Fotomultas: con denuncias de “negociado”, el convenio avanzó en otra comisión
El oficialismo hizo avanzar el expediente en la segunda de cuatro comisiones por las que deberá pasar. El Frente de Todos y Acción Marplatense votaron en contra.
El convenio firmado entre el gobierno municipal y la Universidad Nacional de San Martín para volver a implementar el sistema de fotomultas en Mar del Plata avanzó este lunes en una nueva comisión del Concejo Deliberante, la de Movilidad Urbana, después de la polémica y las acusaciones vertidas desde el Frente de Todos contra el concejal Nicolás Lauría durante el tratamiento anterior y ahora con la denuncia por parte del bloque opositor de la existencia de un “negociado”. El expediente seguirá su recorrido por otras dos comisiones antes de llegar a sesión. Acción Marplatense se sumó al rechazo al proyecto.
A partir del pedido formulado por el propio intendente Guillermo Montenegro durante la apertura de sesiones ordinarias para que se avance con el tratamiento del convenio, el oficialismo aceleró la discusión y mientras que el jueves ya lo hizo con su votación positiva en la comisión de Seguridad -con cruces y polémica incluida entre la oposición- este lunes ocurrió lo propio en la de Movilidad Urbana, en la que el oficialismo cuenta con mayoría.
Justamente el cambio del giro para el paso del expediente por la comisión de Movilidad Urbana y no por la de Educación como estaba previsto originalmente fue lo que antes del inicio del tratamiento del convenio en sí generó una crisis en el Concejo Deliberante con críticas hacia la presidenta del Cuerpo, Marina Sánchez Herrero, por parte de la toda la oposición en conjunto por introducir esa modificación sin acuerdo. Por eso incluso llegó a realizarse una sesión extraordinaria en la que de todas maneras se impuso la voluntad oficialista.
Este lunes en la comisión de Movilidad Urbana el interbloque de Juntos por el Cambio le dio los votos positivos, en tanto que el Frente de Todos ratificó su rechazo y Acción Marplatense anunció que tampoco está de acuerdo y no lo acompañará bajo el argumento central de que no se haya avanzado con la confección de un pliego de bases y condiciones para llamar a una licitación y en cambio se haya avanzado con un convenio con una institución para su puesta en marcha.
“¿Tenemos que ir a San Martín para que nos hagan un plan de seguridad vial?”, cuestionó el concejal Horacio Taccone y afirmó que “la elección de universidades para hacer estos convenios son destinadas a evitar las licitaciones públicas”.
Desde el oficialismo, inicialmente el concejal Agustín Neme consideró que “no es un proyecto de fotomultas sino que integra un plan de seguridad vial”. Y más adelante en la discusión dijo que no respondería “cuestiones que buscan más una chicana política que otra cosa”. “Este expediente resuelve las cuestiones de seguridad, es muy importante en términos de movilidad urbana y de educación vial”, definió.
Por su parte, el Frente de Todos consideró que el convenio se trata de un “escándalo” ya que si bien se firmó con la Universidad de San Martín se lleva a cabo “con la intermediación de una empresa privada con antecedentes de muchísimas irregularidades”. El concejal Vito Amalfitano también cuestionó que no se haya convocado previamente a la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) y que no esté estipulado el destino de fondos a la educación vial ni la creación de una comisión de seguimiento, evaluación y control como sí existía en el convenio previo que estuvo en vigencia en la ciudad.
Asimismo, hizo mención a que la recaudación para la Municipalidad será de un 24% contra un 50% que contemplaba el anterior. “Por ahí los fines recaudatorios vienen por otro lado, por la insistencia con la que salga este convenio con tantas irregularidades”, acusó Amalfitano. Y luego la concejala Marina Santoro denunció la existencia de “un gran negociado para unos pocos”.
A partir de ahora, el expediente pasará a ser tratado por la comisiones de Legislación y Hacienda para luego llegar al recinto de sesiones.
De acuerdo al proyecto de ordenanza que contiene el convenio con la Universidad de San Martín, la distribución de los fondos que se recauden a partir de las infracciones es diferente al sistema que estuvo en vigencia previamente en la ciudad: la Provincia será acreedora de un monto equivalente al 20% del total de las sumas que se abonen, que serán distribuidas por intermedio del Sistema de Administración Centralizada de Infracciones de Transito, en tanto que del resto de lo recaudado le corresponderá un 70% a la Universidad y sólo el 30% a la Municipalidad.
En cuanto al convenio, el propio secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti, confirmó que aunque no están operativos, se inició la colocación de los dispositivos como parte de un cronograma que prevé la instalación por etapas de los 200 dispositivos semafóricos y 30 cinemómetros, es decir, aquellos que miden la velocidad.
