Costa Azul: el Concejo le pidió a la Provincia “garantizar el boleto estudiantil”
Mientras la tramitación del amparo todavía espera una nueva resolución, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad una comunicación para el gobierno provincial.
A dos meses del fallo de la Cámara de Apelación a favor de las madres que reclaman desde 2019 por la restitución del boleto estudiantil en las líneas de colectivo de la empresa Costa Azul, el Concejo Deliberante aprobó en la última sesión por unanimidad un proyecto de comunicación que se elevará al gobierno provincial y en el que le piden realizar “las gestiones conducentes a garantizar el acceso al boleto estudiantil para los estudiantes que deben salir de la jurisdicción para cursar sus estudios”. El expediente califica la situación como una “clara discriminación”.
En la última sesión del Concejo Deliberante fueron dos los expediente votados por unanimidad en torno al conflicto que se presenta desde 2019 y que sólo tuvo una solución parcial y temporal en el medio: el primero fue una resolución presentada por la Defensoría del Pueblo y el segundo un proyecto de comunicación impulsado por Acción Marplatense y dirigido al gobierno provincial.
La resolución expresa “preocupación por la situación de los estudiantes secundarios usuarios de la línea de transporte interurbana Costa Azul que no disponen del respectivo boleto estudiantil, debiendo erogar la totalidad del mismo, situación que genera una clara discriminación inconstitucional con relación al resto de los estudiantes de su mismo nivel que no deben trasladarse a establecimientos de otros distritos y pone en riesgo la continuidad escolar”.
Tras su aprobación, se dispuso que se emitan copias a la Subsecretaría de Transporte de la Provincia, a cargo del funcionario Alejo Supply, al Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi) y a la propia Defensoría del Pueblo.
Por su parte, el proyecto de comunicación le pide al gobierno de Axel Kicillof “la realización de gestiones conducentes a garantizar el acceso del boleto estudiantil para los estudiantes usuarios de la empresa Costa Azul, que deben salir de la jurisdicción para cursar sus estudios, generando una clara discriminación inconstitucional”. Ese expediente será girado además de la Subsecretaría de Transporte de la Provincia a la empresa que maneja Juan Inza y a la Defensoría del Pueblo bonaerense.
Las madres, cuyos hijos concurren a escuelas como la Secundaria N°71 de Chapadmalal, a la Escuela Técnica N°1 de Miramar, y a la Escuela Media N°2 de Otamendi, y a la Escuela Agraria N°12 de Miramar, al no tener respuestas de las autoridades políticas decidieron a fines de marzo presentar un amparo en la Justicia que se les garantice a través de una medida cautelar, hasta tanto se resuelva el conflicto de fondo, el acceso al boleto estudiantil suprimido en 2019, enfocadas en el derecho al acceso, permanencia y egreso a la educación en igualdad de oportunidades y condiciones.
A partir de su acción, además, buscaron que lo mismo se replique a la totalidad de los recorridos por ruta 2, 11 y 88, donde aseguran los damnificados llegan a ser 600 alumnos y alumnas que concurren a escuelas de distritos vecinos.
Sin embargo, en abril el Juzgado en lo Civil y Comercial N° 16 de Mar del Plata, a cargo de Alejandro Almenta, se había pronunciado en contra del inicio del amparo y el dictado de una medida cautelar al considerar que no estaba afectado de manera directa el derecho a la vida ni a la salud y que, además, se trataba de una cuestión que exigiría “un estudio complejo” por la presencia de intereses de numerosos sujetos con una “complejidad de relaciones”.
En contraposición, luego de que las madres apelaran el fallo junto a la Asesoría de Incapaces N°1, los jueces que integran la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo resolvieron en junio que el rechazo del Juzgado en esos términos resultó un “juicio prematuro”, sobre todo ante el peso del derecho a la educación presuntamente vulnerado y ante la situación de vulnerabilidad del colectivo afectado, y que ameritaba un nuevo pronunciamiento.
Desde ese momento, continúa la tramitación en el Juzgado en lo Civil N°16 a la espera del dictado de una nueva resolución.
El conflicto se inició en 2019 cuando la Provincia dio de baja a la empresa El Rápido del Sud de los servicios que brindaba entre Mar del Plata y algunas localidades vecinas. Esos servicios eran utilizados por las familias de los barrios más alejados del centro para enviar a sus hijos e hijas a colegios de otros barrios o incluso otras localidades, con pases otorgados por la propia empresa.
Sin embargo, al tomar los recorridos que unen a Mar del Plata con localidades de la Ruta 11, 2 y 88, la empresa 12 de Octubre-Costa Azul, propiedad del empresario Juan Inza, se negó a otorgar esos pases, amparándose en que se trata de un servicio de media distancia, provincial, y que no tiene una normativa vigente que la obligue a ofrecerlo como sí ocurre en los de corta distancia.
En el medio, las familias tuvieron el cambio de autoridades a nivel nacional, provincial y municipal y, más allá de avances a principios de 2020, luego todo volvió a foja cero con la paralización que supuso la pandemia, por la cual además los estudiantes dejaron de concurrir a las escuelas.
El inicio del ciclo lectivo 2021, entonces, encontró a las familias prácticamente igual que en 2019, a pesar del tiempo transcurrido y las gestiones que exigieron durante todo este tiempo. Lo único que sí cambió es el poder adquisitivo de las familias que, en medio de la crisis, deben pagar altísimas sumas a la empresa solo para que sus hijos e hijas puedan ir al colegio.
