Montenegro insistirá para avanzar con las fotomultas y el reconocimiento facial
Lo expresó en un mensaje publicado en sus redes sociales. Las dos iniciativas encuentran fuertes cuestionamientos en el Concejo Deliberante.
El intendente Guillermo Montenegro ratificó este martes que insistirá para lograr la aprobación de dos expedientes que encontraron fuentes críticas en el Concejo Deliberante: el nuevo sistema de fotomultas -cuyo tratamiento se encuentra frenado hace semanas- y el de reconocimiento facial a través de cámaras de seguridad, que espera en comisiones respuestas a pedidos de informes respecto a cómo y quién utilizará los datos biométricos, entre otros puntos.
A través de una publicación en sus redes sociales, Montenegro hizo mención a dos iniciativas impulsadas desde su gobierno que no han encontrado respaldo en buena parte de la oposición y que por eso su aprobación y avance se encuentra detenido o en duda en el Concejo Deliberante.
El mensaje llegó de la mano de una serie de publicaciones que empiezan haciendo mención a la actividad del tránsito en la ciudad. “Sabemos que en Mar del Plata se maneja mal. Todos los días vemos situaciones como conducir a velocidades excesivas, cruzar con el semáforo en rojo, estacionar en doble fila o lugares indebidos, o incluso usar el celular al manejar”, sostuvo Montenegro.
Y dijo que en los últimos meses desde su gobierno se reforzaron operativos . “Las estadísticas muestran una mejora, pero necesitamos más herramientas para controlar, ordenar la circulación y combatir este problema”, expresó y así introdujo: “Queremos incorporar tecnología para tener una ciudad moderna, ordenada y segura”.
De esta manera, destacó la implementación de una primera parte del denominado “anillo digital” para detectar a través de la lectura de las patentes vehículos con pedido de secuestro. Y anticipó: “Ahora buscamos sumar las fotomultas, una herramienta que funciona en todo el mundo, al igual que el reconocimiento facial que permite detener prófugos, o la aplicación para denunciar estacionamiento indebido o microbasurales”.
Se trata, concretamente, de tres iniciativas que aún esperan avances en el Concejo Deliberante, dos de ellas con fuertes críticas opositoras.
FOTOMULTAS Y RECONOCIMIENTO FACIAL EN EL CONCEJO
La principal es la del sistema de fotomultas. El convenio firmado entre el gobierno municipal y la Universidad Nacional de San Martín fue presentado en diciembre al Concejo Deliberante y llegó a avanzar en dos comisiones: primero en la de Seguridad -a partir de un cambio de voto del concejal Nicolás Lauría- y después en la de Movilidad Urbana aunque allí se conoció la postura de Acción Marplatense de votar en contra.
De esta manera, el panorama cambió para el gobierno ya que en la comisión de Legislación el interbloque de Juntos por el Cambio cuenta con cuatro integrantes, cuatro son del Frente de Todos y uno es de Acción Marplatense. En ese contexto, allí quedó frenado el expediente y desde fines de marzo no tuvo tratamiento ante la falta de votos del gobierno para que pueda avanzar. El principal cuestionamiento de AM pasa porque se trata de un convenio directo con una universidad, con una empresa en el medio, y no un proceso de licitación pública.
La otra iniciativa que encuentra cuestionamientos en el Concejo es la de incorporar un sistema de reconocimiento facial teniendo en cuenta que comenzó a tratarse casi en paralelo al freno impuesto por el Poder Judicial al sistema en Capital Federal ante la sospecha de un uso ilegal de los datos biométricos de las personas analizadas a través del reconocimiento.
La tecnología, según señalaron desde el gobierno al momento de su presentación, apunta a la “detección de prófugos buscados por la Justicia”, pero también en cuestiones estrictamente policiales como “identificación de patrones predefinidos orientados a prevenir acciones relacionadas con un posible hecho delictivo”.
El primer tratamiento del expediente se produjo en la comisión de Seguridad, y ahora tiene pendiente su paso por otra dos: Legislación y Hacienda. Para eso se esperan respuestas de pedidos de informes elevados a las áreas municipales de Seguridad, Legal y Técnica y Hacienda para conocer quién va a recibir y retener la información (el Centro de Monitoreo o una empresa privada), si estarán protegidos los derechos humanos y la privacidad, cuál es la empresa de software que se utilizará y a qué se refiere el expediente con “comportamiento dinámico”.
Más allá de las sospechas y las investigaciones judiciales impulsadas en Capital Federal por organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en torno al uso de datos, entidades internacionales como Amnistía Internacional -porque se usa pero también está en discusión en otros países- y otras locales como el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), coinciden en que más allá del uso judicial, el sistema “conduce a actos discriminatorios” y que se comprometen “derechos fundamentales” de la ciudadanía.
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