Prostitución: siguen paralizados los proyectos del oficialismo y la oposición
El debate quedó estancado hace dos meses cuando en la comisión de Legislación se resolvió frenar el tratamiento para buscar consensos ante iniciativas contrapuestas.
A trece meses de iniciado en el Concejo Deliberante el tratamiento de distintos proyectos de ordenanza vinculados al abordaje de la prostitución en la vía pública en Mar del Plata, el debate quedó paralizado hace dos meses luego de que tanto oficialismo como oposición acordaran postergar en comisión un nuevo tratamiento hasta tanto se lleguen a algunos consensos en torno a las diversas propuestas que, con miradas contrapuestas, impulsan el oficialismo y la oposición.
Tres expedientes que a lo largo del tiempo acumularon modificaciones, agregados y acuerdos están pendientes de tratamiento en la comisión de Legislación desde el 7 de marzo, cuando se decidió posponer la discusión en busca de “consensos”, y hasta el momento no volvieron a ser analizados. Tampoco se encuentran en el orden del día de la nueva reunión de la comisión programada para este lunes.
El debate se inició en abril del año pasado con una iniciativa impulsada por el gobierno municipal, pero presentada por el entonces concejal oficialista Nicolás Lauría, que terminó rápidamente archivada en comisión ya que proponía un “traslado” de la denominada “zona roja” y fijaba a la zona de calle Canossa entre Hernandarias y Juan B. Justo como “espacio habilitado para la oferta y/o demanda de sexo en la vía pública”.
Después llegó el turno de una audiencia pública en la que diversas organizaciones, vecinos y referentes de entidades expusieron su mirada sobre la temática y tras ello -y con la salida de Lauría del oficialismo- el proyecto fue sacado del archivo en la comisión de Seguridad aunque con cambios a partir de un acuerdo entre el edil autor del expediente y el Frente de Todos.
Esas modificaciones concretamente, descartaron el “traslado” y, en cambio, apuntaron a la creación de un “programa de zonas seguras de protección integral” para “promover medidas focalizadas para la prevención de violencia y delito” y “garantizar una convivencia democrática y respetuosa de los distintos proyectos de vida siempre y cuando no representen un delito o contravención”. También previó que el Municipio acordara “con quienes ejercen la prostitución en la vía publica las condiciones que hagan al desarrollo de la actividad de forma segura para quienes habiten dichos espacios, el cual será sin frentistas”.
En paralelo a ese expediente, por las comisiones internas también avanzaron otros dos impulsados por el Frente de Todos en los cuales se crea el “Dispositivo de nocturnidad Farola”, que tiene como objetivo asistir a quienes se encuentren en estado de vulnerabilidad o situación de calle en zonas donde se ejerza la prostitución y otro que crea el “Programa Reparar” en busca de promover “políticas públicas integrales y focalizadas” para garantizar el acceso a derechos humanos de personas trans y con el objetivo de “resolver la vulneración y desigualdad estructural”.
Mientras esos tres expedientes avanzaban, a fines del año pasado el intendente Guillermo Montenegro elevó uno nuevo al Concejo para establecer una regulación concreta de la actividad: así fija que “la oferta y/o demanda de sexo en la vía pública sólo podrá llevarse a cabo en los lugares y horarios específicamente habilitados por el Departamento Ejecutivo” y que “no podrá llevarse a cabo en lugares en los que hubiere vecinos frentistas” además de establecer multas y sanciones para quienes incumplan la medida.
Ese proyecto fue sumado al que había alcanzado consenso entre Lauría y el Frente de Todos y en esas condiciones llegaron todos los expedientes el 7 de marzo pasado para ser tratados en la comisión de Legislación. Y fue allí donde quedó paralizado el debate, ante el acuerdo anunciado por las y los concejales del radicalismo y del Frente de Todos se iniciar una búsqueda de consensos para abordar la temática.
Es que uno de los puntos de mayor desacuerdo entre las fuerzas tiene que ver con la intención del proyecto de Montenegro de establecer sanciones para quienes no cumplan con la medida de delimitar zonas para el desarrollo de la prostitución a partir de multas de mil a cinco mil Unidades Fijas (90 pesos cada unidad) y hasta arresto de 5 a 30 días.
