Cuidacoches: un nuevo proyecto del oficialismo y malestar de trabajadores
Busca crear en registro restrictivo para quienes tengan antecedentes penales. “Este trabajo es una salida a la exclusión”, afirmaron desde el MTE al cuestionar la iniciativa.
Cuando en marzo pasado el intendente Guillermo Montenegro abrió las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante uno de los pedidos que realizó al Cuerpo fue el de establecer una “regulación de los cuidacoches”. Para ese entonces la concejal radical Vilma Baragiola ya había presentado un proyecto que generó críticas desde la oposición al acusar un “sesgo discriminador” y “estigmatizante”. Y ahora, bajo ese mismo sentido, a través del concejal Agustín Neme el Ejecutivo ingresó un nuevo expediente, que a los pocos días generó rechazo de un grupo de trabajadores al plantear que “algunos de los requisitos deja a muchas personas sin su único ingreso diario por cuestiones de salud y antecedentes penales”.
El disparador para el nuevo proyecto presentado esta semana por el concejal del bloque oficialista “Vamos Juntos” fue la difusión por parte del gobierno municipal de imágenes registradas por cámaras de seguridad de un violento ataque concretado en el marco de una pelea que se produjo entre cuidacoches en la zona de Bernardo de Irigoyen y Matheu, y que terminó con un herido y dos aprehendidos.
En ese marco, rápidamente Neme presentó el proyecto, en algunos casos con características similares al que había presentado meses atrás la concejala Baragiola, que no registró avances en su tratamiento.
En detalle, el proyecto de ordenanza que ahora deberá empezar a tratar el Cuerpo estipula la creación de un registro de cuidacoches con una serie de “requisitos”: ser mayores de edad, acreditar ser residentes de Mar del Plata con una antigüedad mínima y continuada de tres años, no registrar antecedentes penales ni tener “ingresos formales o ayudas del Estado de cualquier índole que superen el importe del salario mínimo, vital y móvil”, entre otros.
El proyecto, a su vez, exige previamente, entre otros requisitos, “la realización de estrictos estudios médicos; el desarrollo de cursos orientados a la ciudadanía, derechos y obligaciones del cuidador de vehículos, normas de seguridad en la vía pública, entre otros”.
Por otro lado, propone como autoridad de aplicación a la Secretaría de Seguridad con “un trabajo articulado con las distintas fuerzas de seguridad”. Los permisos, según lo estipulado en el proyecto, tendrían una duración de un año y luego deberían ser renovados.
En marzo pasado, tras el pedido de Montenegro al Concejo, desde el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) -que nuclea a unos 80 trapitos y que en julio del año pasado había comenzado a trabajar en la elaboración de un proyecto que regule sus tareas– le solicitaron al jefe comunal “ser tenidos en cuenta a la hora de proyectar y planificar una política municipal en ese sentido”.
En este sentido, conocido el nuevo proyecto impulsado por el oficialismo, desde el Movimiento expusieron su malestar y rechazo.
“Desde la rama cuidacoches del MTE venimos trabajando en un proyecto de ordenanza para regular la situación de quienes realizan esta actividad, lograr un permiso, tener una identificación y promover el respeto hacia lxs vecinxs y automovilistas, por lo que repudiamos cualquier hecho de violencia y entendemos que lo sucedido días atrás es un caso aislado que no puede utilizarse como excusa para avanzar sobre nosotros y nosotras”, señalaron.
Y plantearon su oposición “a cualquier intento de elaborar un proyecto, como hiciera el concejal Agustín Neme, que no contemple nuestras realidades y surja en respuesta a este tipo de hechos que son aislados y no es la generalidad de lo que sucede con nuestros compañeros y compañeras”.
Pero además cuestionaron que algunos de los requisitos estimulados en el proyecto oficial “deja a muchas personas sin su único ingreso diario, por cuestiones de salud y antecedentes penales, por ejemplo”.
“Sabemos, por experiencias propias, que este trabajo es una salida a la exclusión, a la imposibilidad de acceso a mejores oportunidades por, a veces, justamente tener esas condiciones preexistentes“, remarcaron. Y también lamentaron que la iniciativa oficialista establezca a la Secretaría de Seguridad como órgano de control.
“Nosotros proponemos que el programa se abra dentro de la Secretaría de Desarrollo Productivo y se vincule con las de Desarrollo Social e Inspección General”, remarcaron y solicitaron que se forme una mesa de trabajo “para ser tenidos en cuenta”. “Es fundamental tener un permiso, una identificación y un seguimiento de nuestras condiciones”, concluyeron.
