El Ejecutivo demandó al Concejo Deliberante en la Suprema Corte

En una insólita maniobra, por primera vez un intendente judicializó ante el máximo tribunal una disputa con el Poder Legislativo, donde Arroyo tiene mayoría. Pretende defender la quita de las bonificaciones especiales docentes.

17/12/2018
El Ejecutivo demandó al Concejo Deliberante en la Suprema Corte
(Foto: archivo/QUÉ Digital)

En una maniobra insólita y sin precedentes, el Ejecutivo a cargo de Carlos Arroyo realizó este lunes una presentación legal ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires contra el Concejo Deliberante para defender la eliminación de las bonificaciones especiales docentes, medida restituida este mes por la mayoría de los concejales luego de que el intendente intentara disolver por decreto y también con un veto.

Jamás ocurrió en la historia de Mar del Plata que un intendente con mayoría oficialista en el Concejo judicializara una disputa política con el Poder Legislativo. La decisión en la que avanzó este lunes el gobierno busca exponer un supuesto “conflicto de poderes” a partir de la disputa por las bonificaciones especiales que cobran los maestros del ámbito municipal desde fines de la década del ’80.

La presentación la realizó este mismo lunes el Ejecutivo local ante la Suprema Corte, pero hasta el momento -según pudo saber QUÉ Digital- el Concejo Deliberante no fue notificado. Un dato a resaltar y para nada menor es que el presidente del Cuerpo es Guillermo Sáenz Saralegui, “amigo” y excompañero de banca del intendente Arroyo. Y que además, Cambiemos es mayoría en el recinto. Pese a estos datos la maniobra sorteó esta vez el diálogo y fue a través de la Justicia.

La pelea por este tema comenzó hace meses, cuando Arroyo firmó un decreto a través del cual eliminó las bonificaciones especiales. La medida no solo generó malestar entre los docentes y el Sindicato de Trabajadores Municipales, sino que además promovió protestas, medidas de fuerza y escraches.

El 15 de noviembre el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza por medio de la cual los concejales decidieron formalizar la bonificación especial que reciben los docentes y que el Ejecutivo recortó semanas antes por decreto. Arroyo vetó esa ordenanza.

“Esta ordenanza crea un incremento del gasto que colisiona con el cumplimiento de la responsabilidad fiscal”, fue uno de los argumentos de Arroyo y otro se basó en que “liquidar tanto por error, por norma o por interpretaciones varias horas no trabajadas como si lo fueran, implicaría un perjuicio al interés general”.

En dicha ordenanza el Concejo había fijado que “en ningún caso el sueldo del maestro de grado, sección  y/o especial podrá ser inferior al Nivel 12 del Escalafón Municipal con 35 horas semanales  y jornada de 4 horas y media equivalente  a  jornada de 7 horas diarias  del resto del personal municipal de la diferencia entre el sueldo y bonificaciones asignadas por la Provincia de Buenos Aires”, contrario a lo dispuesto por el decreto que inicialmente había confeccionado el gobierno.

Tras el decreto y el veto, el 4 de diciembre los secretarios de Hacienda y Educación, Hernán Mourelle y Luis Distéfano, fueron seis horas al Concejo Deliberante a defender el recorte a los maestros, en un recinto colmado de municipales y en una sesión atravesada por chicanas políticas. Los funcionarios fueron interpelados y varios docentes y también concejales les pidieron la renuncia.

El revés fue duro. Todos los concejales votaron y por mayoría (17 votos positivos y 7 negativos), ya sin Mourelle y Distéfano en el recinto -se fueron antes anticipando la votación desfavorable para la postura del Ejecutivo- el Concejo Deliberante defendió y restituyó la bonificación especial docente que Carlos Arroyo intentó eliminar primero por decreto y luego con un veto.

Enojado por perder la pulseada, el secretario de Hacienda salió de la sesión diciendo que ésta había sido “nula” e “ilegal” y que los concejales actuaron “antirreglamentariamente” y “en contra de los vecinos”.

En una sesión histórica, donde dos de los principales funcionarios del gabinete de Cambiemos fueron interpelados, la mayoría de los concejales (oficialistas y opositores) entendió que el recorte no debió hacerse. Sin embargo, el Ejecutivo sacó de Mar del Plata al problema y ahora lo judicializó ante la Suprema Corte con una presentación en contra del Concejo Deliberante sin precedentes en la historia de la Municipalidad de General Pueyrredon.

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