El gobierno nacional autorizó aumentos del 19% en la telefonía e internet
El Enacom dispuso que se implementen con un 9,5% a partir de mayo y otro valor similar desde julio.
El gobierno nacional autorizó formalmente este lunes a las compañías que prestan los servicios de internet, telefonía celular y televisión por cable y satelital a implementar nuevos aumentos en la tarifas de hasta el 19% en dos tramos: 9,5% a partir de mayo y otro 9,5% desde julio.
En medio de una escalada inflacionaria sin control, la resolución del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) que autoriza la implementación de nuevos aumentos en el sector fue publicada este lunes en el Boletín Oficial, y se produce en el marco del conflicto existente entre el gobierno y algunas de las grandes empresas por aumentos previos sin autorización que nunca fueron devueltos a las y los usuarios y mientras sigue suspendido judicialmente el decreto que en agosto de 2020 declaró como “servicios públicos esenciales” a la telefonía, internet y la televisión paga.
La resolución firmada por el titular del Enacom, Claudio Ambrosini, establece que las empresas prestatarias de la telefonía móvil “podrán aplicar a partir del 1° de mayo de 2022 un incremento en el valor de los precios minoristas de cualquiera de sus planes en las modalidades pospagas y mixtas en hasta un 9,5%”. Asimismo, también contempla que a partir del 1° de julio de 2022 las prestadoras “podrán aplicar un nuevo incremento de hasta un 9,5% sobre los mismos precios, tomando como referencia los valores actualizados”.
Además, la resolución estipuló una serie de valores máximos para los precios de la modalidad prepaga: así fija a partir del 1° de mayo la recarga de 50 MB de datos móviles por día en $27,40 con impuestos incluidos; el segundo de voz en $0,42 con impuestos incluidos; y los SMS $5,50 con impuestos incluidos.
Por otro lado, la resolución también habilita la aplicación de los mismo aumentos para las empresas prestatarias de internet, de telefonía fija y de televisión por cable y satelital.
Uno de los artículos expresa que “cualquier incremento sobre los precios minoristas que hubiese sido aplicado y que supere los valores expresamente autorizados deberá ser reintegrado a sus usuarios y usuarias en la próxima factura a emitir, con actualización e intereses sujetos a la misma tasa de interés que aplican a sus clientes por mora en el pago de facturas”. Y sostiene que “en aquellos casos en los que algún usuario o usuaria no abonare su factura con incrementos superiores a los autorizados, las prestadoras deberán abstenerse de computar los plazos legales vigentes para proceder a la suspensión del servicio”.
De todos modos se trata de algo que en los hechos no se cumple en el marco de las disputas que mantienen las empresas del sector con el gobierno nacional. Sin ir más lejos, por ejemplo, la empresa Movistar ya notificó a sus usuarios que los precios de sus servicios de telefonía móvil se incrementarán hasta un 12,6% en junio.
