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25/02/2021

Choferes fantasmas: los procesados en la causa podrán presentarse en la nueva licitación

Así lo permite el pliego del gobierno y así lo ratificó el secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti, al plantear que sólo se impide que participen empresarios con alguna “sentencia firme” en contra.

Choferes fantasmas: los procesados en la causa podrán presentarse en la nueva licitación
(Fotos: archivo / Qué digital)

La fijación de una cláusula antimonopólica para intentar evitar que, como en la actualidad, un empresario maneje todas las líneas de colectivos aunque estén formalmente a cargo de diversas empresas y la habilitación que le da el nuevo pliego propuesto por el gobierno municipal al actual empresario Juan Inza a presentarse en la licitación pese a que irá a juicio por defraudar al Estado en el cobro irregular de subsidios son dos puntos en los que reparan desde parte de la oposición desde el inicio del debate en Concejo Deliberante de cara al futuro llamado a licitación para concesionar el servicio.

Y este miércoles en una nueva reunión de la comisión de Transporte el secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti, ratificó -sin nombrarlos- que Juan Inza y los otros empresarios que se encuentran procesados por la Justicia en el marco de la causa “Choferes fantasmas -elevada a juicio- podrán participar de la licitación que abrirá el gobierno tras el paso del expediente por el Concejo para volver a licitar el servicio de colectivos en Mar de Plata, ahora por los próximos 25 años.

En el marco de la reunión de la comisión de Transporte en la que el gobierno anunció una serie de modificaciones realizadas al pliego original presentado a fines del año pasado a partir de las diversas críticas surgidas desde la oposición pero fundamentalmente en la audiencia pública, el concejal del Frente de Todos Vito Amalfitano reiteró una duda ya formulada previamente a los funcionarios municipales: cómo tiene en cuenta el pliego que los actuales empresarios -entre ellos Inza- irán a juicio por una defraudación al Estado de alrededor de $16 millones.

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Inicialmente, Amalfitano expuso que en el pliego que está actualmente vigente existe una cláusula que fija una inhabilitación para licitar a quienes tuvieran “cuestiones judiciales pendientes con la Municipalidad” y remarcó que el actual pliego propuesto por el gobierno “elimina esa cláusula” y establece la inhabilitación para participar en casos que exista “cosa juzgada”, es decir que no tiene en cuenta causas judiciales en trámite como la que desde 2016 implica a Inza y otros actuales concesionarios.

“En particular no es que se elimina una cláusula, hay una mirada de redacción de una nueva cláusula que establece con mucha claridad qué significa tener litigios con el Municipio, que tienen que estar como cosa juzgada, tiene que haber concluido y tiene que haber sentencia firme si no este litigio no genera ni una culpabilidad presunta, estamos en la máxima del principio de inocencia, y además tiene que haber una conclusión. Por eso lo hemos dejado en claro”, respondió Bonifatti.

El secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti

Tras esa respuesta, que confirmó entonces que los actuales concesionarios podrán volver a participar de la licitación y hasta quedarse nuevamente con los servicios, el concejal del Frente de Todos reparó en una tabla de valoración prevista en el pliego para que una comisión evalúe al momento de proceso licitatorio la presentación de los diferentes oferentes.

Y así remarcó que esa tabla prevé una valoración relevante para a quienes tengan mayor antigüedad en el rubro, cantidad de vehículos operando y consultó cómo pesa en esa evaluación -al no estar fijado concretamente- el caso de oferentes que tengan causas judiciales abiertas “por defraudar al Estado”.

“La tabla está muy clara. La valoración que se hace sobre los oferentes es en relación a sus experiencias, hay una comisión evaluadora que va a trabajar sobre la antigüedad en el rubro y otorga una cantidad de puntos de acuerdo a los años y también sobre sus antecedentes, eso es el trabajo de la comisión evaluadora que dictaminará sobre los antecedes y de qué manera puntúa. Hay 13 puntos de máximo para otorgar frente a los antecedentes. Cuando se meritúa se toma en cuenta los aspectos positivos y negativos“, respondió Bonifatti.

Y Amalfitano insistió con su pregunta “¿ Y las causas pendientes por defraudación al Estado?”

“Es trabajo de la comisión evaluadora, frente a cada empresa. Ya veremos. No sé si habrá alguna empresa que se presente con causas pendientes“, afirmó el funcionario municipal.

Tras la reunión de la comisión, el concejal Amalfitano evaluó a través de sus redes sociales: “En el pliego actual se inhabilita a licitar a los que tuvieran cuestiones judiciales pendientes con la Municipalidad. Hoy esa cláusula se elimina y nos responden que se le permitiría presentarse a quien tenga causas abiertas por defraudación”.

Los actuales contratos con las empresas 25 de Mayo, El Libertador, 12 de Octubre y Peralta Ramos (todas en manos del polémico empresario Juan Inza), además de Batán SA, vencen a mediados de junio de este año por lo que el gobierno intenta acelerar el tratamiento en el Concejo para poder llegar a término con el proceso licitatorio.

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En diciembre pasado, la Fiscalía Federal Nº1 de Mar del Plata pidió -y consiguió el aval del Juzgado interviniente- que Juan Inza vaya a juicio oral junto a otros tres empresarios y a un contador en el marco del escándalo de los “choferes fantasmas”, nombre que se le impuso a la maniobra de dar de alta como supuestos trabajadores a desocupados para estafar al Estado en unos $16 millones con el cobro de subsidios.

El actual concesionario, Juan Inza

La resolución alcanzó a los acusados que llegaron a esta instancia de la causa procesados: Juan Inza (que monopoliza como “apoderado” o “gerente” prácticamente todas las empresas de colectivos que operan en la ciudad), Juan Inza (padre), Diego Basílico (por la empresa Peralta Ramos), Carlos Málaga (gerente de la 25 de Mayo) y Federico José Pomero (contador).

Desde julio de 2017 Juan Inza y los otros acusados -que pese a este escándalo mantienen en sus manos la concesióny siguen recibiendo subsidios- se encuentran procesados por haber defraudado al Estado nacional al falsear declaraciones juradas en las que figuraban 357 empleados en blanco que nunca fueron contratados para el cobro de más de $16 millones en conceptos de subsidios entre enero, febrero y marzo de 2016. Desde mayo de 2018 ese procesamiento se encuentra confirmado por la Cámara Federal de Apelaciones.

La denuncia en el fuero federal fue realizada a inicios de 2017 por el Ministerio de Transporte de la Nación a la cual luego se acumuló la investigación originada un año antes en la Fiscalía de Delitos Económicos de la Justicia provincial y que llevó adelante el fiscal Fernando Berlingeri por estos mismos sucesos surgidos ante denuncias de desempleados -representados por la Casa de Trabajador- que vieron cómo se les daban de baja las ayudas sociales del Estado a partir de figurar como trabajadores en relación de dependencia pese a no estarlo.

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