (encabezada por la Secretaría de Desarrollo Social) con la participación de los recuperadores, sectores públicos, no gubernamentales y empresariales vinculados a la producción con materiales recuperados.
En esa ordenanza se estableció que el programa debe ser financiado con recursos provenientes “del 7 por ciento de la Contribución para la Gestión Sustentable del Ambiente Natural y Urbano”, es decir, de la tasa Girsu.
Y según se aprobó en febrero de 2019, en una modificación a la norma original de 2015, esos fondos deben destinarse “a efectos exclusivos de la contención social de las familias afectadas por las actividades en el predio de disposición final” y ese dinero debe ser “administrado por la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad”.
“¿Dónde van los fondos de la tasa Girsu?”, le preguntó entonces Qué digital a D’Andrea. Y el funcionario respondió, como si esa última ordenanza no estuviera en vigencia: “El manejo de la tasa Girsu es simple. Parte va destinado a la operatoria del predio del relleno sanitario que se le paga al Ceamse y parte va destinado a financiar los gastos que genera el playón social; hay movimientos de residuos, hay seguridad, un montón de servicios que se pagan para el playón social y lo mismo para la planta donde trabaja para la cooperativa CURA. Es decir, para esos dos sectores está destinándose parte de la tasa Girsu que es mucho más del 7%”.
Según los datos expuestos por el funcionario, en 2019 se recaudaron por la tasa Girsu $200 millones, de los cuales $14 millones -en proporción, ni el valor de lo que se le abona en un mes al Ceamse- debieron haberse destinado a la contención social de las familias que viven de lo que consiguen en el predio.
UN CENSO DE RECUPERADORES
“Conocer e identificar el universo de personas que recuperan materiales, conformar una base de datos actualizada y georeferenciada, elaborar un diagnóstico de situación de la actividad”. Esos son tres de los objetivos que se postularon en la ordenanza aprobada en septiembre de 2015 que creó el Programa Social del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos.
Este conflicto dejó en evidencia que el Estado municipal hoy pareciera estar lejos de conocer el universo de personas que viven de lo que recuperan del basural. Es que un reciente decreto emitido por la secretaria de Desarrollo Social, Verónica Hourquebié, solicitó mediante cédula de notificación a funcionarios del Ceamse, del área de Desarrollo Social de Provincia y la Nación y a la Mesa Pastoral Social de la Iglesia “que informen el plazo 48 horas el universo de recicladores informales según los registros que obran en su poder, individualizando nombre, apellido, DNI y dirección de cada uno de ellos”.
“Teníamos carnet hace mucho tiempo, en ese momento éramos 360 personas y ahora somos como 600 o 700 por eso queremos reempadronar a la gente de nuevo con carnet”, contó en diálogo con este medio Martín Romero, uno de los referentes de las y los recuperadores, y expuso que fueron ellos quienes realizaron el pedido de un nuevo relevamiento que los registre a las autoridades municipales.
Pero también ese pedido de buscar los datos de los recuperadores estuvo basado en que así lo exige el protocolo que autorizó el gobierno nacional para que las y los recuperadores pudieran volver a ingresar al predio en medio de la pandemia.
