Colectivos: tras las críticas de Inza, retoman el debate del nuevo pliego
Tras más de dos meses, este lunes la comisión de Movilidad Urbana volverá a tratar el proyecto impulsado por el gobierno.
Con cruces entre oficialismo y oposición ya adelantados a través de las redes sociales, la comisión de Movilidad Urbana del Concejo Deliberante volverá a poner en discusión este lunes el nuevo pliego para licitar el deficiente servicio de colectivos de Mar del Plata. El tratamiento, tras más de dos meses, se retomará después de que el empresario Juan Inza -actual concesionario que monopoliza el sistema- elevara cuestionamientos contra el expediente impulsado por el gobierno municipal.
El 27 de marzo se produjo el segundo y último (hasta el momento) tratamiento del nuevo pliego impulsado por el gobierno de Guillermo Montenegro -tras el fracaso del anterior que terminó archivado en 2021- y este lunes la comisión que preside el concejal del PRO Guillermo Volponi volverá a ponerlo en debate.
Su incorporación del orden del día, tras más de dos meses, se produjo después de que esta semana la Cámara Marplatense de Empresas de Transporte Automotor de Pasajeros (Cametap) presentara ante el Concejo su posición en torno al nuevo pliego: el empresario Inza sostuvo que es “inaplicable“, que sus firmas son “discriminadas” y que los monopolios en el servicio “son naturales” y pidió que se haga “un nuevo proyecto”.
Con ese planteo del actual concesionario -que el año pasado logró eludir una condena judicial en la causa por el escándalo de los “choferes fantasmas“- este lunes la comisión volverá a poner en debate el pliego que fue presentado el 11 de noviembre pasado por el gobierno. En el tratamiento anterior acudieron contadores de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) que fueron los encargados de confeccionar el nuevo modelo para las futuras definiciones tarifarias.
En la previa de la reunión de la comisión del lunes a partir de las 9, desde el oficialismo y la oposición ya cruzaron opiniones a través de las redes sociales.
“Lo dijimos desde el primer momento que Juntos x el Cambio presentó este nuevo pliego. Montenegro no va a resolver el problema del transporte público para nuestros vecinos y vecinas”, sostuvo la concejala del Frente de Todos Marina Santoro tras darse a conocer la postura empresarial contra el nuevo proyecto.
Por su parte, desde el oficialismo Agustín Neme consideró que “el kirchnerismo no quiere mejorar el transporte de la ciudad” y apuntó: “Ahora salen a bancar la crítica que realizó la cámara de transporte al pliego”.
En su presentación, entre varios puntos, Inza dedicó un apartado particular a la clausula antimonopólica incluida en el nuevo pliego, que fue reclamada por la oposición en base a lo que planteaba el primero. Al respecto, el empresario consideró que los objetivos de la prevención de prácticas monopólicas “no surgen con claridad” y que los concesionarios actuales son “discriminados“.
Así sostuvo que en el transporte público de red -como en otros servicios públicos- “los monopolios son considerados naturales territorialmente“. Argumentó, al respecto, que los servicios implican una magnitud de capital fijo que justifica la existencia del monopolio y consideró que “no corresponde el tratamiento dado en el pliego mediante la aplicación irrestricta de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia tal como si se tratara de una cuestión de mercado”.
Uno de los principales reclamos de la oposición durante el primer debate realizado entre fines de 2020 y principios de 2021 tuvo que ver con la necesidad de reforzar de manera explícita la garantía antimonopólica para que, básicamente, los tres grupos de líneas en los que se divide el nuevo pliego no terminen por quedar a cargo del mismo grupo empresario como pasó con la concesión aún vigente con Inza controlando la gran mayoría del sistema (a excepción de las líneas de Batán).
En este nuevo pliego, el gobierno municipal estipuló ahora sí un apartado que se titula “cláusula antimonopólica” y que plantea que es “esencial para el funcionamiento del sistema que cada grupo de líneas sea operado por diferentes sujetos de derecho, siendo obligatorio su cumplimiento desde la adjudicación hasta la finalización del plazo de concesión”.
Así, sostiene que “los adjudicatarios deberán dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en el Capítulo III, Ley Nº 27.442 (de Defensa de la Competencia) a fin de no lesionar el interés económico general”.
En la actualidad, los contratos –prorrogados desde diciembre por un año más– están firmados con las empresas El Libertador, 12 de Octubre, 25 de Mayo y Peralta Ramos, todas en manos de Inza, y Batán SA.
