Cuatro años de “tolerancia cero” en Mar del Plata y su posible extensión a la Provincia
La Legislatura provincial trata hace meses la modificación del Código de Tránsito para instaurar una “Ley de Alcohol Cero” que alcance a todos los municipios.
Cerca de cumplirse cuatro años desde la implementación de la “tolerancia cero” en Mar del Plata, que prohíbe a personas que conduzcan vehículos hacerlo con presencia de alcohol en sangre, avanza a nivel provincial un proyecto que busca hacerla extensiva a todo el territorio bonaerense a través de la modificación de la Ley 13.927, el Código de Tránsito.
En Mar del Plata la “tolerancia cero” empezó a regir en septiembre de 2018 a través de un decreto del por entonces intendente Carlos Arroyo, una medida que fue decidida por decreto (1980/18) y que de todos modos le valió algunas críticas.
Sin embargo, más allá de esa decisión local y que algunos pocos municipios fueron adoptando esa medida, en la Provincia rigen los lineamientos de la Ley Nacional de Tránsito (N° 24.449) -a través del Código de Tránsito-, que establece la prohibición de conducción con un nivel de alcoholemia superior a 500 miligramos por litro de sangre. Para personas que conduzcan motos o ciclomotores, el límite es de 200 miligramos y 0 miligramos para conductores profesionales.
Sin embargo, a partir del impulso de organizaciones de víctimas para que la tolerancia cero sea la regla y no la excepción, actualmente en la Legislatura provincial se están tratando iniciativas que proponen la modificación al Código de Tránsito, entre ellas la que ingresó en abril por el propio ministro de Transporte, Jorge D’Onofrio.
Además de la “tolerancia cero” el proyecto oficialista de la denominada Ley de Alcohol Cero en la Provincia establece penalidades por infringir que contemplan: el arresto; la retención de la licencia e inhabilitación para conducir que va desde los tres meses hasta dieciocho meses para el infractor o la infractora según el grado de alcoholemia.
A su vez, incluye una multa o la obligación de concurrir a cursos especiales de educación y capacitación para el correcto uso de la vía pública, y en caso de incumplir con el pago de la multa, esta triplicará su valor; y finalmente, el “decomiso de los elementos cuya comercialización, uso o transporte en los vehículos esté expresamente prohibido”.
Se trata de una iniciativa que, esperan, permita revertir el diagnóstico actual en las calles bonaerenses. Es que, según datos del gobierno de la Provincia, en el territorio bonaerense se registran cuatro muertes por día en siniestros viales, la siniestralidad vial aparece como la primera causa de muerte en personas menores de 35 años y el alcohol está presente en 1 de cada 4 siniestros viales.
Puntualmente, en el primer trimestre del año los operativos de verano de la Agencia Provincial de Seguridad Vial concretó 1.447 inhabilitaciones de permisos de conducir por manejar por encima de los valores permitidos de alcohol en sangre en el territorio bonaerense, mientras que a nivel local en los primeros seis meses del año las licencias retenidas en Mar del Plata por esa razón ascendieron a 1.600 según la Municipalidad.
De todos modos, más allá de haber sido presentado en abril, el proyecto oficialista todavía continúa en el Senado junto a otros dos de Juntos y el Frente Renovador y, más allá de las reuniones llevadas adelante por el propio D’Onofrio con legisladores bonaerenses para la búsqueda de consensos como lo hizo con el marplatense Alejandro Rabinovich, recién el mes pasado comenzaron las exposiciones de distintos sectores ante las comisiones internas de la Cámara alta como la Junta de Seguridad de Transporte.
La presencia de los tres proyectos, con sus diferencias, por ejemplo, en torno a los márgenes de error y falsos positivos a establecer -que podría estirarse hasta el 0,06% según publicó Clarín– es en parte lo que demora su avance.
Ante esa situación, la Defensoría del Pueblo, que respalda las iniciativas, pidió semanas atrás a través del defensor Walter Martello que se avance en la unificación de los proyectos para “una rápida sanción de la norma”. Además de considerarla “una herramienta eficaz para la prevención de consumos problemáticos”, desde la Defensoría sostienen que su “firme convicción” para “seguir trabajando para que esta iniciativa sea una realidad”
