Clausura de Luna Roja: “Inspeccionamos en forma permanente a todos”
El titular del Ente de Turismo, Bernardo Martín, defendió la tarea de control en relación a los balnearios. “Lo que nosotros hacemos es cumplir con los pliegos”, afirmó.
La clausura del balneario Luna Roja impulsada a partir de nuevas denuncias vecinales por irregularidades, en este caso por el vertido de efluentes cloacales al arroyo Lobería desde el complejo de cabañas construidas en la unidad turística fiscal, volvió a exponer la conflictividad que atraviesa a los espacios públicos y playas concesionadas en Mar del Plata. En este marco, el titular del Ente Municipal de Turismo (Emtur), Bernardo Martín, defendió la política de control que lleva adelante el gobierno municipal, dijo que se “inspecciona en forma permanente a todos” los concesionarios y afirmó: “Lo que nosotros hacemos es cumplir con los pliegos”.
La “clausura preventiva” realizada el fin de semana sobre el balneario Luna Roja -explotado bajo ese nombre comercial ya que la unidad turística fiscal se denomina “Playa Bonita”- se produjo a partir del impulso de las y los vecinos de esa zona de Chapadmalal que se encuentran organizados desde hace casi dos años en una asamblea surgida justamente a partir de las irregularidades en la concesión que llevaron en 2020 a su clausura y reapertura en enero de este año.
En diálogo con Qué digital, Martín explicó que la nueva clausura fue implementada por el Distrito Descentralizado de Chapadmalal teniendo en cuenta que el Emtur “no cuenta con poder clausura” aunque sí de control del cumplimiento de los pliegos vigentes en cada una de las concesiones. “Somos el contralor de los contratos y de las prestaciones pero no tenemos poder de policía para hacer una clausura ni para levantarla tampoco”, expuso.
Más allá de esa cuestión administrativa, el funcionario reparó en que durante el fin de semana largo se había labrado a cargo del Emtur una infracción contra el concesionario –EJC S.A, a cargo de Leonardo de Siena- que generó el inicio de un proceso administrativo que podría derivar en la aplicación de una nueva multa.
Consultado respecto a que las situaciones de este tipo generalmente se detectan a partir de la organización vecinal y no por controles realizados por el Estado municipal, el funcionario defendió la política de control desplegada por la gestión municipal. “Nosotros actuamos todos días, en todos lados. Esto lo que tiene es más difusión mediática pero nosotros actuamos en todos los balnearios y en todos lados, es constante el accionar”, respondió.
Asimismo, se refirió a un punto de la concesión que tiene que ver con las cabañas emplazadas a metros del arroyo Lobería, que fue donde desde se produjo el vertido de efluentes cloacales el pasado fin de semana largo. “Se habla de cabañas ilegales y las construcciones que se realizaron están de acuerdo al pliego de licitación establecido. No son cabañas ilegales, están presentadas en el pliego y era una obra que nosotros intimamos que se hiciera porque cuando cualquier concesionario presenta una obra, se presenta una concesión, el monto de inversión es lo que más genera trabajo en las UTF”, sostuvo.
Desde el conflicto desatado el año pasado las y los vecinos de la zona nucleados en la Asamblea Luna Roja sostienen la ilegalidad de las construcciones sobre la arena a partir de la normativa provincial vigente, mientras que las autoridades municipales y el concesionario afirman que están previstas dentro del pliego que entregó ese espacio en concesión hasta enero de 2030.
Los reclamos vecinales por acciones de contaminación con efluentes cloacales también alcanzan a un balneario aledaño, Manantiales Club de Mar, que explota la firma Rivan SA con alquiler de unidades de sombra, hospedaje, gastronomía y hasta SPA, piscina y gimnasio. “Son concesiones que no son recientes, que llevan muchos años, por ahí pensadas en una ciudad distinta a la que estamos viviendo ahora y lo que nosotros hacemos es cumplir los pliegos”, dijo Martín en ese sentido y volvió a defender los controles realizados al exponer que con esa empresa en particular se encuentran abiertas dos demandas judiciales por incumplimientos contractuales.
“Estamos trabajando en forma permanente, inspeccionándolos en forma permanente a todos. De hecho por nuestra acción y por nuestra intimación se está agregando arena en Playa Grande“, concluyó el funcionario.
