Boleto estudiantil: la Defensoría exige soluciones a la Provincia, al Municipio y a Costa Azul
Tras el fallo judicial a favor de las madres, el organismo inició un expediente en el Concejo Deliberante en el que expone su preocupación y llama a las autoridades a dar una solución.
Luego del fallo de la Cámara de Apelación a favor de las madres que reclaman desde 2019 por la restitución del boleto estudiantil en las líneas de colectivo de Costa Azul, la Defensoría del Pueblo volvió a expedirse y reclamó a las autoridades municipales y provinciales a que ofrezcan una solución junto a la empresa a los centenares de damnificados.
Esta semana se dio a conocer que la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata ordenó al tribunal de primera instancia que había rechazado dar lugar a una acción de amparo y a una medida cautelar que imponga la restitución de los pases, a que se expida nuevamente.
En consecuencia, tal como lo había hecho en una oportunidad, la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon volvió a exigir una respuesta por parte de las autoridades políticas de la Provincia y el Municipio.
A través de un expediente ingresado en el Concejo Deliberante, y firmado por los defensores Fernando Rizzi, Luis Salomón y Daniel Barragán, reiteraron su preocupación por la situación e insistieron en que se trata de “una clara discriminación inconstitucional con relación al resto de los estudiantes de su mismo nivel que no deben trasladarse a establecimientos de otros distritos, y pone en riesgo la continuidad escolar“, manifestaron.
Además, desde la Defensoría consideraron que resulta “totalmente justificada la urgencia de resolver la situación” ya que, aseguran, “ven vulnerada la posibilidad de educar a sus hijos ante la imposibilidad de afrontar el costo del valor ordinario del transporte”, el cual supera largamente los 200 pesos diarios.
En consecuencia, desde la Defensoría exhortaron al gobierno de la Provincia, a la Municipalidad y a la empresa Costa Azul a “arribar a una solución para las aproximadamente 600 familias que hoy padecen la situación”. Además, invitaron a que el Concejo Deliberante también se exprese en este sentido.
Las madres, cuyos hijos concurren a escuelas como la Secundaria N°71 de Chapadmalal, a la Escuela Técnica N°1 de Miramar, y a la Escuela Media N°2 de Otamendi, y a la Escuela Agraria N°12 de Miramar, reclaman a través del amparo que se les garantice a través de una medida cautelar, hasta tanto se resuelva el conflicto de fondo, el acceso al boleto estudiantil suprimido en 2019, enfocadas en el derecho al acceso, permanencia y egreso a la educación en igualdad de oportunidades y condiciones.
A partir de su acción, además, buscan que lo mismo se replique a la totalidad de los recorridos por ruta 2, 11 y 88, donde aseguran los damnificados llegan a ser 600 alumnos y alumnas que concurren a escuelas de distritos vecinos.
Sin embargo, meses atrás el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 16 de Mar del Plata, a cargo de Alejandro Almenta, se había pronunciado en contra del inicio de una acción de amparo y una medida cautelar al considerar que no está afectado de manera directa el derecho a la vida ni a la salud y que, además, se trataba de una cuestión que exigiría “un estudio complejo” por la presencia de intereses de numerosos sujetos con una “complejidad de relaciones”.
En contraposición, luego de que las madres apelaran el fallo junto a la Asesora de Incapaces N°1 del Departamento Judicial Mar del Plata, los jueces que integran la Cámara señalaron que el rechazo del Juzgado en esos términos resulta un “juicio prematuro”, sobre todo ante el peso del derecho a la educación presuntamente vulnerado y ante la situación de vulnerabilidad del colectivo afectado, y que ameritaba un nuevo pronunciamiento.
