Prostitución: de la “solución” a la “criminalización”, la voz de los concejales
El oficialismo defendió la ordenanza que fija multas y arrestos en la regulación y la oposición la tildó de “demagógica” y aseguró que creará “una situación peor”.
“Al calabozo no volvemos nunca más”, escucharon las y los concejales de Vamos Juntos y del radicalismo cada vez que intervinieron en el debate para fundamentar el proyecto de ordenanza que terminó por aprobarse este viernes en el Concejo Deliberante y que regula el desarrollo de la prostitución de la vía publica en Mar del Plata. Es que el establecimiento de multas y arrestos como sanciones ante el incumplimiento de los lugares que se delimitarán para realizar la actividad generó fuerte resistencia no sólo entre organizaciones y activistas LGBTIQ+ que se hicieron presentes en el recinto sino también en los bloques opositores.
Así, desde el Frente de Todos calificaron la iniciativa como “criminalizadora” y desde Acción Marplatense como “demagógica” y ambos bloques coincidieron en cuál será el resultado: “no va solucionar nada” y “la situación va a ser peor”. También entendieron en conjunto que la ordenanza responde sólo a la “construcción de un discurso electoral”.
A la sesión de este viernes el Concejo Deliberante llegó en un marco de desprolijidad: es que el miércoles se llevó a cabo una triple reunión conjunta de comisiones ya que esa fue la alternativa que encontró el oficialismo para conseguir los votos necesarios para que su despacho de mayoría llegara a la sesión luego de haber intentado hacerlo en violación al reglamento interno.
Superada esa instancia, la sesión de este viernes tuvo un desarrollo inusual: no se realizaron las habituales cuestiones previas por demás extensas en la que cada bloque plantea diversos temas y rápidamente se comenzó a abordar el orden del día con los expedientes con despacho de comisión. Así, en tercer lugar se debatió el que establece la regulación de la prostitución con una particularidad: el debate no fue tan extenso como se podía prever teniendo en cuenta el año y medio transcurrido para llegar a esta instancia sino que pareció existir un acuerdo entre todos los bloques de que sólo hablara un representante por cada uno para terminar lo antes posible con la discusión y pasar a la votación.
Así, el primero en defender la iniciativa impulsada por el intendente Guillermo Montenegro fue el concejal oficialista de Vamos Juntos Agustín Neme: habló de “un antes y un después” a partir de la ordenanza propuesta para una “problemática de hace más de 20 años que padecen de manera directa vecinos de distintos barrios” y definió: “Para nosotros, para el intendente, esta situación necesita de una solución“. Y en otro tramo sostuvo: “Acá hay víctimas y las víctimas son los vecinos de estos barrios”.
“Al calabozo no volvemos nunca más”, el grito desde el sector del público ocupado por organizaciones y activistas LGBTIQ+, se reiteró a lo largo de buena parte de la exposición.
“Necesitamos una norma concreta y sostenida en el sentido común”, insistió Neme y defendió: “Se ha dicho que queremos criminalizar, y eso es absolutamente mentira porque hemos incorporados los programas que han surgido de la oposición aun sabiendo que desde la oposición no van a acompañar nuestro proyecto”. También consideró: “Si no tomamos una decisión como la que proponemos no vamos a solucionar ningún problema”.
A su turno, el concejal Nicolás Lauría -autor de la primera iniciativa hace un año y medio que propuso trasladar la “zona roja” y fue archivada rápidamente- justificó su acompañamiento a la iniciativa oficialista al afirmar que “la situación no da para más” y al entender que “busca seguridad y tranquilidad para todos los sectores”.
Desde Acción Marplatense, Horacio Taccone enfatizó no estar de acuerdo ni con las multas ni con los arrestos. Así, calificó la iniciativa como “demagógica y efectista” y dijo que “no le va a solucionar el problema a nadie”. “Creer que eso va a pasar es una ilusión”, retrucó y concluyó: “Me van a escuchar dentro de unos meses decir lo que no voy a querer decir: ‘Yo les dije, yo les avisé’, pero va a suceder. Dentro de unos meses la situación va a ser peor. Por querer quedar bien con una parte del electorado al que le caen bien estas medidas no vamos a solucionar nada”.
Sol de la Torre, por el Frente de Todos, remarcó en su intervención que “las compañeras que se ven obligadas a ejercer la prostitución para vivir también son vecinas” ya que consideró que en el Concejo “se habla de personas de primera, segunda y de cuarta”. “Hoy es un mal día”, definió, habló del “padecimiento estructural de la población travesti y trans” y cuestionó la ausencia de un diagnóstico oficial que dé cuenta, por ejemplo, cuántas personas se encuentran en situación de prostitución en las calles de Mar del Plata.
“La criminalización y la estigmatización es lo único que propuso el Ejecutivo”, acusó y denunció que la ordenanza finalmente aprobada “va en contra” de la modificación del código de contravención sancionada en 2018 y que derogó el artículo que sancionaba a las personas que ejercían la prostitución, de la “tendencia de la ley argentina” y de “todos los acuerdos internacionales que tiene el país”.
Finalmente, relató lo expresado momentos antes por una activista que se acercó a manifestarse al Concejo Deliberante en contra de la iniciativa. “Una compañera me decía que puede llegar a estar caminando por el centro y que con esta norma algún policía puede ‘considerar’ que está ofreciendo sexo en la vía pública y la puede llevar detenida”. Y cuestionó en torno al debate la “construcción de un discurso electoral” por parte del oficialismo.
La concejala radical Marianela Romero, a su turno, defendió los programas implementados por el gobierno municipal para la población travesti trans y también hizo foco en “los vecinos que no salen de su casa a partir de las 18” en los barrios en los que se ejerce la prostitución en la vía pública. “El gobierno viene dando respuesta al colectivo. Y esta es otra propuesta que brinda respuestas a vecinos que nadie escuchaba”, resumió. Asimismo, entendió que “más discursos y más mesas de diálogo no son la solución”.
QUÉ DICE LA ORDENANZA Y QUÉ ES LO QUE SIGUE
La ordenanza que terminó por aprobarse con doce votos positivos, once negativos y una ausencia crea el “Programa Zonas Seguras de protección integral a fin de promover medidas focalizadas para la prevención de la violencia y los delitos en las zonas del Partido de General Pueyrredon donde se ejerza la prostitución”.
Y establece que “la oferta y/o demanda de sexo en la vía pública sólo podrá llevarse a cabo en los lugares y horarios específicamente habilitados por el Departamento Ejecutivo Municipal”. Asimismo, repara en que la actividad “no podrá llevarse a cabo en lugares en los que hubiere vecinos frentistas con residencia domiciliaria” y determina “un plazo de 45 días corridos, a partir de la publicación de la presente, para la recepción de solicitudes o realización de reuniones para la determinación de los lugares y horarios”. Tras ese plazo, dispone, el gobierno municipal “los determinará sin más trámite”.
El punto de cuestionamiento por parte de la oposición se centró en el artículo cuatro que fija que “de verificarse la oferta y/o demanda de sexo en lugares u horarios no habilitados” se impondrán multas -de mil a cinco mil Unidades Fijas (al valor actual entre $123 mil y $617 mil)- y arrestos de 5 a 30 días.
Como autoridad de aplicación se fija a la Secretaría de Seguridad con “asistencia policial necesaria para la correcta ejecución” y establece que “corresponderá a su vez a la Subsecretaría de Derechos Humanos, como así también todas las áreas que el Departamento Ejecutivo estime pertinente, coadyuvar en lo que resulte necesario en el marco de sus funciones”.
El proyecto aprobado contiene como anexos, además, dos programas que habían sido impulsado por la oposición: el “Dispositivo de nocturnidad Farola” con el objetivo de asistir a quienes se encuentren en estado de vulnerabilidad en zonas donde se ejerza la prostitución y el “Programa Reparar” en busca de promover “políticas públicas integrales y focalizadas” para garantizar el acceso a derechos humanos de personas trans y con el objetivo de “resolver la vulneración y desigualdad estructural”.
