Fotomultas: ejecución del convenio, denuncias de “ilegalidad” y archivo en el Concejo
Mientras avanza la implementación del sistema, la oposición recurrió al Tribunal de Cuentas para conocer si es aplicable el cambio en la ley argumentado por el gobierno.
La comisión de Legislación archivó en las últimas horas el expediente que contenía el acuerdo de implementación del sistema de fotomultas firmado con la Universidad Nacional de San Martín y que el gobierno comenzó a ejecutar sin la aprobación del Concejo Deliberante al argumentar un cambio en la Ley Orgánica de las Municipalidad que, sostiene, así se lo permite.
Sin embargo, desde la oposición anunciaron haber recurrido el Tribunal de Cuentas a modo de consulta al plantear que los cambios en la norma entraron en vigencia después de firmado el convenio por lo que denuncian que se trata de una disposición “ilegal” del intendente Guillermo Montenegro.
A una semana del anuncio del gobierno municipal de empezar a instrumentar -con un período de prueba de entre 60 y 90 días- el convenio firmado en diciembre con la Universidad de San Martín por medio del cual volverá a implementarse el sistema de fotomultas en Mar del Plata que había quedado sin funcionamiento desde 2019, todavía son muy pocos los detalles dados a conocer oficialmente sobre cómo será su ejecución y puesta en marcha.
Sin embargo, desde el punto de vista político la decisión del intendente Montenegro sigue generando repercusiones. En ese sentido, este lunes en la comisión de Legislación se trató el expediente que contiene el convenio que ahora el gobierno ejecutará sin la aprobación del Concejo, y allí con el apoyo de Acción Marplatense el oficialismo dispuso su archivo al entender que ya no presenta sentido su continuidad del tratamiento teniendo en cuenta su implementación por fuera de la decisión del Cuerpo.
De todas formas, el Frente de Todos se opuso a ese archivo y pidió -sin éxito- que se volvieran a pedir informes al gobierno al sostener que la implementación del acuerdo sin la aprobación del Concejo es “ilegal”.
Así lo calificó la concejala Marina Santoro y explicó que la semana pasada desde el bloque acudieron con una consulta al Tribunal de Cuentas bonaerense para que desde el organismo se expida respecto a si el argumento del gobierno municipal de pasar a ejecutar el convenio sin la aprobación del Concejo es válida o no.
Es que desde el bloque opositor -con coincidencia de Acción Marplantese– sostienen que los cambios en la Ley Orgánicas de las Municipalidades, concretamente, en el artículo 41, se promulgaron el 31 de diciembre y que el convenio entre la Municipalidad y la Universidad de San Martín fue firmado diez días antes, es decir el 21 de diciembre, con lo cual no podría aplicarse al no tener condición de retroactivo.
Ese artículo de la Ley Orgánica de las Municipalidades sostiene que corresponde a los concejos deliberantes “autorizar consorcios, cooperativas, convenios y acogimientos a las leyes provinciales o nacionales” y exime de ese requisito “los casos de los convenios suscriptos con los organismos de la Administración Central, desconcentrados, descentralizados. Sociedades y Empresas del Estado, tanto de la Provincia de Buenos Aires como del Estado Nacional”.
Incluso en línea con los cuestionamientos, desde Acción Marplatense llegaron a poner en duda que un convenio con una universidad nacional llegue a estar contemplado en ese texto de la norma.
Desde el conjunto de la oposición cuestionan que detrás de la Universidad de San Martín se encuentra una empresa –Secutrans– que será beneficiada en con la puesta en marcha del sistema a partir de las provisión de los equipos y que por ello debió llamarse a una licitación pública.
