TSU: el gobierno confirmó que en enero empezará a aplicar el aumento del 73%
El secretario de Hacienda confirmó que así fue fijado en el calendario impositivo independientemente del tratamiento en el Concejo.
El secretario de Economía municipal, Germán Blanco, confirmó que a partir de enero empezará a aplicarse el aumento del 73% en la Tasa de Servicios Urbanos (TSU) propuesto por el gobierno independientemente de su tratamiento en el Concejo Deliberante. El funcionario remarcó que el objetivo es evitar que las y los contribuyentes tengan que abonar en algún mes un monto de suba superior a ese valor en caso de atrasarse el debate.
La definición de Blanco se produjo este lunes en la primera reunión de la comisión de Hacienda del Concejo Deliberante en la que empezó el paso de las y los funcionarios municipales para exponer sobre el Presupuesto 2023. Allí también adelantó que esperan alcanzar un nivel de cobrabilidad del 65% -tras un 61% con el que proyectan terminar este año- y justificó la falta de avances en la implementación de una nueva fórmula de la tasa, con criterios más eficaces y equitativos, por el alto proceso inflacionario.
En principio, cabe remarcar que la Tasa de Servicios Urbanos (TSU) consta de un valor anual y mensualmente se emiten “anticipos” o cuotas, y el valor total el gobierno municipal puede determinar cómo distribuirlo a lo largo de los meses a través del denominado “calendario impositivo“.
Y, tal como ocurrió el año pasado, cuando se produjeron algunas quejas ante la sorpresa que generó en diversos contribuyentes encontrar aumentos meses antes de la aprobación de la ordenanza fiscal e impositiva en el Concejo Deliberante, este año el gobierno municipal definió que a partir de enero los anticipos empiecen a llegar con el 73% de aumento propuesto por el gobierno aun en caso de que para esa fecha no avance la aprobación del expediente.
Así lo confirmó Blanco ante una pregunta de la concejala del Frente de Todos, Virginia Sívori, crítica de esa herramienta al considerar que se realiza una “manipulación” de los aumentos antes de que sean formalmente aprobados por el Concejo.
El argumento de Blanco ante ese cuestionamiento fue que lo que el gobierno busca es que “las cuotas sean homogéneas” y “siempre las mismas” a lo largo de todo el año para “evitar que haya meses en los que llegue más del 73% de aumento”.
Asimismo, reparó en que para el caso de que el Concejo Deliberante no aprobara el 73% y defina un monto diferente “se puede hacer un reajuste” en las cuotas siguientes a partir de su aprobación.
Por otro lado, Blanco fue consultado por el nivel de cobrabilidad y recaudación que esperan alcanzar en 2023 con la TSU y planteó que se proyecta alcanzar un 65% en relación a los montos. Y graficó que estiman que 2022 se cerrará con un nivel cercano al 61% (59% de las cuentas) tras un 2021 que fue del 58%. En cantidad de cuentas esos porcentajes se traducen en que en 2021 la cobrabilidad alcanzó a 427.867 contrbuyentes y, en 2022, a 432.479.
MÁS DEMORA PARA LA REFORMULACIÓN DE LA TSU
Uno de los cuestionamientos que se reiteró al igual que el año pasado por parte de la oposición giró en torno a la falta de cumplimiento con el reiteradas veces anunciado rediseño la TSU, ya que año a año todos los sectores coinciden en que la misma se encuentra desactualizada y es “obsoleta”.
Blanco confirmó que el cambio de la fórmula, que apuntará a hacer la tasa “más eficaz y equitativa”, deberá seguir esperando al menos un año más y que se seguirá trabajando con la Facultad de Ciencias Económicas ya que en abril se realizó una entrega preliminar de una propuesta de rediseño a la que el gobierno municipal respondió con pedidos adicionales para mejorarla.
“Entiendo que el trabajo encarado es ambicioso ya que pretendemos que la propuesta de la Universidad incluya una serie de argumentos y justificaciones no sólo desde el punto de vista económico sino también jurídico”, explicó el funcionario a partir de de algunos antecedentes de cuestionamientos realizados desde la Justicia en función de los criterios de eficacia y equidad en términos urbanos y de ingresos.
Pero además el funcionario entendió que el fuerte proceso inflacionario que vive el país no es el mejor contexto para implementar un cambio de ese tipo: “Creemos que en este contexto es agregarle más variabilidad a los contribuyentes y que las condiciones ideales para que estos cambios se pudieran aplicar sería en un contexto macroeconómico con un menor de inflación”.
