Bonificación docente: la Suprema Corte pone fin al expediente iniciado por Arroyo
A partir de que el beneficio se restituyó ante la asunción del gobierno de Montenegro, el máximo tribunal provincial declaró “abstracta” la demanda y no emitió un pronunciamiento.
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia comenzó a ponerle fin al expediente que había iniciado en 2018 el gobierno del por entonces intendente Carlos Arroyo a través del cual cuestionaba una decisión del Concejo Deliberante de restituir la bonifación docente que había sido quitada previamente por su gobierno. Teniendo en cuenta que ante la asunción del gobierno de Guillermo Montenegro el beneficio fue restituido por otro decreto del Ejecutivo el máximo tribunal declaró “abstracto” el litigio y no emitió ningún pronunciamiento.
La decisión de la Suprema Corte fue tomada el miércoles y durante el jueves el gobierno de Guillermo Montenegro fue notificado de la resolución, firmada por los jueces Sergio Torres, Hilda Kogan, Luis Genoud y Eduardo Pettigiani.
En detalle, la resolución dispone “declarar abstracta la cuestión litigiosa, por lo cual no corresponde emitir pronunciamiento acerca de ella”. Es que al haber el Ejecutivo municipal restituido el beneficio en cuestión los magistrados dieron por zanjado el conflicto que se había desatado en 2018 entre el gobierno a cargo de Arroyo y el Concejo Deliberante y que había sido motivo del inicio del expediente.
“Los tribunales de justicia deben expedirse en los asuntos que llegan a su conocimiento tendiendo en consideración las circunstancias existentes al momento de su decisión”, repararon los jueces y hicieron hincapié en la “desaparición del conflicto ventilado” por lo que entendieron que quedó “inhabilitada la Corte para resolver” ya que si lo hicieran ello “constituiría una declaración meramente teórica e inoficiosa y, por lo tanto, impropia de la función jurisdiccional”.
Fue en noviembre de 2018 cuando a través de un decreto que firmaron el exintendente Carlos Arroyo, el por entonces secretario de Hacienda, Hernán Mourelle, y el ex titular de la Secretaría de Educación, Luis Distéfano, el gobierno eliminó una bonificación especial que desde hacía 20 años cobraban los docentes municipales.
Esa decisión no tardó en generar un fuerte malestar entre los docentes de la órbita municipal, que plantearon su disconformidad con este recorte por diversas vías. Una de ellas fue el Concejo Deliberante donde, a excepción de los concejales arroyistas, todo el resto cuestionó la medida.
Tal es así que hubo una interpelación a los funcionarios cargada de tensión, el Cuerpo aprobó por segunda vez una ordenanza -que previamente fue vetada por Arroyo- que devolvió y formalizó la bonificación especial. Es que la justificación del gobierno fue que la bonificación que se abonaba hasta entonces no estaba reglamentada y que por lo tanto no era legal.
Pasaron los días y la tensión fue en aumento, con protestas, paros e idas y vueltas, y el Ejecutivo a cargo de Carlos Arroyo realizó una presentación legal ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires contra el Concejo Deliberante para defender la eliminación de la bonificación.
Tras la presentación, la Suprema Corte suspendió la ordenanza hasta tanto se tratara la cuestión de fondo, que hasta ahora no había sido resuelta por el máximo tribunal de justicia provincial.
Y en este sentido durante la campaña electoral, todos los candidatos a intendente, a excepción de Arroyo, prometieron devolver el beneficio. Así lo hizo Guillermo Montenegro quien tras ser elegido como nuevo intendente ratificó la decisión durante el acto de asunción: “La bonificación docente es un derecho que nunca debió ser recortado del salario de los docentes. Desde el 1 de enero, vuelve la bonificación para los y las docentes del sistema educativo municipal”.
Finamente, el 20 de enero pasado Montenegro formalizó a través de un decreto el regreso de la bonificación a los salarios de los docentes municipales, que volvieron a cobrarla con los sueldos de febrero. De todas maneras, pese al paso de los meses, aún no está definido cómo se enfrentará el pago retroactivo por todo lo quitado desde noviembre de 2018 y que había sido prometido que se abonaría.
