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24/01/2020

Economía popular: un régimen de promoción para fomentar la contratación

Se trata de un proyecto de ordenanza que impulsa la contratación de grupos asociativos en un 25% de la obra pública municipal.

Economía popular: un régimen de promoción para fomentar la contratación
(Foto: ilustrativa / Qué digital)

En consonancia con dos iniciativas elevadas a nivel provincial y nacional, el Frente de Todos propone crear un Régimen Municipal de Promoción del Trabajo y Desarrollo de la Economía Popular, Social y Solidaria, con el objetivo central de promover, fomentar y facilitar la contratación de grupos asociativos para la obra pública que dependa del Estado municipal. La iniciativa busca que se le adjudique a este sector un 25% del total de obra pública.

En concreto, el proyecto de ordenanza fue elevado al Concejo Deliberante por el concejal del Frente de Todos Roberto Gandolfi y establece la creación del régimen, con la idea de impulsar la participación del sector de la economía popular, social y solidaria en las licitaciones vinculadas con la obra pública en la ciudad, un reclamo histórico de diferentes sectores, que se ha repetido con el correr de los años y que incluso ya tuvo una iniciativa similar en tratamiento en el deliberativo, que no logró llegar al recinto de sesiones.

En ese marco, el nuevo proyecto ahonda acerca de la importancia de la economía popular como estrategia de desarrollo “basada en la promoción y fomento de relaciones económicas con perspectiva de derechos humanos, en las que debe primar la dignidad de las personas”.

Y en ese sentido, la iniciativa incluye a personas físicas o grupos asociativos, además de cooperativas, mutuales, asociaciones civiles, fundaciones, agrupaciones de microemprendedores, empresas recuperadas y organizaciones, entre otras.

En cuanto a los objetivos, lo que se busca con el régimen es “fomentar, agilizar y mejorar” la inserción de los grupos asociativos en los procedimientos de contratación de obras públicas efectuados por la administración central, sus organismos autárquicos o descentralizados.

Pero además, también se persigue la idea de contribuir a la “generación, crecimiento, sostenimiento y mejora del trabajo”, la promoción de los valores sociales de igualdad, solidaridad, autogestión, ayuda mutua y justicia social y el estímulo de cara a la capacitación y formación continua en los aspectos técnicos, organizativos y comerciales necesarios.

En cuanto a su implementación, el proyecto establece que el Municipio y sus entes deberán “establecer una reserva equivalente, como mínimo, al 25 % del total de la obra pública prevista y/o a ejecutarse en cada período presupuestario” con el fin de adjudicarla a integrantes de la economía popular.

“Cuando se trate de obras de arquitectura e infraestructura social (mejoras en el hábitat en los barrios populares, villas y asentamientos) se priorizará la promoción del trabajo de los grupos asociativos descritos”, se sugiere en el proyecto de ordenanza, en el que también se indica que la reglamentación de la norma deberá “asegurar con claridad y precisión el cumplimiento de esta priorización y reserva”.

OBRAS, CERTIFICADOS Y COBRO

En lo relativo a las obras comprendidas, se establecen seis grupos: obras de viviendas; saneamiento y producción de espacios verdes y suelo urbano; accesibilidad; refacción, construcción y mantenimiento de la infraestructura escolar, de hospitales y centros de salud, de espacios de prácticas deportivas, culturales y/o de recreación; ampliación y mantenimiento de infraestructura de redes de servicios públicos; y forestación, producción de espacios verdes rurales y núcleos de producción de alimentos agroecológicos.

Además, y de cara a su implementación, el proyecto prevé la creación de un “Certificado de capacidad y habilitación para grupos asociativos de la economía popular, social y solidaria’’, otorgado por la Secretaría de Desarrollo Productivo, en base a una serie de pautas establecidas.

Y finalmente, la propuesta establece también que quienes sean contratados para estas obras tendrán derecho irrenunciable “a percibir un anticipo financiero de hasta el 30% del monto contratado, el que se amortizará, en forma proporcional, con los certificados de obra a emitirse en la primera mitad de la obra”.

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