Montenegro denunció la cesión de tierras en El Marquesado: qué dice la presentación
El intendente impulsa una querella criminal contra dos funcionarios del gobierno nacional e integrantes del MTE. Pide el “inmediato reintegro del inmueble”.
Bajo los delitos de usurpación, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, el intendente Guillermo Montenegro formalizó este lunes la presentación de una denuncia ante la Justicia Federal por la cesión de tierras en El Marquesado por parte de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para la custodia y explotación agroecológica de alrededor de 140 hectáreas ubicadas en el kilómetro 553 de la Ruta 11. El jefe comunal planteó que el convenio firmado con el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) presenta argumentos “falsos” al “solo efecto de pretender justificar la ilegal entrega del inmueble”.
El impulso de la querella criminal, que pide “el inmediato reintegro del inmueble“, lleva la firma de Montenegro y apunta contra el presidente de la AABE, Eduardo Albanese; la directora Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, Gabriela Carpineti, que llegó este fin de semana a Mar del Plata y estuvo en el predio, y contra dos los de los integrantes del MTE, entre ellos el presidente de la Asociación Civil Tercer Tiempo, además de “todas aquellas personas que resulten responsables de los hechos que deberán ser investigados”.
En el escrito Montenegro acusa, de acuerdo a cada una de las personas, los delitos de usurpación, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos. La presentación fue realizada en la Justicia Federal de la Ciudad de Buenos Aires, al tener entre sus destinatarios a funcionarios nacionales, e ingresó a la oficina de sorteos a la espera de que se designe el juzgado que deberá tramitarla.
Puntualmente, el intendente apunta contra la validez del documento firmado por la AABE y el MTE el 16 de febrero. En él se formalizó la entrega del campo “en custodia provisoria a los efectos de su resguardo e integridad” por un plazo de seis meses con la posibilidad de prorrogarse por otros tres a la espera de avanzar en gestiones para el otorgamiento un “permiso de uso precario y gratuito”.
Montenegro considera que el funcionario nacional firmó el acuerdo “en un claro abuso de autoridad” y acusa que la cesión “se basa en la mera voluntad del representante de la AABE de entregar un inmenso inmueble a una asociación vinculada a los ‘amigos del poder’ persona jurídica esta que desde su inscripción en los organismos de control solo registra una observación al cierre de sus estados contables”. Así, también apunta contra la organización y la tilda como “una asociación de dudosa existencia regular“.
Además, plantea que a esa que considera una “arbitrariedad” se suman “fundamentos falaces en tanto son inexistentes”. Concretamente, sostiene que el predio “nunca corrió peligro de ser intrusado” y acusa que se busca “simular la entrega de tierras a título gratuito y sin otro objeto que su ocupación ilegal”.
En el mismo sentido, Montenegro plantea que no se justifica en los documentos oficiales el “riesgo de intrusión” planteado e incluso sostiene que la herramienta de entregar en “custodia de carácter excepcional” puede aplicar en “aquellas circunstancias en que exista un peligro cierto e inminente que pueda perturbar la integridad de los inmuebles del Estado nacional de los cuales resulte desaconsejable la espera de los procedimientos administrativos ordinarios“.
Y, como argumento, el intendente asegura que “también es falso que el inmueble no contara al momento de la emisión del acto con una custodia activa” ya que “fue constatada la existencia de un cuidador que fue ‘retirado’ del mismo por quienes se presentaron como legítimos tenendores”.
La presentación de Montenegro también presenta en algunos tramos un fuerte contenido político partidario ya que afirma que los funcionarios “para beneficiar a ‘sus amigos’ y atentar contra un distrito de un signo político contrario al suyo no dejaron una conducta sin tipificar”. Y dice que eso “no lo va a permitir ni como vecino de General Pueyrrredon ni como intendente municipal”.
Tal como publicó Qué digital, el convenio está firmado en favor de la Asociación Civil Tercer Tiempo, una escuela de fútbol y huerta comunitaria conformada por integrantes del MTE y está fundamentado en la “preocupación por los numerosos hechos de intrusión y toma de terrenos que se dan en la zona“, argumentando que con el desarrollo de esta iniciativa el predio tendrá una custodia además de una puesta en valor.
Actualmente desde la organización buscan realizar estudios del suelo para presentar un proyecto final con certezas sobre las unidades productivas a desarrollar en el lugar, con la proyección de que 100 familias sean las que se encarguen de trabajar los 1.396,983 metros cuadrados.
