Prostitución: a dos meses de la ordenanza, desde la Provincia reiteran las críticas
La ministra de Mujeres y Diversidad Sexual, Estela Díaz, volvió a calificar la norma como “un retroceso enorme”. Se llevan labradas 172 actas de infracción.
Cuando desde la Municipalidad destacan el haber superado las 170 actas de infracción y mientras se cumplen dos meses de la ordenanza que busca regular la oferta y demanda de sexo en la vía pública en Mar del Plata, desde el gobierno provincial reiteraron las críticas a la gestión local por las políticas públicas en torno a la prostitución y volvieron a calificar la norma como un “enorme retroceso”.
En la previa del Congreso de Políticas contra las Violencias de Género que se realizará este jueves y viernes en Mar del Plata, y en sintonía con lo expresado por otras funcionarias del área como la marplatense Daniela Castro, la ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense, Estela Díaz, insistió en que la norma representa “un retroceso enorme” en la materia.
No sin resistencia de un grupo de trabajadoras, la ordenanza que establece la regulación de la prostitución en Mar del Plata entró en vigencia el 24 de septiembre, es decir, hace dos meses. En ella se habilita una zona -300 metros sobre la avenida 10 de Febrero entre Cacique Chuyantuya y Juan Cutay- para el desarrollo de la actividad en tanto que para quienes la incumplan se fijaron como sanciones multas con valores que oscilan entre los $181 mil y $909 mil o arrestos de 5 hasta 30 días. En ese sentido, los últimos datos oficiales indicaban que hasta el 17 de noviembre se labraron 172 actas de infracción que fueron derivadas a la Justicia de Faltas para su tratamiento.
En diálogo con “La Revolución de la Mañana”, de Radio de la Azotea, Díaz mencionó que actualmente hay una normativa “parecida” en discusión en La Plata donde se planteó la implementación de un “código convivencia” que incluye el establecimiento de medidas que “criminalizan y persiguen, que lo hacen de manera punitiva porque hablan de multas, pero cuando no se pagan las detienen”, expuso.
Además de calificar la Ordenanza 25.590 como “un retroceso enorme”, marcó la importancia de partir del reconocimiento de la problemática y abordar, en consecuencia, cómo “se convive” con los colectivos organizados del sector. Además, resaltó que “es una realidad histórica que no se puede tapar”. “No es lo punitivo esa respuesta“, definió.
Además de las multas que definió como “impagables”, la ministra habló -a partir de la norma- de la institucionalización de un recorrido de “punición, detenciones y arbitrariedad” detrás de esa medida.
Mientras se dirimen en la Justicia los amparos presentados (del Comité nacional de Lucha contra la Trata y de la Alameda) que buscan frenar la implementación de la ordenanza, cabe recordar que la propia directora provincial de Políticas de Diversidad Sexual, Daniela Castro, no había descartado meses atrás que el propio Estado fuera el que impulsara presentaciones judiciales.
Por otro lado, Díaz apuntó contra el intendente Guillermo Montenegro por el ritmo en el que se aplican las políticas en términos de género en el Municipio, fundamentalmente en aquellas que partes desde convenios y hasta financiamiento provincial: “Nos parece que la respuesta es mucho más lenta que lo necesario, se demoran en concretar los expedientes como el de ‘Comunidades sin violencias’, que el intendente lo tuvo meses sin firmar y eso es trasferencia de recursos de la provincia al municipio“, expuso.
