Potenciar Trabajo: el gobierno nacional dispone por decreto no otorgar nuevas altas
La medida formalizada este viernes se contrapone con uno de los reclamos que sostienen hace meses organizaciones sociales.
El gobierno nacional dispuso a través de un decreto una medida que ya venía siendo denunciada y rechazada por organizaciones sociales no alineadas: no otorgar a nuevas altas en el programa social “Potenciar Trabajo” como parte del proceso de ajuste emprendido para cumplir con los requerimientos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El argumento oficial de la medida es “redistribuir las bajas en políticas concretas de apoyo, mediante herramientas que amplíen las capacidades productivas”.
Un reclamo reiterado en las calles de Mar del Plata y de distintas ciudades del país ante diversas protestas de organizaciones sociales que no forman parte del Frente de Todos llevadas adelante en los últimos meses tuvo que ver con la insistencia al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación de ampliar y permitir nuevos ingresos del programa Potenciar Trabajo, aunque sea ante casos en los que se producen bajas.
Sin embargo, este viernes el gobierno nacional anunció una medida justamente contrapuesta: por medio de un decreto firmado por el propio presidente Alberto Fernández dispuso de manera formal que “no podrá ampliarse el número de titulares” del Programa nacional de Inclusión Socio-productiva y Desarrollo Social Potenciar Trabajo, Potenciar Inclusión joven, Nexo y Plus Esencial.
El Potenciar Trabajo surgió a partir de la unificación de los programas “Hacemos futuro” y “Salario Social Complementario” y a través de él las personas titulares del beneficio pueden optar por cumplir como contraprestación su participación en proyectos socioproductivos, laborales o comunitarios y terminar sus estudios. Actualmente, el programa consta del 50% del salario mínimo, es decir, las personas beneficiarias perciben como contraprestación $28.950.
En el decreto, publicado este viernes en el Boletín Oficial, se sostiene que “el ahorro que eventualmente se produzca será destinado a las unidades de gestión productiva, exclusivamente para la adquisición de bienes de capital, ello en el marco de la normativa que rige los programas que prevén transferencias para dichos fines y de la que dicte la autoridad competente para su debida implementación”.
La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, respaldó la medida y buscó anticiparse a las criticas y cuestionamientos: “Lo que buscamos no es ahorrar partidas presupuestarias, sino redistribuir las bajas en políticas concretas de apoyo, mediante herramientas que amplíen las capacidades productivas de esa enorme cantidad de hombres y mujeres que necesitan el Potenciar Trabajo, pero mucho más necesitan el acompañamiento del Estado para entrar en un sendero de producción de bienes y servicios”.
Una protesta meses atrás en la sede local de Desarrollo Social de Nación (Foto: archivo / Qué digital)
A la hora de comunicar la medida, el gobierno nacional sostuvo que busca “profundizar el proceso iniciado con la creación del programa Puente al Empleo para transformar a los programas sociales en trabajo registrado”, del que por el momento no se conocen mayores resultados. “Puente de empleo”, es una medida anunciada por el ministro de Economía, Sergio Massa, hace unos pocos meses pero que el Frente de Todos ya anticipaba que iba a llevar adelante a través de sus distintos referentes, tal como sucedió con la “auditoría” de las plazas de Potenciar Trabajo y como parte del esquema de ajuste implementado tras el acuerdo con el FMI.
La medida apunta principalmente a “transformar” los planes sociales en empleo formal en el sector privado. ¿Cómo? Según el gobierno, a través de una transferencia indirecta de ingresos al sector privado: aquel empleador que ocupe a una persona que perciba un plan social, además de pagar el sueldo restante contará con reducciones durante doce meses del 100% de las contribuciones patronales que debería pagar.
Tolosa Paz dijo que la no incorporación de nuevos beneficiarios al programa Potenciar Trabajo “se dio en un marco de acuerdo con los movimientos sociales”, aunque no se detalló a cuáles se hacía referencia y se entiende que son aquellos alineados con el gobierno y que tienen a sus referentes como funcionarios en distintas carteras nacionales.
El decreto, por otro lado, instruye a los ministerios de Economía, Desarrollo Social y Trabajo a designar a integrantes para el Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario creado por la Ley 27.345 de Emergencia Pública que también integrarán las organizaciones inscriptas en el “Registro de Asociaciones de Trabajadores de la Economía Popular y de Subsistencia Básica” bajo el objetivo de “poder dialogar en un marco de institucionalidad sobre la agenda de la economía popular, cuáles son los ingresos, cuáles es la búsqueda del techo, tierra, trabajo y alimentación”.
En ese sentido, el decreta promueve el otorgamiento “en favor de las Cooperativas de Trabajo de la Economía Popular el 30% de la obra pública nacional con montos de hasta $ 300.000.000, bajo la modalidad de contratación que corresponda”.
