El gobierno decretó el cupo laboral travesti y trans en el sector público nacional
Garantiza en el sector público nacional un mínimo del 1% de la totalidad de cargos y contratos, tal como está estipulado en la Provincia y en ciudades como Mar del Plata.
El presidente Alberto Fernández estableció a través de un decreto el cupo laboral travesti y trans en el sector público nacional que garantiza un mínimo del 1% de la totalidad de cargos y contratos para personas travestis, transexuales y transgénero. Se trata de una decisión que “busca reparar una desigualdad estructural” que existe en la sociedad respecto a la población que integra el colectivo LGBTIQ+.
Cabe recordar que en la provincia de Buenos Aires la Ley del cupo laboral Diana Sacayán está vigente y reglamentada desde el 2015, y en el caso de Mar del Plata, el Municipio se adhirió a la misma a través de la Ordenanza 23.237. Sin embargo, y desde hace tiempo, diferentes organizaciones vienen denunciando la falta de cumplimiento y la implementación de la normativa a nivel local.
De acuerdo al decreto nacional publicado este viernes en el Boletín Oficial, se estipula que para asegurar el cumplimiento del cupo laboral trans, se hará una “reserva de puestos de trabajo”, en cualquiera de las modalidades de contratación, que podrán ser alcanzados por personas travestis y trans.
En este marco, la norma resalta que no importa si “realizaron o no la rectificación registral del sexo y el cambio de nombre de pila e imagen en su DNI”. Por otra parte, establece “mecanismos para garantizar que las personas aspirantes a los puestos de trabajo puedan completar sus estudios”. Esto último para los casos de quienes tengan su formación educativa incompleta.
Además, para llevar adelante esta política se creará una “Unidad de Coordinación Interministerial” que estará a cargo del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y que será integrada por la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Nación de la Jefatura de Gabinete; el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) y el Ministerio de Educación para garantizar el cumplimiento efectivo del ingreso y permanencia en los trabajos.
Por último, el decreto también establece que el Ministerio de las Mujeres junto con el Instituto Nacional de la Administración Pública se encargarán de capacitar a las autoridades y el personal del Poder Ejecutivo Nacional, para asegurar que “la inclusión en los puestos de trabajo del sector público se realice en condiciones de respeto a la identidad y expresión de género de las personas”.
Tras la publicación del decreto, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, se refirió a la desigualdad que hay en la sociedad como un “patrón sistemático” que particularmente somete a las personas travestis, transexuales y transgénero a “una cadena de exclusiones y discriminación que muchas veces se inicia en la niñez”.
Y, en esta misma línea, la ministra agregó: “Desde el Estado tenemos la obligación de generar las condiciones para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos y la igualdad de oportunidades. El cupo laboral trans es un paso importante en ese camino”.
Por su parte, la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, celebró el decreto del presidente y consideró que es “una decisión reparadora con una perspectiva de futuro enorme”. En este sentido, hizo referencia a la situación de la ley cupo laboral trans en el territorio bonaerense. “Construimos la comisión mixta para el cumplimiento del cupo y estamos implementando un programa para el acceso real al empleo, la permanencia y la formación laboral”, explicó.
A su vez recordó a la militante travesti impulsora del cupo laboral Diana Sacayán:“Tan presente en todas y cada una de estas conquistas. Hoy es un día un poquito menos injusto gracias a esta decisión tan importante para una población tan castigada históricamente”, cerró.
Días previos y en plena pandemia por el coronavirus, más de 150 organizaciones de todo el país se habían unido a la iniciativa de la “Liga LGBTIQ+ de las Provincias” para reclamar la sanción urgente de una ley nacional de cupo travesti-trans. Manifestaron que “solo un 10% de la población travesti y trans está empleada formalmente” y que ese porcentaje refleja que “la discriminación por identidad de género es una barrera sistemática para el derecho a un trabajo digno”.
