Prostitución: para Montenegro, la regulación “da más herramientas a la Policía”
El intendente celebró la aprobación de la ordenanza que como parte de la regulación prevé detenciones y multas a quienes ejerzan la prostitución fuera de lo establecido.
Guillermo Montenegro celebró la aprobación de la ordenanza impulsada junto con el interbloque oficialista que propone regular la prostitución en Mar del Plata y permitir en ese marco la aplicación de multas y detenciones, lo que generó puntos de conflicto entre concejales opositores y sectores de quienes la ejercen. “Le da más herramientas a la Justicia y a la Policía“, afirmó.
Este viernes se llevó a cabo una sesión ordinaria del Concejo Deliberante que, como parte de un tratamiento con idas y vueltas y cuestionamientos a nivel institucional, llevó a que se traten tres propuestas sobre la misma temática: la regulación de la oferta y demanda de sexo en la vía pública.
Finalmente, la que se impuso fue la oficialista, que incluye entre sus artículos medidas de prisión y multas a quienes la ejerzan por fuera de los sectores que se establecerán en el marco de la ordenanza aprobada.
Luego de la aprobación, que además de la concentración de sectores que se oponían en los alrededores del Municipio se montó un importante despliegue policial, el intendente se expresó a través de Twitter: “Hoy se aprobó nuestro proyecto que da respuesta a un problema que muchos vecinos de la ciudad tienen hace años: la presencia de la zona roja en la puerta de sus casas“.
En ese sentido, en sintonía con la perspectiva que siempre expresó el oficialismo, destacó el “cambio” que generará solo para los vecinos que se oponían a la actividad: “Desde el primer día pusimos sobre la mesa que esta situación no podía ocurrir, porque afecta su vida cotidiana y muchas otras consecuencias que no vamos a permitir que sufra ningún marplatense”.
En ese sentido, también defendió uno de los principales puntos de conflicto en torno a la regulación, es decir, la potencial criminalización que podrían sufrir quienes la ejerzan: “Esta propuesta le da más herramientas a la Justicia y la Policía para que puedan actuar. Mi responsabilidad es trabajar para mejorar la calidad de vida de todos los vecinos y que así entre todos podamos construir una ciudad más segura y ordenada”, reflejó.
La ordenanza que terminó por aprobarse con doce votos positivos, once negativos y una ausencia crea el “Programa Zonas Seguras de protección integral a fin de promover medidas focalizadas para la prevención de la violencia y los delitos en las zonas del Partido de General Pueyrredon donde se ejerza la prostitución”.
Y establece que “la oferta y/o demanda de sexo en la vía pública sólo podrá llevarse a cabo en los lugares y horarios específicamente habilitados por el Departamento Ejecutivo Municipal”. Asimismo, repara en que la actividad “no podrá llevarse a cabo en lugares en los que hubiere vecinos frentistas con residencia domiciliaria” y determina “un plazo de 45 días corridos, a partir de la publicación de la presente, para la recepción de solicitudes o realización de reuniones para la determinación de los lugares y horarios”. Tras ese plazo, dispone, el gobierno municipal “los determinará sin más trámite”.
El punto de cuestionamientos por parte de la oposición se centró en el artículo cuatro que fija que “de verificarse la oferta y/o demanda de sexo en lugares u horarios no habilitados” se impondrán multas -de mil a cinco mil Unidades Fijas (al valor actual entre $123 mil y $617 mil)- y arrestos de 5 a 30 días.
Como autoridad de aplicación se fija a la Secretaría de Seguridad con “asistencia policial necesaria para la correcta ejecución” y establece que “corresponderá a su vez a la Subsecretaría de Derechos Humanos, como así también todas las áreas que el Departamento Ejecutivo estime pertinente, coadyuvar en lo que resulte necesario en el marco de sus funciones”.
El proyecto aprobado contiene como anexos, además, dos programas que habían sido impulsado por la oposición: el “Dispositivo de nocturnidad Farola” con el objetivo de asistir a quienes se encuentren en estado de vulnerabilidad en zonas donde se ejerza la prostitución y el “Programa Reparar” en busca de promover “políticas públicas integrales y focalizadas” para garantizar el acceso a derechos humanos de personas trans y con el objetivo de “resolver la vulneración y desigualdad estructural”.
