Inician una auditoría por irregularidades en la repotenciación de la Central 9 de Julio
El gobierno provincial hará una revisión del contrato firmado en 2016 que se adjudicó en 24 horas a la empresa Proenergy SRL. Investigan desvío de fondos y cambios en el pliego en perjuicio de la empresa estatal Centrales de la Costa Atlántica.
La repotenciación de la Central 9 de Julio fue utilizada en más de una ocasión entre los “logros” de las gestiones de María Eugenia Vidal y Carlos Arroyo, en la Provincia y en el Municipio, respectivamente. Sin embargo, al encontrar “irregularidades y anomalías” en el millonario contrato firmado con la empresa Proenergy Service Argentina SRL para llevar adelante las obras, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires comenzará una auditoría para analizar una contratación y ejecución de una obra millonaria en la que el Estado podría haber sido perjudicado económicamente.
La repotenciación fue una histórica necesidad que, con el Sindicato de Luz y Fuerza como uno de sus principales impulsores, se concretó en 2016 con el lanzamiento del concurso y la adjudicación de las obras por parte de la empresa Centrales de la Costa Atlántica S.A. (CCA) -por entonces presidida por Thierry Decoud- de la que depende la central marplatense y que además cuenta con acciones mayoritarias del estado provincial.
Según una comunicación del actual gobierno provincial, el concurso de precios se lanzó ese año con el objetivo de ampliar la potencia de la planta de generación de energía eléctrica en 100 megavatios, en un pliego de condiciones que incluía “concebir, construir y poner en funcionamiento la obra” que daría a Mar del Plata y la zona importantes mejoras y capacidad de respuesta en el servicio eléctrico.
No obstante, desde la actual gestión del ministerio señalaron una serie de “registros sospechosos” que encendieron la alarma y el primero de ellos fue el “tiempo récord” en que fue adjudicada la obra, es decir, solo unas 24 horas en las que se analizaron los cuatro oferentes entre los que se impuso Proenergy. La licitación tenía un monto de 101 millones de dólares.
El segundo de los registros es quizás uno de los más graves: una orden de compra –del cual no fue informado el monto- que la empresa CCA hizo en favor de una empresa “gemela” de Proenergy (Proenergy Services LLC) y no así a la ganadora de la licitación (Proenergy Service Argentina SRL). Para las autoridades, implicaría “un grave perjuicio económico ya que todos los fondos debieron ser girados a una empresa en el exterior”. Este hecho, además, tendría responsabilidades en las autoridades de CCA que no lo observaron.
Asimismo, desde el ministerio indicaron que se realizaron modificaciones en las condiciones del pliego licitatorio, como por ejemplo la eliminación de un fondo de reparo y también de las garantías de funcionamiento, los cuales, advierten, “conllevarían un riesgo económico para CCA”.
Entre las condiciones cambiadas del pliego, hay un punto que también implicaría perjuicios económicos importantes para la empresa controlada mayoritariamente por el Estado: según el pliego original era la locataria quien debía hacerse cargo de los equipos, desde su embarque en el exterior, con los costos de traslado e impositivos que eso conlleva. Sin embargo, el pliego se cambió para que los equipos pasen a nombre de CCA desde su embarque: es decir, la empresa estatal debía costear su llegada a Mar del Plata.
De la misma manera, Proenergy se aseguró que el costo del servicio de mantenimiento no programado no se incluya en el pliego, sino que pasaría a ejecutarse “bajo una negociación tarifaria entre ellos y CCA”, un nuevo potencial perjuicio económico para CCA.
Por último, las autoridades ministeriales repararon en que, ante el incumplimiento de los plazos de la puesta en marcha de la Central en tiempo y forma, la consecuente penalización por parte de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) -de unos 12 millones de dólares– fue pagada por CCA, cuando en realidad esa responsabilidad le cabría a Proenergy.
La foto del 2 de febrero de 2017 tenía a María Eugenia Vidal en el centro de la escena, y a Carlos Arroyo a su lado. Ambos, en la inauguración de las obras de ampliación buscaban capitalizar políticamente una histórica demanda de las y los marplatenses, pero también del sector productivo de la ciudad y la región.
“Estamos mostrando una obra que se prometió ocho veces en quince años”, decía la por entonces gobernadora bonaerense en relación a las obras y haciendo referencia a sus beneficios no sólo para Mar del Plata, sino para las ciudades aledañas.
El anuncio lo hizo, además, haciendo referencia a la candente crisis energética y los tarifazos que marcaron la gestión de Cambiemos, con una llamativa referencia al uso de los fondos estatales, que según las actuales autoridades se habrían destinado a paliar gastos de la empresa adjudicada: “Cuando tenemos que tomar decisiones de aumento no es fácil, porque sabemos que le pega en el bolsillo a la gente. Pero (eso) se traduce en menos cortes y obras y la plata no se va a otro lado, viene acá”.
En síntesis, una obra tan prometida como la repotenciación se concretó en su gestión, pero ahora el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos buscará determinar a qué costo y con qué irregularidades que habrían perjudicado las arcas estatales en favor de la empresa locataria.
