La Defensoría del Pueblo reitera pedidos de soluciones para tomadores de créditos UVA
Desde el organismo local plantearon que es necesaria una “solución definitiva” por parte del Banco Central, acompañada de un cambio en la fórmula.
A través de un expediente iniciado en el Concejo Deliberante, la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon reiteró sus pedidos al Banco Central para que lleve adelante una “solución definitiva” para tomadores de créditos UVA ante el agravamiento de las deudas que mantienen con las entidades crediticias y la insuficiencia de los paliativos aportados por el Estado.
Los defensores Daniel Barragán, Fernando Rizzi y Luis Salomón presentaron un expediente a través del cual piden que el Concejo se expida e inste al Banco Central, como autoridad de aplicación en la búsqueda de soluciones para los tomadores de créditos, a realizar una modificación en la fórmula de actualización de los polémicos créditos lanzados en la gestión anterior.
Desde la Defensoría volvieron a hacerse eco de los reclamos de las y los tomadores de créditos, y sostienen que es necesaria una fórmula que “conserve la relación entre las cuotas, el capital y la capacidad de pago de los usuarios” y, de esa manera, que el sistema sea “sustentable”.
De la misma manera, plantearon la necesidad de que se establezca “un límite” al monto del capital adeudado ya que, sostienen, hay casos en los que “se está duplicando y hasta triplicando” el capital original.
Los créditos UVA fueron una modalidad crediticia lanzada por el gobierno de Mauricio Macri en 2016 con el objetivo de permitir el acceso a bienes bajo la modalidad de actualización UVA (Unidad de Valor Adquisitivo), la cual se inicia con una baja tasa de interés pero con un capital ajustable a la inflación.
“Al momento de la creación de estos créditos, el país tenía en promedio una inflación del 24% anual, y esta herramienta era la única forma de acceder a una vivienda única y permanente”, explicaron desde el organismo. La situación, en consecuencia, se agudizó ante la crisis desatada en 2018 por el aumento exponencial del Índice de Precios al Consumidor (IPC) empujado por la crisis cambiaria, lo cual impactó directamente en el cálculo del capital invertido y, también, en la capacidad de pago.
En consecuencia, quedó expuesto cómo la fórmula de actualización es independiente de la variación de los salarios y la pérdida de poder adquisitivo que deriva de la inflación: “Los tomadores afrontan cuotas más altas que implican un fuerte impacto en sus ingresos, deben cada vez más capital y por un plazo mayor“, apuntaron desde la Defensoría.
Uno de los reclamos realizados a la gestión de Mauricio Macri. (Foto: archivo / Qué digital)
Frente a ello, reiteraron sus pedidos al Banco Central, entidad involucrada en la problemática a partir del rol que sumió con la Ley de Emergencia 27.541, con la que quedó a cargo de estudiar “mecanismos para mitigar” los efectos negativos generados por la política pública crediticia. Sobre todo, desde la Defensoría remarcaron el rol activo que tuvo el Estado desde la promoción y los incentivos para la toma de créditos.
Así, en sintonía con los colectivos de deudores -quienes incluso prefieren un regreso a fórmulas tradicionales de crédito-, desde la Defensoría reiteraron que los paliativos ensayados hasta el momento están “lejos de resolver el problema” y que incluso, la situación de los tomadores de crédito se agravó, “generándoles nuevas deudas y alargando la vigencia del préstamo”.
“Queda probado que tales préstamos, otorgados en su mayoría por 20 y 30 años de duración, no resultan sostenibles en el tiempo sin lesionar derechos de los deudores, motivo por el cual se impone encontrar una solución definitiva y sustentable“, sintetizaron.
