Fotomultas y regulación de la prostitución, los pedidos de Montenegro al Concejo
Un repaso por los expedientes presentados por el gobierno que el intendente le reclamó a las y los concejales que traten en los próximos meses.
En su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, el intendente Guillermo Montenegro le pidió a las y los concejales el tratamiento y avance de cuatro expedientes, tres mayormente vinculados a la “seguridad vial” y otro que apunta a establecer regulaciones y sanciones para la prostitución en la vía pública.
Se trata de dos temas ya abordados en el Cuerpo que han generado polémicas, fuertes cuestionamientos opositores y denuncias cruzadas.
PROSTITUCIÓN
Uno de los expedientes sobre los que Montenegro reclamó su tratamiento fue el que presentó a fines de diciembre tras el fracaso legislativo de un proyecto previo impulsado en su momento por el concejal Nicolás Lauría cuando todavía formaba parte del oficialismo: la nueva iniciativa busca fijar lugares donde se podrá llevar adelante la prostitución en la vía pública y, además, estipular multas y sanciones como arresto de cinco a treinta días a quienes lo incumplan.
En la apertura de sesiones de este miércoles Montenegro habló de una “necesidad de prohibir de manera urgente la actividad sexual que se desarrolla en la puerta de las casas de los vecinos, y que además conlleva actividades ilícitas y situaciones de violencia constante”. “Necesitamos que esto avance, no es un tema ideológico”, le reclamó a las y los concejales y dijo que el Cuerpo tiene “la oportunidad de darle una herramienta a la Justicia y a la Policía para que los vecinos vivan más seguros”.
La iniciativa establece “que la actividad no podrá llevarse a cabo en lugares en los que hubiere vecinos frentistas con residencia domiciliaria” y al mismo tiempo determina un plazo de 45 días para la recepción de solicitudes o realización de reuniones para la determinación de los lugares y horarios habilitados.
La presentación del proyecto se produjo luego de que en noviembre, a seis meses de archivado el proyecto que buscaba ordenar un “traslado” de la denominada “Zona Roja” y “regular la oferta de sexo”, avanzara en comisión un nuevo proyecto de ordenanza consensuado entre el ahora concejal de Crear Juntos Nicolás Lauría y el Frente de Todos. En el expediente, finalmente se descartó ese traslado y, en cambio, se busca crea un “programa de zonas seguras de protección integral” que apunta a “promover medidas focalizadas para la prevención de violencia y delito” y “garantizar una convivencia democrática y respetuosa de los distintos proyectos de vida siempre y cuando no representen un delito o contravención”.
“La autoridad de aplicación acordará con quienes ejercen la prostitución en la vía publica las condiciones que hagan al desarrollo de la actividad de forma segura para quienes habiten dichos espacios, el cual será sin frentistas, debiendo asimismo observar de manera rigurosa que quienes demanden dicha oferta sexual no incurran acciones violentas ni realicen desmanes ni nada que el Municipio considere fuera de lugar. En ningún caso podrán tomarse medidas contrarias al código de faltas provincial”, fija uno de los artículos de ese proyecto.
Los dos expedientes, el consensuado por la oposición y el impulsado por Montenegro, esperan ser abordados en la comisión de Legislación.
FOTOMULTAS Y TRÁNSITO
Otros tres pedidos de Montenegro al Concejo estuvieron orientados a expedientes ingresados también a fines del año pasado relativos al tránsito y la seguridad. El primero -que ya generó polémica y denuncias de la oposición– es el que busca el aval al convenio firmado con la Universidad Nacional de San Martín (Unsam) para volver a implementar las fotomultas en Mar del Plata, para lo cual se prevé instalar a lo largo de un año 200 dispositivos de detección de infracciones de tránsito.
En la apertura de sesiones, Montenegro dijo que el sistema “permitirá contar con cámaras que no solo servirán para detectar infracciones sino que se sumarán al sistema de monitoreo para la seguridad en general” y afirmó ante las críticas opositoras: “El plan de seguridad vial no tiene un fin recaudatorio. Estamos pensando en un sistema que funciona en el mundo y que salva vidas. Incluye campañas de concientización, incorporación de dispositivos de videovigilancia, intervenciones viales, capacitaciones, entre otras medidas”.
De acuerdo al proyecto de ordenanza, la distribución de los fondos que se recauden a partir de las infracciones es diferente al sistema que estuvo en vigencia previamente en la ciudad: la Provincia será acreedora de un monto equivalente al 20% del total de las sumas que se abonen, que serán distribuidas por intermedio del Sistema de Administración Centralizada de Infracciones de Transito, en tanto que del resto de lo recaudado le corresponderá un 70% a la Universidad y sólo el 30% a la Municipalidad.
Montenegro también le pidió a los concejales que avancen con el tratamiento de otros dos expedientes vinculados al tránsito y a la seguridad: uno de ellos busca crear un “Programa de Denuncias Viales Ciudadanas por Medio de Dispositivos Telefónicos Móviles”, que implica la generación de una aplicación para que vecinas y vecinos puedan registrar con sus celulares fotos de infracciones de tránsito y elevarlas de manera automática a la Secretaría de Seguridad con el objetivo de generar una sanción.
El otro expediente plantea incorporar un software de reconocimiento facial bajo el objetivo de “identificar a prófugos buscados por la Justicia” además de detectar objetos y comportamientos dinámicos.
