El gobierno nacional oficializó el cierre del acuerdo con el FMI
El proyecto y sus anexos, que contempla el programa acordado con el FMI, ingresará este jueves al Congreso para ser debatido.
El gobierno nacional oficializó el cierre del acuerdo anunciado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco de la renegociación de la deuda contraída en 2018 por 45 mil millones de dólares por parte del gobierno de Mauricio Macri, y anunciaron que este jueves ingresará el proyecto al Congreso para ser debatido. Algunos detalles del programa de “cogobierno” cerrado por Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán.
Durante la jornada, luego de hermetismo y reuniones en la Cámara de Diputados, el gobierno nacional presentará el “Acuerdo para el Refinanciamiento de la Deuda entre la República Argentina y el Fondo Monetario Internacional”, con los anexos correspondientes que incluyen los entendimientos y textos técnicos alcanzados para convertir el acuerdo “Stand By” firmado en 2018 y con vencimientos “concentrados” en 2022 y 2023 por uno de “Facilidades Extendidas”.
A grandes rasgos, según explicaron en un documento difundido por el gobierno nacional, el acuerdo incluye un “cogobierno” con el FMI: diez revisiones del organismo a las cuentas nacionales que se realizarán de manera trimestral durante dos años y medio.
En cuanto a los desembolsos que realizará el organismo como parte de la deuda contraída, indicaron: “El primer desembolso se realizará luego de la aprobación del programa por parte del directorio del FMI. El resto de los desembolsos se hará luego de completarse cada revisión”, indica el documento. No obstante, al tener un “período de gracia” de cuatro años, el acuerdo implica comenzar a pagar la deuda en 2026 y hasta 2034.
El acuerdo contempla una reducción de la inflación como una de las metas macroeconómicas, aunque abordado con un enfoque integral. “La condición necesaria para consolidar la desinflación es mantener un proceso de acumulación de reservas que le otorgará al Estado mayor autonomía en la ejecución de políticas públicas”, indicaron.
A su vez, se propone una “consolidación fiscal progresiva que reduzca el déficit fiscal“. Esa reducción gradual del déficit, establece un “crecimiento moderado” del gasto en términos reales, según señalan, con el objetivo de “apuntalar la recuperación económica en curso”. Así, las metas de déficit primario pautadas son del 2,5% del PIB en 2022, del 1,9% en 2023 y del 0,9% en 2024.
Frente a esas metas, que suelen implicar un proceso de ajuste, el gobierno nacional asegura que será posible aplicar “un paquete equilibrado de medidas de gastos e ingresos” a la hora de sostener la “política expansiva”, como la inversión en infraestructura, ciencia, empleo o asistencia social.
En ese sentido, el documento ratifica que el acuerdo con el FMI “no prevé ninguna reforma previsional“: es que el staff del Fondo Monetario ve con buenos ojos la actual fórmula de actualización previsional, cuestionada por algunos sectores, que traza el crecimiento de las prestaciones en función de la recaudación nacional y de los salarios.
En cuanto a las tarifas, aseguran que se busca lograr “niveles de tarifas razonables” y “susceptibles de ser aplicadas con criterios de justicia y equidad distributiva para los servicios de gas y electricidad”. Para eso, las revisiones tarifarias para usuarios residenciales se realizarán según el coeficiente de variación salarial.
“Con dicho parámetro, el Poder Ejecutivo nacional impulsará, previa audiencia pública convocada a fines de abril de 2022, las medidas que tracen un sendero para el bienio 2022-2023 una nueva propuesta tarifaria con un esquema de segmentación de subsidios que enfoque los esfuerzos del Estado Nacional en aquellos usuarios vulnerables y con menor capacidad de pago”, indicaron.
En ese sentido, la segmentación tarifaria para la redistribución de subsidios contempla tres niveles: habrá usuarios que dejarán de percibir subsidios tarifarios (en consecuencia, tendrán un fuerte incremento) y serán aquellos que tienen “plena capacidad de pago“, es decir, los sectores de mayores ingresos. Por su parte, usuarios de tarifa social tendrán un incremento total por año del 40% del coeficiente de variación del salario del año anterior, en tanto que para el resto de los usuarios el incremento total por año calendario será equivalente al 80% de ese mismo coeficiente.
Según adelantaron, el proyecto con sus anexos, ingresará el Congreso en los términos de la Ley 27.612 de “Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública”, impulsada por el oficialismo y que contempla que todo programa realizado con el FMI requerirá ser aprobado por el Congreso.
Al respecto, el FMI emitió un comunicado esta tarde anunciando el cierre total del acuerdo: “El acuerdo a nivel de personal aún está sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI, que ha sido informado informalmente sobre los elementos del programa propuesto. Se espera que el Directorio Ejecutivo analice la solicitud del programa respaldado por el FMI después de que el Congreso Nacional argentino apruebe el programa económico y financiero incorporado en el Memorándum de Políticas Económicas y Financieras y los documentos relacionados”.
