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12/05/2021

Colectivos: el área Legal del Municipio avala otra prórroga y la emergencia

Dictaminó que no existen impedimentos legales para avanzar con una extensión de los contratos por otros dos años y con la declaración de emergencia del sector.

Colectivos: el área Legal del Municipio avala otra prórroga y la emergencia
(Foto: archivo / Qué digital)

La Subsecretaría Legal y Técnica del gobierno municipal sostuvo en dos escritos elevados al Concejo Deliberante que “no existen impedimentos legales” para que se pueda avanzar en una nueva prórroga de hasta dos años de los actuales contratos que rigen el sistema de colectivos en Mar del Plata a cargo del polémico empresario Juan Inza, al tiempo que dictaminó lo mismo para el pedido de la declaración de emergencia del sector, también impulsada por el empresario.

Los informes fueron elevados a fines de la semana pasada a la comisión de Movilidad Urbana, desde donde se habían impulsado las consultas ante el tratamiento de los dos expedientes impulsados por el empresario tras el fracaso del nuevo pliego que propuso el gobierno de Guillermo Montenegro y que fue archivado por falta de consenso. Ahora, la comisión volverá a reunirse este jueves para tratar esos dos expediente y otro que también enciende polémica: el del aumento del boleto.

En la anterior reunión de la comisión de Movilidad Urbana las y los concejales trataron por primera vez una nota particular presentada por el empresario Inza -que prácticamente monopoliza el control de todas las líneas de colectivos de la ciudad- con la que en diciembre pasado, ni bien se iniciaba el debate del finalmente caído nuevo pliego para llamar a licitación, pedía que se dispusiera una prorroga de tres años prevista en el pliego vigente para mantener el servicio.

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El tratamiento en la comisión derivó en un pedido de informes elevado a la Secretaría de Gobierno para que desde el área de Legal y Técnica se expidieran al respecto. Esa respuesta, firmada por el subsecretario Mauro Martinelli, fue elevada a fines de la semana pasada al Concejo y se agregó al expediente.

Concretamente, el escrito dice que una prórroga por el lapso de tres años como la prevista en el pliego actual es improcedente ya que para que ello ocurra, con el aval del Concejo, el gobierno debiera comunicar a las empresas esa posibilidad seis meses antes de la finalización de los contratos, lo cual resulta “de cumplimiento imposible” teniendo en cuenta que los actuales contratos vencen el 19 de junio.

Pero de todas maneras, el informe de Legal y Técnica reparó en que sí se puede utilizar nuevamente otra figura que ya fue usada por el entonces gobierno de Carlos Arroyo mediante un decreto dictado en junio de 2019 cuando se vencieron originalmente los contratos: la determinación de la “continuidad del servicio” por un plazo de hasta dos años.

La normativa que vincula al Municipio con las empresas concesionarias vencen el 19 de junio de 2021 y en atención a que se encuentra en discusión un pliego de licitación para la concesión y que se requiere de un plazo suficiente para concluir con el debate, se autorice y licite es que resulta razonable continuar con el mismo por un periodo de tiempo determinado con una cláusula que establezca como limite adicional la adjudicación, lo que suceda primero”, dictaminó Martinelli.

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Y sumó: “El artículo 5 de la ordenanza 16.789 es claro cuando establece que la Municipalidad puede requerir a las empresas concesionarias que continúen con la prestación del servicio ‘una vez vencido el término de la concesión o producida la expiración anticipada de la relación contractual conforme a las estipulaciones de este pliego’ y que éstos están obligados a hacerlo”.

DECLARACIÓN DE EMERGENCIA, SIN OBJECIONES

La discusión en torno a una posible prórroga de los contratos ante la caída del nuevo pliego propuesto por el gobierno se produce mientras desde el sector empresarial acusan un fuerte impacto de la crisis generada por la pandemia del coronavirus. Así, por ejemplo, mientras se niegan a implementar medidas como incorporar más unidades para evitar amontonamientos, sostienen que los niveles de pasajeros cayeron hasta un 90% en el momento de aislamiento más estricto el año pasado y remarcan que actualmente el servicio opera al 40% de sus valores regulares.

Así fue que además de pedir un descomunal aumento del boleto el empresario Inza presentó otro expediente en busca de que el Concejo Deliberante declare la emergencia para el transporte público de Mar del Plata y que así “se autorice al Poder Ejecutivo Municipal a readecuar temporalmente las cláusulas y condiciones contractuales a fin de poder rediseñar el sistema público de transporte de pasajeros”.

Ese expediente fue tratado también en la comisión de Movilidad Urbana y allí se decidió emitir un pedido de informes hacia el área de Legal y Técnica del gobierno municipal, que ahora también elevó su dictamen.

En él, el subsecretario Martinelli plantea que “no existe ningún tipo de impedimento legal para que el Concejo Deliberante la declare” y repara en que “resulta a todas luces evidentes que dicho servicio esencial, como es el de transporte de pasajeros, desde marzo de 2020 vio modificados los factores que inciden en su normal prestación en relación a la situación prepandemia”.

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“Tal como ha señalado en diferentes oportunidades el subsecretario de Movilidad Urbana del Municipio, el actual servicio se encuentra afectado por la pandemia en todos sus componentes, donde se registra una caída de pasajeros promedio del 70%, una disminución de subsidios del orden del 30% y un aumento de costos, todo ello en el último año calendario. Es por ello que no caben dudas que el servicio está en emergencia”, concluyó.

EL PEDIDO DEL SUBA DEL BOLETO VUELVE AL DEBATE

En la reunión de la comisión de Movilidad Urbana del Concejo convocada para este jueves además del expediente que trata una prórroga de los contratos y la declaración de emergencia también volverá a ponerse en discusión el pedido de aumento del boleto.

En la reunión anterior funcionarios municipales expusieron los argumentos del estudio de costos que planteó que el valor debería ser de $93,69 en tanto que instaron a que sea el Concejo el que analice una tarifa “razonable”. Inicialmente, en el expediente el empresariado había solicitado una suba de los actuales $35,24 a $96,06, es decir más de un 165% de incremento.

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