Fotomultas: antes de la puesta en marcha, piden informes sobre la empresa involucrada
Desde el Concejo Deliberante, un sector opositor volvió a cuestionar el convenio con la Universidad de San Martín y la falta de convalidación del Cuerpo.
Mientras se proyecta como nuevo plazo oficial que a principios de octubre se ponga en marcha el nuevo sistema de fotomultas en Mar del Plata, las repercusiones desde el plano político se mantienen en torno a la decisión del intendente Guillermo Montenegro de avanzar con el convenio firmado con la Universidad Nacional de San Martín pese a su falta de convalidación del Concejo Deliberante, y en ese sentido desde un sector opositor elevaron un proyecto de comunicación en el que exponen un informe contrario a esa decisión del Tribunal de Cuentas bonaerenses y piden detalles sobre la empresa involucrada en la operatoria de las cámaras.
El proyecto de comunicación fue elevado por el concejal opositor Alejandro Carrancio y en él hace referencia a un dictamen emitido por el Tribunal de Cuentas bonaerense ante una consulta realizada que establece que “el Municipio debió contar con la autorización correspondiente por parte del Concejo Deliberante para suscribir los convenios motivos de la consulta, por tratarse de una facultad atribuida a dicho poder municipal”, según reseña el expediente presentado.
Esa referencia se remonta al origen del conflicto entre todo el arco opositor y el gobierno municipal: Montenegro decidió comenzar a ejecutar sin la aprobación del Concejo el convenio al argumentar un cambio en la Ley Orgánica de las Municipalidad que, sostiene, así se lo permite. Sin embargo, desde la oposición recurrieron el Tribunal de Cuentas a modo de consulta al plantear que los cambios en la norma entraron en vigencia después de firmado el convenio por lo que denunciaron que se trató de una disposición “ilegal” del intendente.
Se trata de un artículo de la Ley Orgánica de las Municipalidades que determina que corresponde a los concejos deliberantes “autorizar consorcios, cooperativas, convenios y acogimientos a las leyes provinciales o nacionales” y exime de ese requisito “los casos de los convenios suscriptos con los organismos de la Administración Central, desconcentrados, descentralizados. Sociedades y Empresas del Estado, tanto de la Provincia de Buenos Aires como del Estado Nacional”.
Desde la oposición apuntan a que esos cambios en la ley, concretamente en el artículo 41, se promulgaron el 31 de diciembre y que el convenio entre la Municipalidad y la Universidad de San Martín fue firmado diez días antes, el 21 de diciembre, con lo cual no podría aplicarse al no tener condición de retroactivo.
En ese marco, el proyecto de comunicación elevado por Carrancio pide que el gobierno municipal “emita su opinión respecto del informe elaborado por el Honorable Tribunal de Cuentas”.
A su vez, y por otro lado, el proyecto hace foco en la operatoria del sistema y en otro punto que también había sido cuestionado por todo el arco opositor mientras duró el debate -que finalmente no avanzó- en el Concejo: que el convenio con la universidad incluye a una empresa para la provisión de las cámaras que ni siquiera se conoce de manera oficial cuál es, aunque en medio del debate en el Concejo el propio concejal Carrancio afirmó que se trata de Secutrans.
Así, el expediente busca que el gobierno detalle si “las cámaras son provistas por una empresa, indicando nombre de la empresa involucrada y modalidad de entrega de las cámaras o si por el contrario se llevo a cabo una licitación para la compra de las cámaras”. Asimismo, requiere que se informe cuál fue el destino de las cámaras instaladas en el marco del convenio celebrado con la Universidad Tecnológica Nacional, que estuvo vigente durante el gobierno de Carlos Arroyo.
Mientras todavía se aguarda que se dé a conocer información oficial sobre cuándo será la fecha de inicio del sistema, más allá de que la nueva proyección indica que sería hacia octubre, ya se conoce que a través de las fotomultas se detectarán tres infracciones: vehículos que circulen a una velocidad mayor de la permitida, cruces de semáforo en rojo e “invasión” de los vehículos sobre la senda peatonal con multas que implican valores que se extenderán hasta los $172.300.
